Opinión
Una segunda circunstancia, está dada por la arriesgada maniobra de Hacienda de considerar como ingresos ciertas partidas que están consideradas en un proyecto legislativo que aún está en discusión.
Como todos los años y pasadas las fiestas patrias, nuestro País comienza un proceso de “discusión presupuestaria”. En este proceso (técnico – político) se avizoran 2 circunstancias que, a juicio de cualquier técnico, requiere al menos una discusión más acabada.
La primera, referida a que un proceso presupuestario serio requiere como “línea base” de información, la evaluación de la ejecución presupuestaria y financiera del año vigente. Esta sola variable no resulta del todo fácil y plantea desafíos de mejora en los proceso de información financiera del estado. En esta misma línea, genera preocupación el rendimiento financiero de algunos Gobiernos Regionales que, a la fecha, han ejecutado menos del 40% de los recursos asignados (Arica, O’Higgins y Ñuble). Bajo ese escenario de pereza en la ejecución presupuestaria; Qué propondrá la DIPRES? Los parlamentarios de esas Regiones, que dirán? Cuál es la razón técnica de aquello? Cuál es la responsabilidad política de las autoridades? Lo más probable que la respuesta a todas esas interrogantes no exista y se sigan aprobando presupuestos de “naturaleza sorda y destino ciego”.
Una segunda circunstancia, está dada por la arriesgada maniobra de Hacienda de considerar como ingresos ciertas partidas que están consideradas en un proyecto legislativo que aún está en discusión. Si bien, el proyecto de modernización tributaria traerá eventualmente recursos netos por US$ 917 millones; el riesgo está dado por que dichos ingresos están basados en partidas que el parlamento rechazó en la primera instancia legislativa (como por ejemplo la repatriación de capitales y/o registro de activos en el extranjero) y que ahora el Gobierno intenta reponer ante el Senado. No sólo los expertos, sino que el sentido común, nos dicen que los presupuestos se diseñan sobre la base de recursos ciertos y disponibles. Lo contrario, provoca necesariamente un desequilibrio presupuestario entre ingresos y gastos y un desajuste financiero entre ingresos aprobados e ingresos percibidos. Resultado de ello, un agobiante y permanente problema de caja.
