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La participación de las y los trabajadores del Estado contra la catastrófica crisis climática

La participación de las y los trabajadores del Estado contra la catastrófica crisis climática

por José Pérez Debelli

8 de octubre de 2019

La participación de las y los trabajadores del Estado contra la catastrófica crisis climática

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En el Marco de la Conferencia de las Partes (COP), que realizará en Chile su versión vigésimo quinta, y a poco más de dos meses de su ejecución, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF _junto a sus asociaciones afiliadas: Fenatrama, Anfumma y la Central Unitaria de Trabajadores CUT_ nos reunimos con el Coordinador Presidencial, Andrés Landerretche, y con el Encargado de Relaciones Institucionales de la Presidencia de la COP 25, Felipe Santa María. El objetivo era dialogar sobre la participación del sindicalismo de las Américas en el denominado Espacio Azul de la Conferencia, y en ese contexto: nuestra intervención, participación y del cómo, con una mirada de largo plazo y desde el Estado, se enfrentará, seria y estructuralmente la devastadora crisis climática que vive Chile y el planeta.

Para nosotros, es de sentido común entender que el actual Gobierno, ante un evento de las características de la COP 25, exponga al mundo el significado que tiene la participación de las/los funcionarias/os públicos; al ser nosotros y nosotras las que día a día implementamos las políticas públicas. Frente a la actual crisis planetaria y en su rol de anfitrión, Chile necesita abordar esta COP 25 de manera vanguardista, impulsando la participación presencial de sus trabajadores/as en el desarrollo del evento. Las y los trabajadores/as del Estado deben ser parte activa de la Conferencia de las Partes, por dos razones fundamentales: por encontrase en un tiempo de crisis climática que los obliga a transformarse en agentes del cambio cultural y por tener la experiencia necesaria que permite la transición justa que tendrá que hacer nuestra sociedad frente a los grandes desafíos que nos impone el cambio climático. Los/las funcionarios/as somos el engranaje principal en aportar a que las preocupaciones sociales sean parte fundamental en la toma de decisiones económicas, y en orientar a que los costos de la transición económica a la que estamos obligados, sean justamente distribuidos, para que no sean, como es de costumbre, los más vulnerables los afectados.

Creemos que las medidas que se han tomada hasta hoy, son insuficientes para frenar el calentamiento global. Como trabajadoras/es públicos constatamos a diario que el actual modelo económico neoliberal, no tiene entre sus principios desarrollar instrumentos necesarios para detener la actual crisis climática.

Entendemos, y así lo hicimos saber, que las políticas públicas deben ser elaboradas como medidas de largo plazo, destinadas al bien común y a la protección de los más pobres del país. Pero sobre todo, como una mirada única desde el Estado, en la que todas las directrices contemplen en su elaboración e implementación las medidas medioambientales sinérgicas y potenciales, que permitan estimular los cambios e impactos necesarios y urgentes para incidir efectivamente en la desaceleración del calentamiento global evitando que la civilización tal como funciona hasta nuestros días se precipite en un colapso sin retorno.

Creemos que las medidas que se han tomada hasta hoy, son insuficientes para frenar el calentamiento global. Como trabajadoras/es públicos constatamos a diario que el actual modelo económico neoliberal, no tiene entre sus principios desarrollar instrumentos necesarios para detener la actual crisis climática. La actuación hegemónica de los mercados financieros opta por el negacionismo, antes de incurrir en los costos superiores que demanda una preocupación por la preservación de todas las formas de vida y los recursos naturales del hogar común que habitamos.

Aunque Chile es responsable sólo del 0,25 por ciento de las emisiones globales de Gases Efecto Invernadero (GEI); cumple con 7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad frente al cambio climático, además de estar entre los 10 países más vulnerables, según el índice global de riesgo de 2017.

Nuestro país, es uno de los países con mayor vulnerabilidad climática, al tener un modelo de desarrollo de carácter liberal-manchesteriano; desregulado, desigual y devastador con su medio ambiente. Basta con un ejemplo: 28 generadoras de electricidad que funcionan en base a combustible fósil, y que se encuentran en manos de compañías italianas, francesas, norteamericanas, provocan el 80 por ciento de las emisiones contaminantes en Chile, seguido del transporte, la industria manufacturera y otras áreas, sin considerar otros conflictos medioambientales y territoriales aún no resueltos, creando con sus impactos, zonas de sacrificio en algunas regiones del país.

La Resolución sobre el desarrollo sostenible, el trabajo decente y los empleos verdes de la OIT del año 2013 indica que “Bien gestionadas, las transiciones hacia economías ambiental y socialmente sostenibles pueden constituir un importante motor para la creación de puestos de trabajo, la mejora de la calidad del empleo, la justicia social y la erradicación de la pobreza (…)”.

Si actuamos rápido contra la matriz extractivita y la cultura consumista instalada en Chile y el mundo, podríamos de aquí a 11 años limitar el aumento de la temperatura media anual por debajo de los 2º Celsius actuales.

La COP 25 debe ser una oportunidad para que el Estado de Chile se posicione como un motor cambio y protector de los bienes naturales de nuestro país. Aplicando legislaciones que garanticen el respeto irrestricto al derecho fundamental por excelencia: la vida. Los trabajadores/as públicos históricamente han sido garantes de este derecho, en momentos difíciles y ante requerimientos extremos, como lo exige esta emergencia climática planetaria.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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