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Población penal y exclusión social

Población penal y exclusión social

por Marcelo Sánchez

11 de abril de 2019

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Señor Director:

Si miramos nuestra historia, observamos que no es novedad la precariedad de las condiciones en las que vive aquella población que está privada de libertad. El tema se hace visible -una vez más- gracias al 3er Estudio de Condiciones Carcelarias, elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
En efecto, es una realidad que golpea. Sin embargo, se han realizado algunas importantes mejoras en reducir hacinamiento y en segregación de población penal femenina, separando la población que cumple condena respecto a las imputadas. No obstante, evidentemente aún persisten graves condiciones de hacinamiento y violencia en la población penal masculina y en ambos grupos es bajo el acceso a beneficios intrapenitenciarios.

Las condiciones de exclusión que enfrenta la población penal, sin duda que están a la base de conductas problemáticas y, por consiguiente, del inicio de trayectorias delictuales.
El Estudio de Exclusión Social en personas privadas de libertad, impulsado por Fundación San Carlos de Maipo, en conjunto con Paz Ciudadana da cuenta del agravamiento de los niveles de exclusión y la baja efectividad y cobertura de los programas existentes.

Es necesario comprender que la Cárcel no es efectiva para la reinserción social. La Reinserción de personas privadas de Libertad requiere una mirada amplia de las causas y no sólo de los efectos de la delincuencia. Es determinante poner foco en reducir factores de exclusión como la deserción escolar, el consumo de drogas y la violencia en los barrios. El desistimiento delictivo es posible si intervenimos tempranamente estos factores. No sólo hablar, sino fortalecer el rol de la familia con programas efectivos y con evidencia que permitan mejorar los modelos parentales, junto con entregar oportunidades laborales y un ambiente que desarrolle conductas prosociales como las que se adquieren en el entorno escolar.

El verdadero foco de la política pública debe estar en la prevención temprana, perfeccionar la justicia juvenil con tribunales especializados de ejecución de penas y entregar oferta programática a los inimputables (menores de 14 años) para ir cerrando el flujo en su origen, a la vez que apoyando a sus familias con herramientas que hoy no están a su alcance.
Analizar este tipo de estudios, es una oportunidad para insistir en los objetivos de insertar en la sociedad a quienes rompieron con ella el vínculo que los alejó de su escuela y de sus familias, pero que sabemos que con una mirada distinta es posible volver a restaurar.

 Marcelo Sánchez, Gerente general de Fundación San Carlos de Maipo

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