Señor Director:
Es verdad que en Chile estamos avanzando en temas de inclusión, sin embargo aún queda mucho por hacer. Considero que uno de los temas más relevante y que no se ha mejorado en ningún gobierno de turno, es lo referente a las tarifas en el transporte público, las cuales a mi juicio son prohibitivas, tomando en cuenta que los ingresos económicos de las personas con discapacidad son bastantes bajos en comparación con la población general sin discapacidad. Si nos basamos en la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), la que asciende a un monto de $ 107.304 pesos y que reciben todas las personas con discapacidad entre 18 y 65 años que son declaradas “invalidas” y que no tienen derecho a una pensión en un régimen previsional o aquellas personas que no pueden acceder a un empleo remunerado. Aunque imaginemos por un momento que con la nueva ley de inclusión laboral, la ley 21.015, que las personas en situación de discapacidad pueden acceder a un trabajo pagado, sabemos que en la mayoría de los casos esta población en particular solo logran ingresar a puestos de trabajo de baja calificación que tienen como salario el sueldo mínimo que a la fecha es de $ 301.000 pesos chilenos aproximadamente. Detengámonos un segundo a pensar cuanto gastamos en trasladarnos en transporte público diariamente, ya sea metro o autobús. Sabemos que actualmente un pasaje cuesta $ 800 pesos, entonces ida y vuelta son $ 1.600 pesos diarios. Al mes son $ 48.000 pesos, casi la mitad de la pensión de invalidez y casi 1/5 del sueldo mínimo, y lo que es peor cuando la persona requiere moverse con un acompañante, este valor sube $ 96.000 pesos, o sea casi toda la pensión o en el mejor de los casos un 1/3 del sueldo. Luego de esta contextualización, mis palabras u opinión apuntan a lo siguiente: ¿Estamos considerando un transporte para TODOS, teniendo en cuenta las particularidades de cada población?, sabiendo que hay más de 2.000.000 de chilenos/as con discapacidad. Yo a título personal creo que actualmente las tarifas del transporte en Chile son un mecanismo más de exclusión para las personas en situación de discapacidad, ya que no se ha pensado en un sistema de tarifas preferente, similar al del adulto mayor o escolar. Acaso ¿no es el transporte de todos los chilenos/as? Creo que es deber de todos nosotros/as como país y principalmente de las autoridades competentes en esta área poner este tema en la agenda. Ya que las personas con discapacidad también nos movemos, y queremos que Chile sea un país con políticas sociales que abarquen estas temáticas, sólo así podremos avanzar hacia un modelo de sociedad más inclusiva.
Irma Fuenzalida,
Directora ejecutiva de la fundación Diversidad y Acción
