Señor Director:
Mucho se ha discutido sobre el proyecto de ley que tipifica como delitos a los llamados “discursos de odio” por incitar a la violencia, en el que ahora se incluye el “negacionismo” sobre las violaciones a DDHH durante la dictadura de 1973-1990. Debemos partir reconociendo que la libertad de expresión en Chile ya se regula de varias maneras y en distintos niveles. Las “injurias y calumnias”, la “publicidad engañosa” y la “violencia psicológica” son algunas circunstancias de expresión definidas y reguladas por la ley. Las ordenanzas municipales contra el acoso callejero son otra muestra de esto. Todos estos ejemplos tienen una lógica basada en relaciones particulares entre personas o personas e instituciones, cuyo objetivo es reparar posibles afectaciones de intereses y derechos individuales. La “incitación a la violencia” sería una circunstancia de expresión más a esta lista. Sin embargo, considero que el “negacionismo” es una circunstancia de expresión distinta, pues no responde a una afectación de intereses o derechos de personas particulares. Más bien, responde a la consagración y el enforcement de valores democráticos que consideramos necesarios para preservar nuestra vida común y una idea mínima de nación. Es una medida comunitaria y republicana diferente de – aunque en buena parte compatible con – la cultura liberal dominante. Ahora bien, si estos valores deben defenderse necesariamente por la vía de la acción penal, persiguiendo así a cualquier ciudadano, es algo altamente cuestionable. Otros medios, como establecer nuevas exigencias en la ley electoral, crear códigos de ética, promover compromisos con la sociedad civil, retirar monumentos y homenajes a Pinochet y su obra, y en general medidas que apunten a grupos específicos de la esfera pública -representantes políticos, líderes gremiales, figuras televisivas- son formas menos invasivas de rechazar la práctica negacionista. De hecho, la ley de partidos políticos, en su art. 5° letra (d), exige que todo partido exprese en su declaración de principios el respeto y promoción de la democracia y los derechos humanos (por lo que cabría preguntarse si Renovación Nacional pretende activar algún proceso disciplinario contra la diputada Camila Flores), lo que representa un importante precedente en la materia. En fin, ante el auge “populista” y “neofascista” del que estamos siendo testigos, la sociedad democrática está legitimada para crear las defensas que estime conveniente con el fin de preservar un sentido mínimo de comunidad, siempre y cuando no se termine deformando en el proceso. No confundamos la neutralidad valórica del Estado con la indiferencia ante los horrores del pasado, sus episodios perfectamente podrían volver a repetirse y pensar lo contrario es asumir una superioridad generacional infundada e ingenua.
Ricardo Diaz Osses
