Opinión
Proponemos un acuerdo simple y al que todas y todos sin distinción política deberían sumarse: tenemos que eliminar toda desigualdad social que perjudique a un grupo y que no pueda ser razonablemente justificada. Este principio significa que el diseño de un nuevo sistema debe tener como condición que las pensiones de los hombres y las mujeres resulten ser iguales en promedio. Estamos convencidos de que el avance moral de las sociedades va acorralando ciertas desigualdades hasta hacerlas insostenibles. El mejor ejemplo de este avance moral es lo que hemos progresado como sociedad producto de la lucha y perspectiva feminista. Por ello, haremos todos nuestros esfuerzos para promover este acuerdo civilizatorio mínimo, para que nuestro sistema de pensiones se ponga a la altura de estos tiempos. Hay algunos a quienes nos interesa un Chile que haga concreta la dignidad.
La política es, en gran medida, una forma civilizada de confrontar intereses y visiones de mundo. En el debate público, sin embargo, esos intereses toman la forma de ideas, de principios que apelen al bien común. Así, cuando las personas de izquierda abogamos por cambios en las estructuras sociales, lo hacemos argumentando que el grueso de las desigualdades de ingreso, riqueza y poder, no son principalmente responsabilidad de las personas individualmente, sino que se explican por la forma en que la sociedad está organizada. Las personas de derecha, en cambio, justifican su agenda conservadora argumentando que la mayor parte de la desigualdad se debe al esfuerzo y al mérito individual.
De este modo, en los debates políticos se mezclan, a veces de forma indistinguible, los intereses que representa cada sector con argumentos que dicen promover el bien común. Por ello, cuando una desigualdad no puede defenderse sobre la base de la razón, de la validez de sus postulados, sus intereses quedan al desnudo.
Esto último es exactamente lo que sucede si uno trata de justificar que las mujeres en Chile tengan pensiones que son, en promedio, notablemente inferiores a las de los hombres. Nadie podría, basado en alguna evidencia, señalar que las mujeres se esfuerzan menos o son menos capaces. Si algo sucede, es lo contrario. Considerando el trabajo pagado y el trabajo doméstico y de cuidados , las mujeres trabajan más horas al día que los hombres, es decir, tienen menos tiempo libre. Esto es incluso cierto para las mujeres menores de 18 años, las cuales suelen asumir responsabilidades de cuidado de adultos mayores o de sus hermanos. Además, las mujeres tienen en promedio mejores notas en el colegio y en la universidad.
Por supuesto, estas diferencias de pensiones entre mujeres y hombres pueden ser explicadas. Las labores de cuidado generan “lagunas” laborales y, cuando trabajan remuneradamente, ellas son discriminadas en el mercado laboral, recibiendo por el mismo trabajo salarios más bajos. En un sistema como el nuestro, donde las pensiones son el reflejo del historial salarial, las mujeres terminan recibiendo una pensión menor, lo que seguiría siendo cierto si se igualara la edad de jubilación. Pero explicar no es lo mismo que justificar. Mientras todo tipo de desigualdad puede encontrar su explicación, solo algunas de ellas pueden ser justificadas en la ley.
Desde esta candidatura presidencial se propone un acuerdo simple y al que todas y todos sin distinción política deberían sumarse: tenemos que eliminar toda desigualdad social que perjudique a un grupo y que no pueda ser razonablemente justificada. En el debate previsional, este principio significa que el diseño de un nuevo sistema debe tener como condición que las pensiones de los hombres y las mujeres resulten ser iguales en promedio.
Cumplir con este principio de igualdad requiere cambios importantes. Nuestra propuesta de nuevo sistema previsional –cuyos pilares surgen de la propuesta del movimiento social No+AFP y se fundan en los principios de la seguridad social– es la que mejor se acerca a este ideal, pues, entre otras cosas, aumenta fuertemente el pilar no contributivo. Pero debe ser perfeccionada, por ejemplo, haciendo que la fórmula que determina las pensiones de acuerdo con los sueldos de los últimos años sea más favorable en el caso de las mujeres, corrigiendo totalmente las diferencias salariales promedio que hay entre hombres y mujeres.
Por otra parte, quienes quieran seguir defendiendo un sistema de capitalización individual, tienen que estar dispuestos a un cambio de paradigma aún más importante, entre otras medidas, igualando la cotización mensual entre las personas casadas o en unión civil, siendo igual a la contribución promedio de ambos. Por supuesto, la dimensión de género es solo una parte del debate previsional. Nosotros seguiremos peleando por construir un sistema público que saque el negocio de unos pocos con las pensiones (las AFP), por aumentar la solidaridad con más reparto y más impuestos, y también por que la inversión de los ahorros tenga una perspectiva ecológica, pro desarrollo y que fortalezca la fuerza negociadora de trabajadoras y trabajadores.
No vamos a estar de acuerdo en todo, pues la política no dejará de ser una contraposición de ideas e intereses. Pero estamos convencidos de que el avance moral de las sociedades va acorralando ciertas desigualdades hasta hacerlas insostenibles. El mejor ejemplo de este avance moral es lo que hemos progresado como sociedad producto de la lucha y perspectiva feminista. Por ello haremos todos nuestros esfuerzos para promover este acuerdo civilizatorio mínimo, para que nuestro sistema de pensiones se ponga a la altura de estos tiempos. Hay algunos a quienes nos interesa un Chile que haga concreta la dignidad.
