Opinión
*(Ver nota de la Redacción al final del texto)
En la Región de O’Higgins, la propia Contraloría no ha seguido la proactividad y sana severidad del contralor Bermúdez. En una denuncia formal le recordé al Gobierno Regional que, para el colega de la cooperación alemana Peter Eigen, fundador de Transparencia Internacional, la corrupción abarca no sólo las coimas y el tráfico de influencia, sino también las omisiones lesivas que en esta columna se detallan.
1.- MEGA BASURALES EN LOS RÍOS.
Como pasaré a referir, la abundancia y condiciones deplorables de los botaderos de basura de la región resultan dantescos, ello pese a que es atribución de los Gobiernos Regionales fiscalizar y vigilar el estado de los mismos. Lamentablemente, ni los intendentes del actual gobierno ni las municipalidades correspondientes, entre cuyas competencias también se encuentra el asegurar un medio ambiente digno a las personas, se han hecho cargo de la situación.
Para entrar de lleno en la materia, quisiera señalar que resulta urgente que se fiscalice la existencia de un botadero municipal en el sector La Isla junto a Río Claro, el cual se encuentra a metros del asentamiento de un campamento en desarrollo, produciéndose así la lamentable circunstancia de que niños deban vivir en vecindad con vectores graves de contaminación, como desafortunadamente lo pudimos comprobar, hace poco, en una visita que realizamos con dirigentes vecinales y deportivos del sector junto a la exseremi de Justicia, Joselyn Moyano. Del mismo modo, hemos presenciado zonas de la ribera sur del río Antivero de San Fernando convertidas en botadores clandestinos descontrolados.
La negligencia del MOP y la Municipalidad, por su parte, en el sector de Rancagua, resulta igual de grave. Durante mi período de alcalde, se hizo un Plan de Manejo del Río Cachapoal, en virtud del cual se prohibieron las grandes empresas de ripieros en la zona y, en 1995, se firmó con el Sindicato de Areneros un “Convenio para el Manejo Ordenado de Escombros”, gracias al cual se ha podido recuperar más de 100 hectáreas, las que se destinarán a un futuro megaparque para la ciudad. El citado Convenio es de duración indefinida, ya que en su último numeral se explicita que caducará por acuerdo del Comité Técnico, conformado por el Sindicato y los representantes de la Municipalidad, tanto de planificación, DIDECO, como Aseo y Ornato. Es más, en su cláusula séptima se señala que la Municipalidad se compromete a colocar garitas y alambres de acero para así evitar el ingreso nocturno de camiones con basura y contaminantes, como también nivelar con retroexcavadoras para que el terreno ganado al río se convierta en espacio público, en coherencia con defensas fluviales.
De este modo, tras un cuarto de siglo, se ha logrado tener un lugar aceptable para botar escombros, ganar espacio público y evitar un daño mayor al medio ambiente y los botaderos clandestinos en el espacio periurbano. Sin embargo, desde hace ya una década que la Municipalidad, manejada por la UDI, se ha negado sistemáticamente a colaborar con el Sindicato de Areneros ni ha implementado en la ciudad un sistema de contenedores grandes para la basura de gran escala, lo que ha redundado en que los terrenos aledaños al río se hayan vuelto el lugar de destino de esta última. Durante el día, los esforzados miembros del Sindicato cobran alrededor de dos a tres mil pesos por camioneta de escombros, se esfuerzan por reciclar el metal y dejar en zonas bajas los escombros que no son aceptados en el Relleno La Yesca. La falta de apoyo municipal −que sí lo hubo en los noventa, con personal municipal permanente− ha producido de manera esporádica incendios en los sitios de basurales. De manera adicional, y debido a la falta de control, numerosos privados han levantado incluso casas en lo que es terreno del bosque intercomunal. Urge por tanto que la Contraloría fiscalice las anteriores situaciones, para así obligar al Municipio a cumplir el Convenio y a coordinarse con el MOP, Bienes Nacionales y el MINVU que proyecta el parque, para apoyar la disposición de los escombros, retirar ocupadores de terrenos y dictar una ordenanza eficaz que permita tanto contar con una zona donde se recicle lo máximo posible como otra de chipeo y acumulación de podas para compostaje que sea la materia orgánica del futuro parque que se proyecta para el sector y la ciudad.
Otro basural dantesco es que el que se sitúa por el costado del Cerro Trocalán (Orocoipo), al oriente de los Siete Puentes y antes del relleno La Yesca, del cual resultan responsables −según la ley de Canalistas− el MOP, Gobierno Regional, SEREMI de Medio Ambiente, CODELCO (que es dueña del paño aledaño y por donde transitan sus camiones subcontratados para distintas obras), así como los Municipios de Machalí, Requinoa y Olivar, todos quienes no se han hecho cargo de controlar el referido basural, resultando en que hasta el día de hoy toneladas y toneladas den a parar ahí. Constatar la gravedad de dicha realidad y contrastarla con lo que han logrado hacer unos cuantos modestos areneros del sector Dintrans de Rancagua debiera ser una lección moral para estos actores públicos y empresariales poderosos.
2.- SAQUEO DE CERROS. (*) (Vea N de la R al final de la columna)
En enero de 2019, junto a Luis Castro, presidente de la APR de Quilicura, comuna de Las Cabras, denunciamos, a través de El Mostrador, cómo los palteros de la empresa Tralcán (José Luis Del Río, socios de Falabella) habían destruido gran parte del maravilloso bosque de boldos de El Chivato con retroexcavadoras. La diputada Alejandra Sepúlveda pidió investigar lo anterior al Congreso y al actual contralor general de la República, Jorge Bermúdez. Como consecuencia de lo cual se descubrió que lo mencionado no era sino la punta de un iceberg: cientos de permisos irregulares y acciones abusivas contra el medio ambiente por palteros y otros monoproductores (olivos, cerezas, viñas) fueron evidenciados en la zona central, a resultas de lo cual se ha dañado gravemente el bosque esclerófilo. Durante las lluvias de junio del 2020, visitamos el lugar y comprobamos la grave erosión y quedamos hundidos literalmente en el barro, ocasión en la cual fuimos además acosados por camioneta de Tralcán, la cual no permitió que un tractor nos sacara, siendo a continuación demandados por injurias por dicha empresa en juicio que se tramita ante el Tribunal de Peumo, no obstante la Corte Suprema ha respaldado el dictamen de Contraloría ante los reclamos de la poderosa e inescrupulosa Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).
El abuso continúa y urge que la Contraloría revise por qué Tralcan sigue con su plantación de paltos; por qué en el camino de Pichidegua a Santa Cruz existen viñas que de manera evidente están en pendientes altas destruyendo así el bosque esclerófilo; por qué existen plantaciones de olivos en las zonas altas de los cerros cercanos a San José de Marchigüe y La Estrella, de cuya presencia es responsable la mega empresa de propiedad de Swett; por qué ocurre otro tanto con los palteros y algunos viticultores de Lolol; y en último lugar por qué se puede constatar la misma situación con los cultivos de cerezos de propiedad de la empresa Garcés, en el sector de Puente Negro, al interior de San Fernando.
En todos estos casos es imperioso que la Contraloría investigue también si es que existe coherencia entre estos masivos monocultivos con sus derechos de agua y permisos otorgados por la Dirección General de Aguas (DGA) del MOP. En Mostazal, desapareció su preciado humedal urbano en los terrenos aledaños al estero Troncó y la comunidad ha denunciado tomas ilegales y falta de control de la DGA contra la empresa Garcés.
3.- CASINOS ILEGALES.
En el Congreso, nos correspondió encabezar la comisión que aprobó la construcción de dos a tres casinos regionales, ligados a inversión turística comprobada, a condición de que la mitad de los impuestos recaudados fuesen destinados a la comuna respectiva y la otra mitad a fortalecer los Gobiernos Regionales. Sin embargo, a vista y paciencia de la ciudadanía y Contraloría, en diversas municipalidades de la región, pero particularmente en la Municipalidad de Rancagua, proliferan casinos irregulares, comuna en donde el alcalde UDI Eduardo Soto no sólo toleró los casinos de juego ilegales que se pueden apreciar junto al edificio municipal y aquellos vinculados a la concejala Pamela Jadell, sino que hasta el día de hoy no se dictan ordenanzas ni se fiscaliza este comercio ilegal de supuestas “destrezas” que dicho sea de paso empobrece a la comunidad, no paga tributos territoriales relevantes y no aporta nada al turismo.
4.- MARKETING BANAL Y DEUDA MUNICIPAL.
Numerosos funcionarios que han solicitado se resguarde su identidad así como múltiples dirigentes vecinales que no desean ser perseguidos, nos han solicitado que exijamos a Contraloría la fiscalización del crecimiento injustificado de la deuda municipal, dentro de la cual resalta el gasto indebido en marketing y compra de espacios en radios y periódicos de los Municipios de Rancagua, Marchigüe, Peralillo, Rengo, Litueche y Santa Cruz. Lo anterior es grave y resulta lesivo para la salud de la democracia y sus instituciones, al cooptar el sistema de medios que debiese ser imparcial y comprometer la gestión de futuras autoridades.
*N de la R: Respecto a lo mencionado en el punto 2 de esta columna de opinión, este medio deja constancia que, de acuerdo a la información disponible y antecedentes públicos, la empresa Tralcán no tiene ninguna relación ni con José Luis del Río ni con Falabella.
En el mismo sentido, Nicolás Garrido Grove, abogado Agrícola Tralcán, señala que: «Es lamentable el abuso y uso irresponsable de palabras y conceptos que efectúa el ex diputado Valenzuela en su última columna, donde sugiere un delito de cohecho en el proceso de aprobación de un cultivo de paltos, sin ninguna evidencia al respecto. Ello, al señalar que el «permiso” -que en verdad se llama plan de manejo- sería corrupto. Pues bien, cabe solamente señalar que CONAF aprobó debidamente dicho Plan de Manejo en su oportunidad, por lo que la afirmación de Valenzuela incurre en un nuevo delito de calumnia que lamentamos mucho, además de buscar desprestigiar gratuitamente a una institución».
