Opinión
Uno de los grandes desafíos de la democracia es, sin lugar a dudas, disminuir el abstencionismo. La sola celebración de elecciones no basta, tampoco basta la garantía del pluralismo político y la libertad del elector de escoger libremente entre las ofertas electorales. Para cumplir con las expectativas que se han generado en torno a la democracia se requiere además, una alta concurrencia del soberano al acto electoral.
En el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo titulado “Diez años de Auditoría a la Democracia: Antes del Estallido” (2020), se analiza dentro del capítulo sobre el involucramiento político en Chile, la participación electoral y valoración del voto. El reporte sostiene que en paralelo al incremento de la proporción de personas que participan en acciones políticas en Chile, la participación electoral ha experimentado desde el retorno de la democracia una progresiva disminución. De hecho, la creciente abstención electoral constituye hoy un rasgo característico del sistema político chileno, que se agudizó a partir de la elección de 2012, fecha en que debutó la inscripción automática y el voto voluntario.
Y todo indica que se agudizará aun más.
El feroz avance del Covid-19 por el mundo ha alterado los esquemas de la gran mayoría de las actividades humanas, entre ellas el acto de ir a votar. La concentración de personas en las mesas escrutadoras, las filas de espera y el trayecto hacia los locales de votación, eleva el riesgo y el miedo al contagio, logrando finalmente que el ciudanano se inhiba de participar. La colición entre el derecho a la salud y el derecho de elegir y de ser elegido, es inminente. En consecuencia, si no logramos conciliar el ejercicio de ambos derechos humanos, correremos el serio riesgo que el resultado de los comicios carezcan de legitimidad.
Como parlamentaria me pregunto entonces ¿Cómo respondemos ante este desafío? Y no puedo pensar en otra respuesta que no sea la modernización del sistema electoral. Es imprescindible que como Estado nos abramos al debate de otras alternativas para ampliar las posibilidades de voto en tiempos de circunstancias díficiles y extraordinarias.
Por lo pronto, he impulsado dos reformas a la legislación electoral vigente. La primera, que se establezca el derecho de voto por correo postal y la segunda, el derecho del voto anticipado. En ambas mociones planteo que el Servicio Electoral pueda facilitar el voto ya sea por medio de carta certificada o por la constitución de mesas receptoras especiales en un periodo anterior al día de la jornada electoral. La idea es otorgar la posibilidad a personas que por distintas razones no puedan concurrir a votar el día de la elección, incluidas aquellas que están contagiadas por el coronavirus.
Tengo la profunda convicción que la modernización del sistema electoral no es para mañana, es para ahora. Todo el sistema estatal y las distintas organizaciones públicas deben estar abocadas a ampliar los procesos democráticos, mas no impedirlo. Es por ello que debemos utilizar todos los instrumentos posibles para conseguir que la mayoría de los ciudadanos ejerciten su legítima garantía constitucional de votar y atrevernos a adoptar métodos que cuentan con el respaldo de exitosas experiencias internacionales.
La modernización solo trae beneficios, pero se requiere de una voluntad política tranversal. Esto no es solo de un sector político. Todos aquellos quienes nos consideramos demócratas debemos hacer esfuerzos sinceros y reales por fortalecer la democracia y fortalecerla significa abrir todos los canales posibles, dejar los prejuicios y avanzar hacia una participación electoral más inclusiva.
