Opinión
El 9 de abril de 2018 el actual gobierno lanzó una nueva política migratoria. ¿Qué ha pasado en Chile estos últimos dos años? La consigna de “ordenar la casa” con que se lanzó, se basó en cuatro grandes líneas: realizar un proceso de regularización extraordinaria, presentar un proyecto de Ley de migraciones, expulsar a los extranjeros que no cumplan la ley chilena (defender la frontera “con machete” como señaló el presidente en una ocasión); implementar una nueva política de migración mediante decretos y modernizar el servicio que presta Extranjería.
Es bueno evaluar dichas acciones, más aún considerando que el Proyecto de Ley se encuentra en su fase final (ingresó a la Comisión de Derechos Humanos del Senado) y gran parte de sus principios ya se están aplicando. Sobre el proceso de regularización, el Director de Extranjería, Álvaro Bellolio, estimó ya con el proceso en marcha entre 300.000-350.000 las personas en situación irregular[1], pero se regularizaron 155.000[2]. ¿Se calculó mal o se hizo un mal trabajo? No hubo respuestas al respecto por parte de las autoridades. Recordemos además que tuvo que extenderse por tres meses más a lo planificado y que un gran porcentaje de las personas que se presentaron demoraron más de un año en obtener sus Visas. ¿Había que realizar un proceso de regularización? Si. ¿Obtenemos una buena evaluación de él? No. Se regularizaron la mitad de lo estimado y hubo personas que el Estado permitió que trabajaran informalmente por largos meses. ¿O acaso cree que alguien puede esperar tanto tiempo una Visa sin hacer nada?
El proyecto de Ley, en tanto, ya pasó por la Cámara de Diputados y en el Senado está terminando de revisarlo la comisión de Gobierno para pasar ahora a la de Derechos Humanos. El rol que juegue esta comisión va a ser fundamental al momento de ponderar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas frente a las medidas de control y orden que el gobierno busca perpetuar a través de esta normativa, que ya ha establecido por vía administrativa durante los dos últimos años. Este último tiempo en Chile ha estado en tensión el binomio orden-derechos humanos. Lo triste es que nunca debiera estarlo. Cuando yo enfatizo en cada momento lo de “ordenar la casa”, ¿no estoy descuidando la importancia de los derechos humanos?
Sobre las deportaciones, hay que partir de una premisa: ¿tiene el Estado el derecho a ella? Por supuesto. Eso no está en disputa. Lo que no tiene derecho es a no respetar la propia legislación migratoria y engañar a las personas[3]. Las expulsiones no pueden ser una meta en este sentido[4], sino que deben realizarse siempre y cuando se garantice el cumplimiento de la Ley. Varios han sido los recursos perdidos por el Ministerio del Interior debido a expulsiones que no contaron con el debido proceso.
En cuarto ámbito tenemos los decretos administrativos. Los visados consulares a personas de Haití y Venezuela han reducido los ingresos al país de personas de aquellos países, pero al mismo tiempo se han disparado los ingresos por pasos no habilitados: en la última década han ingresado 27 mil personas de manera irregular al país y la mitad de ellas ha ingresado sólo en los últimos dos años. Es decir el 50% de los ingresos por paso no habilitado se concentra en los últimos dos años. ¿Quería reducir el ingreso de personas de Venezuela y Haití el gobierno con los decretos? Si es así, se puede evaluar como positiva. Aunque nuevamente no es la eficiencia el criterio, sino que los derechos humanos y acá incluso entra la ética. ¿Se puede dificultar el acceso a personas que el mismo gobierno ha dicho que viven en un país de dictadura donde se violan los derechos humanos, como el caso de Venezuela; o donde militares chilenos fueron en misión de paz, pero terminó en violaciones a mujeres haitianas? Sin duda levantan dudas éticas también esos visados.
En último punto está la modernización del Departamento de Extranjería. Sin duda un desafío que estaba pendiente. Hay que alabar el empeño que ha sido puesto por el mismo Director en esta temática. Muchos papeles, muchos trámites, muchos metros de filas. Sin duda esta medida va en la línea correcta y su implementación ha tenido altos y bajos. Por un lado hay muchos trámites que se han agilizado y al mismo tiempo vinculado con otros estamentos públicos a través de la Clave Única, pero al mismo tiempo la demora en obtención o renovación de documentos demora al menos 8 meses. Es vital agilizar este proceso de digitalización en vistas a una regularización más rápida de las personas migrantes.
Una política migratoria debe ser integral y teniendo como pilar los derechos humanos. Ahí debe estar puesto el énfasis, más que sólo en el “orden”. Hoy, se hace más vigente que nunca este imperativo. Los visado han disminuido el ingreso total, pero han hecho aumentar exponencialmente los ingresos irregulares, levantando redes de tráfico, abusos a personas migrantes y condena a la irregularidad dentro del país. La regularidad migratoria depende de múltiples dimensiones y no sólo de permitir o no el cambio de situación migratoria dentro del país. El mismo EEUU, que destina anualmente más de USD 20 mil millones en controlar fronteras, tiene un porcentaje de migración irregular cercano al 25% pese a que el gasto en frontera aumenta año a año.
En la primera encuesta nacional a personas migrantes, #VocesMigrantes, ante la consulta de porqué escogió venir a Chile, las personas migrantes señalaron por las posibilidades de empleo (32%), tener un familiar acá (32%), seguridad-tranquilidad (12%) o cercanía geográfica (8%). Ninguno mencionó la legislación entre los motivos principales. Es que hay múltiples factores y hemos visto estos últimos meses cómo el estallido social ha provocado la disminución en la entrada de población migrante (ante justamente aumento de empleos o inseguridad). Mire Europa o Estados Unidos la cantidad de dinero que han gastado para militarizar las fronteras y las personas siguen migrando hacia allá.
Es necesario impulsar una legislación y una política migratoria que ordene el ingreso, que establezca mecanismos de regularización adecuados al contexto del país y que permitan mantener niveles bajos de irregularidad. Un reciente informe del Servicio Jesuita a Migrantes analiza la experiencia nacional y de otros países, con propuestas para avanzar en esta línea. La misma que promueve el Pacto Mundial para la migración segura, ordenada y regular.
[1] https://www.latercera.com/nacional/noticia/alvaro-bellolio-jefe-del-departamento-extranjeria-migracion-la-comunidad-haitiana-ha-la-mas-golpeada-la-irregularidad/149308/
[2] https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/mas-de-155-mil-migrantes-se-inscribieron-para-regularizar-su-situacion/2018-07-25/133031.html
[3] https://lamiradasemanal.cl/deportaciones-enganos-e-ilegalidades/
[4] https://radio.uchile.cl/2018/06/27/gobierno-pretende-expulsar-dos-mil-extranjeros-en-2018/
