Señor Director:
Para entender el fracaso de las administradoras de fondos previsionales (AFP), hay que entender la historia de la Seguridad Social. En 1932 el presidente de los Estados Unidos FDR (Franklin Delano Roosevelt) ofreció al pueblo norteamericano un “Nuevo Pacto” (New Deal), en base al cual fue elegido presidente. ¿Por qué este pacto y en qué consistía?
La depresión de los años 30, producida por el descalabro de la Bolsa de Valores de Nueva York, que afectó como un efecto dominó las demás Bolsas de Valores del mundo, redujo la capacidad de ahorro de los norteamericanos casi a cero y la capacidad de inversión de las empresas norteamericanas que no quebraron, a su mínima expresión.
Éste mismo proceso de caída de los precios de los valores y su más inmediata secuela, la depresión económica, se propagó por todas las economías de tipo capitalista en el mundo, especialmente las economías latinoamericanas que ya habían desarrollado una fuerte dependencia de los EE. UU. Es así como la oferta de capitales de inversión no alcanzó a cubrir las demandas internas de capitales en los países más desarrollados y, mucho menos, el deseo o la capacidad de invertir esos capitales fuera de la economía interna.
El New Deal de FDR consistió en pedirles a todos los trabajadores del país que aceptaran pagar un impuesto sobre sus ingresos que serviría para que el gobierno de los Estados Unidos pudiera acceder a una fuente de ahorro masivo y permanente a largo plazo que le diera la capacidad de invertir en grandes proyectos, los que al mismo tiempo generarían una mayor capacidad de ahorro puesto que traían de vuelta al trabajo a millones de norteamericanos desempleados. Como contrapartida, los trabajadores obtenían el compromiso del gobierno de darles una pensión de retiro cuando llegaran a cierta edad, cuando sufrieran invalidez o para sus deudos cuando ya no estuvieran.
Esta solución, no sólo brillante desde el punto de vista económico, sino que sensible y solidaria desde el punto de vista humano y social, dio como resultado una rápida reactivación de la economía y la oportunidad para los Estados Unidos de crear varios proyectos nacionales que de otra manera no hubieran podido lograr. Como la electrificación del país, la industrialización del agro y la construcción de una moderna red de caminos y carreteras que unieron a todo el país.
Por cierto que no todas las consecuencias fueron positivas. Por ejemplo, se crearon las bases de la omnipresente industria de la guerra, a consecuencia de la carrera armamentista en Eurasia, donde la demanda de todo tipo de armas y municiones se hizo desenfrenada, demanda que los industriales estadounidenses cubrieron de manera entusiasta y eficiente.
Chile, junto a Argentina, México y Cuba, con un porcentaje importante de trabajadores industriales, copió parcialmente la solución norteamericana. Digo parcialmente porque incluyó un elemento de segregación social que el modelo estadounidense no tenía. Me refiero a la diferenciación entre Seguro Obrero, empleados públicos y empleados particulares. Aún así el resultado fue auspicioso. Surgieron de esta iniciativa caminos y carreteras, electrificación masiva, industrias importantes como la siderúrgica de Huachipato e instituciones clave como la CORFO, durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda.
Demás está decir que pronto los recursos del seguro obrero fueron a dar a las manos de la misma clase oligarca de siempre. Cuando la dictadura militar y sus economistas de Chicago se encontraron más bien aislados de los centros financieros de Europa y los Estados Unidos, más que nada por la crisis del petróleo de 1974, tuvieron la idea de repetir la experiencia de los años 30, sólo que esta vez incluyó no sólo a los obreros sino que a todos los trabajadores del país y, en lugar de pasar esos capitales a través de una institución gubernamental, los canalizaron directamente hacia los recientemente creados grandes consorcios financieros, con sobrenombres bastante expresivos como “pirañas” (¿o piñeras?), “tiburones”, y “cocodrilos”. El supuesto éxito económico del modelo ultra-capitalista de la dictadura se consolidó sobre las espaldas de los trabajadores, con la falsa promesa de una jubilación digna, que nunca llegó.
De paso destruyó el sistema social de salud del país, para privilegiar el sistema privado de salud de las élites económicas, desarmó el sistema de educación del país para entregarle los recursos y la orientación ideológica a las iglesias cristianas, centros de la más alta corrupción social y material que siguen sin ser ni supervisados, ni controlados. Mientras fueron los hijos del pueblo los abusados, “nadie dijo nada,/nadie dijo nada”. Cuando fueron los hijos de la oligarquía criolla, entonces todo cambió y nos dimos cuenta que los abusadores también venían de familias oligarcas.
Ahora, se nos viene un 4% más de un impuesto que se dice servirá para cumplir la promesa original y los “dueños” del país creen que tienen el derecho a poner sus manos sobre ese impuesto, para poder aumentar las rebajas en los impuestos de que han disfrutado constantemente en los últimos casi 50 años.
Señor director, la eliminación de las clases de historia, y en general la política cultural de este gobierno y los anteriores, tiene como objetivo que estas y otras muchas mentiras históricas queden fosilizadas en la mente de Chile, como si fueran ciertas.
Atentamente,
Jorge Salvo, Ph. D.
Carolina del Sur, EEUU
