Opinión
El gremio agrícola de la Provincia de Petorca hizo una serie de gestiones y lobby con servicios públicos, medios nacionales e internacionales, así como una gira por Europa para “limpiar su imagen”. Comenzaron recurriendo a instancias gremiales, como la Asociación de Exportadores de frutas (ASOEX) y el Comité Palta Hass Chile, lograron sentarse con diferentes entidades de gobierno, como la Dirección General de Aguas ProChile, luego se fueron a Europa a «limpiar su imagen». Pero a pesar de sus esfuerzos, los hechos puestos sobre la mesa durante los últimos años corroboran la responsabilidad inequívoca de los grandes productores de paltas de la zona en la privación de agua a las comunidades.
El día lunes 25 de junio, la Revista Del Campo de El Mercurio publicó una nota denominada “Contraataque paltero”. Con este bélico titular se daba cuenta de una delegación de productores exportadores de palta, particularmente de la provincia de Petorca, que acompañados por el presidente de la Asociación de Exportadores de fruta (ASOEX), Ronald Bown, iniciaban una serie de acciones para contrarrestar lo que múltiples reportajes de Dinamarca, Alemania, Francia e Inglaterra habían relatado sobre la producción de paltas en la zona: una producción asociada al robo y la violación del derecho humano al agua.
¿En qué consistió este denominado contraataque? Pues bien, el gremio de grandes productores agrícolas de la provincia de Petorca hizo una serie de gestiones y lobby con servicios públicos, medios nacionales e internacionales, así como una gira por Europa para “limpiar su imagen”.
Primero comenzaron recurriendo a instancias gremiales, como la Asociación de Exportadores de frutas (ASOEX) y el Comité Palta Hass Chile, organización en la que uno de sus directores, es un exportador de paltas que ha sido acusado de usurpar agua en la comuna de Cabildo. Posteriormente, hicieron un par de llamadas y lograron sentarse con diferentes entidades de gobierno, entre ellos, la Dirección General de Aguas, ProChile, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, organismos que -según propias declaraciones- les habrían entregado antecedentes para refutar los reportajes de los medios europeos.
Luego, agarraron sus maletas y dijeron: “Nos vamos a Europa”. Allí se reunieron con supermercadistas que amenazaron dejar de importar paltas provenientes de Petorca por estar asociadas a la usurpación del agua, y con los medios de prensa que realizaron los reportajes sobre dicho asunto. Lamentablemente para ellos, no recibieron respuestas favorables de la prensa, dado que -como en todo medio de comunicación serio- la investigación que dio pie a los reportajes tenía estándares rigurosos que transformaban las pruebas en hechos irrefutables.
[cita tipo=»destaque»]¿Acaso el señor Bown ha tomado en cuenta estos antecedentes para preguntarse quién daña al país? Lo invitamos a elevar la discusión y poner la preocupación no solo en las ganancias que genera este negocio, sino en la dimensión ética de la producción agrícola y del derecho humano al agua.[/cita]
Con todo, al regresar del viaje con las manos vacías, han realizado una serie de declaraciones en distintos medios de prensa, señalando que la producción local y las exportaciones de palta se verán seriamente afectadas por los “infundados” reportajes, responsabilizando a las organizaciones sociales que desde hace años hemos denunciado las injusticias, las desigualdades, la negligencia del Estado y el robo de agua de grandes empresas agrícolas en la zona. Es más, el sábado 7 de julio en CNN Chile, el presidente de los exportadores de Chile, Ronald Bown, temerariamente y sin tino alguno ha tildado de “antipaís” a las organizaciones que defienden el derecho humano al agua, intentando instalar la idea de que las y los ciudadanos que nos movilizamos y denunciamos ese robo debemos ser considerados fuera de la ley.
Revisemos algunos antecedentes que hemos puesto en la mesa durante los últimos años, que corroboran la responsabilidad inequívoca de los grandes empresarios productores de palta de la Provincia de Petorca en la privación de agua a las comunidades.
El río Petorca fue declarado en restricción el año 1997 (Res. DGA 216), lo que en la práctica significa que después de eso no se podían constituir nuevos derechos de agua, puesto que el consumo de la misma excedía la disponibilidad del acuífero. Sin embargo, estando plenamente vigente la restricción, la oficina de la V Región de la Dirección General de Aguas continuó entregando derechos de agua, equivalentes a 3.730 litros por segundo hasta el año 2016.
Del mismo modo, el río Ligua entró en restricción el año 2004 (Res. DGA 204) y también se continuó entregando derechos de agua por un caudal de 4.540 litros por segundo hasta el 2016. Es decir, el Estado y en particular la Dirección General de Aguas -dependiente del Ministerio de Obras Públicas- tiene una alta responsabilidad al haber entregado más derechos de aguas que los que realmente había disponible en los acuíferos Petorca y La Ligua.
El robo o usurpación de agua por parte de las grandes empresas agrícolas en la zona ha existido desde hace años. En abril de 2011 concurrimos con más de 400 campesinos de la provincia a un debate en la Cámara de Diputados sobre la reforma al Código de Aguas y, gracias a la presión que ejercimos acordes a los antecedentes en nuestro poder, se conformó una comisión investigadora para las extracciones ilegales de agua y áridos en los ríos del país. Concurrimos en dos ocasiones a prestar testimonio respecto de los antecedentes entregados el 25 de noviembre, cuando dicha instancia parlamentaria -presidida por la PPD, Adriana Muñoz- visitó la zona de Petorca, confirmando in situ las impropias prácticas de usurpación.
Ese mismo 2011, la Dirección General de Aguas mandató a la empresa Geosensing Ltda. para llevar adelante un trabajo titulado “Informe de identificación de aguas subterráneas y estructuras de derivación de aguas en la zona La Ligua- Petorca, mediante técnicas de teledetección aeroespacial”, que detectó la existencia de 65 drenes y 456 pozos.
El año 2013, la Universidad Diego Portales -en su informe anual de Derechos Humanos- destinó un capítulo especial (n° 7) a la situación del agua en Petorca y, en particular, relevó la violación de este derecho. Asimismo, a fines de ese año, el Instituto Nacional de Derechos Humanos también incluyó en su informe anual un capítulo sobre el derecho humano al agua, señalando a la provincia como un caso emblemático de violación de este derecho.
El 2014 nos reunimos con la entonces directora del INDH, Lorena Fries, a quien le solicitamos que la institución realizara una misión de observación, la que se llevó a cabo entre julio y octubre de ese año, y el informe que se elaboró de eso señaló que la privación de agua hacia las comunidades se encontraba directamente relacionada con la industria extractiva agroexportadora (http://www.anin.cl/nota/67/3867/informe-indh-falta-agua-petorca-no-s%C3%B3lo-causa-sequ%C3%ADa-sino-sobre-explotaci%C3%B3n-empresarial).
Recientemente, en junio, el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, y más de 20 ministros de fe realizaron una fiscalización en la caja de los ríos de la zona, confirmando la extracción irregular de aguas (fuente: el mercurio de Valparaíso, 20 de junio del 2018). Y semanas después, el 5 de julio, el INDH de la V Región realizó una nueva misión de observación, confirmando nuevamente la usurpación de aguas.
Cuatro días después, la Dirección General de Aguas señaló que de 53 pozos fiscalizados en la provincia existen 27 con “presuntas irregularidades” y agregó que, de confirmarse la extracción ilegal de aguas, los responsables arriesgan multas de hasta 1.000 UTM.
Los reportajes de Weltspiegel, Danwatch y The Guardian reflejan y confirman lo que por años venimos denunciando: la sobreexplotación y el robo de agua en la provincia de Petorca están extensamente evidenciados e íntimamente vinculados a un grupo particular de grandes productores de paltas, siendo ellos la cara visible de la impunidad en los ríos.
¿Acaso el señor Bown ha tomado en cuenta estos antecedentes para preguntarse quién daña al país? Lo invitamos a elevar la discusión y poner la preocupación no solo en las ganancias que genera este negocio, sino en la dimensión ética de la producción agrícola y del derecho humano al agua.
