Señor Director:
Todos podemos tener una opinión sobre la Defensa, y también tenemos el derecho a expresarla si es que así lo queremos. Dicho eso, corremos el riesgo que alguien nos conteste si es que se estima que la opinión es incorrecta, y eso es lo que estoy haciendo en esta réplica respecto de la opinión de Eduardo Santos sobre el tema del financiamiento de la Defensa y otras cosas que aborda en su columna.
Me parece que hay un acuerdo transversal que había que cambiar la “Ley del Cobre” por algo que tuviera más lógica, y el adecuado control en lo administrativo y supervisión en lo político. El esquema antiguo que ya había ido evolucionando con el tiempo ya les había quitado la autoridad a las instituciones en la toma de decisiones respecto de las inversiones a realizar y había radicado en el ejecutivo la autoridad en la materia. Esta nueva ley, la cual ya se encuentra promulgada, mejora el sistema e incorpora al congreso en la discusión y decisiones respectivas, saca el elemento de la volatilidad del precio del cobre, hace más transparente las inversiones y su control por partes externas al proceso, y sistematiza la definición de los montos necesarios.
El cambio de la “Ley del Cobre” no solo es motivo de preocupación de Eduardo Santos, sino también de personas que asumen que el Congreso no tiene la madurez suficiente para ver esta materia o que se repetiría la historia muy pasada en donde la Defensa no preocupaba a nadie. No voy a emitir un juicio sobre las capacidades de diputados o senadores para evaluar y aprobar inversiones en Defensa, y si no las tuvieran actualmente, de seguro las van a desarrollar, pero a todas luces prefiero correr el riesgo de que la Defensa sea tratada en el Parlamento y que sea un tema de interés nacional y no solo de los institutos armados. Eso le da validez y permite a nuestros políticos entender mejor las amenazas actuales y futuras que Chile enfrenta o podría enfrentar, la forma en que se manejan o deberían manejar, y si es que estamos o no incluyendo todos los intereses nacionales en la ecuación.
Hay personas que siguen la lógica de Eduardo, es decir, primero definir el problema y después asignarle recursos, y otros como yo, que somos más prácticos, que preferimos avanzar en la materia e ir despejando la agenda. En buena hora que hayamos resuelto sobre el reemplazo de la ley de cobre y con ello el financiamiento que podemos tener y financiar en Defensa, en buena hora que se haya definido que la política de Defensa sea el criterio orientador de las capacidades estratégicas, y en buena hora que esta nueva ley haya recibido aprobación transversal de todo el estamento político, ya que la anterior versión había perdido legitimidad popular y política, ya que no solo tenía fallas en su diseño, sino también y equivocadamente, se le asociaba al gobierno militar. A todas luces era mejor reemplazar algo con fallas en su diseño y sin legitimidad, por algo que está bien conceptualizado, diseñado y con todas las aprobaciones que a uno se le podrían imaginar.
Dejo a criterio de los lectores determinar si es que cambiamos “Pan por charqui”, ya que cada uno es libre de pensar lo que quiera. Por de pronto y para no perder el impulso, vamos por las versiones mejoradas y corregidas de las leyes de gastos reservados y de inteligencia, las cuales urgentemente deben ser cambiadas, vamos por capacidades mejoradas en ciberseguridad, vamos por una evaluación profunda del impacto del cambio climático y su impacto en los chilenos, vamos por una evaluación de la vigencia de las amenazas tradicionales y de las nuevas amenazas emergentes, y vamos por una política de defensa actualizada y con su correspondiente plan de desarrollo de fuerzas, la cual por cierto debería incorporar las opiniones de las fuerzas armadas, pero más importante aún, con una visión conjunta y de la Defensa como un todo y no por partes, y obviamente, con las aprobaciones y autorizaciones que la ley 21174 de financiamiento de capacidades estratégicas establece para las inversiones que Chile requiere para su Defensa Nacional y la protección del interés nacional donde sea que esté ubicado.
