Señor Director:
El último estudio sobre “Calidad Regulatoria en Chile: Una Revisión de Sectores Estratégicos” de la Comisión Nacional de Productividad” (CNP, Septiembre 2019) fue ampliamente cubierto por la prensa. En el ámbito arqueológico, el diagnóstico del informe es realista: ineficiencia en el funcionamiento y diseño de los permisos arqueológicos, capacidad operativa deficiente y sistema de trazabilidad incompleto y alto nivel de centralización derivado de la no delegación de competencias a instancias regionales.
¿Por qué hemos llegado a esta situación? El diagnóstico de la Comisión Nacional de Productividad señala que los errores, u omisiones, en el funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), así como en la gestión profesional de algunos estudios arqueológicos, se debe a las precarias condiciones en que funciona este servicio. Utiliza el eufemismo “brecha en el recurso humano” para referir a que sólo diez profesionales evalúan anualmente (en Santiago) más de 1.300 solicitudes de intervención arqueológica de todo el país. Si bien la impresión es correcta en términos generales, opinamos que las recomendaciones del informe no apuntan a los ajustes que el sistema requiere.
Desde nuestro punto de vista la imperiosa necesidad por mejorar las capacidades técnicas del CMN y su Secretaría Ejecutiva implica, al menos, los siguientes aspectos: a) aumentar significativamente el número de funcionarios a nivel nacional; b) disponer sueldos competitivos en el mercado para atraer a la función pública profesionales con experiencia; y c) asegurar tiempo para realizar cursos de actualización metodológica y sobre procedimientos legales, lo cual permitirá adecuar y poner al día la gestión patrimonial del servicio. Estos equipos deben contar también con recursos para fiscalizar el cumplimiento de las resoluciones, incluyendo el adecuado seguimiento e inspección de las líneas de base y de los rescates arqueológicos.
Por otro lado, si se busca agilizar la tramitación de proyecto, debemos dar sentido de urgencia a la modificación del Reglamento de Arqueología (DS Nº 484/1990), cuestión en la que coincidimos, en la forma, con el informe de la CNP. Al respecto, el nuevo proyecto de Ley de Patrimonio que se discute en el congreso, apunta en esa dirección e intenta, aunque tibiamente, descentralizar la toma de decisiones a nivel regional. Sin embargo, como ha señalado recientemente la Sociedad Chilena de Arqueología (SChA) en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, la propuesta del ejecutivo (Boletín N°12.712-24) impone una composición en los Consejos a nivel nacional y regional con alto predominio de funcionarios del gobierno de turno y no es explícita sobre la debida función del CMN como un órgano con competencia medioambiental.
Con todo, de las siete recomendaciones que efectúa el último informe de la CNP se ha destacado la segunda, relativa a “Modificar la Ley 17.288, autorizando al Consejo para que delegue facultades para aprobar permisos en otras instancias (comités ejecutivos de los mismos consejeros) y que autorice a funcionarios a nivel regional extender actas y actuar como ministros de fe”. Nos parece una medida, si se implementa, sumamente riesgosa y manipulable, ya que pone en entredicho la actual legislación chilena e incluso debilita la propuesta de Ley del actual gobierno, intentando traspasar competencias técnicas a instancias políticas con el fin de agilizar proyectos de inversión.
Entendiendo que el actual debate sobre la nueva Ley de Patrimonio requiere aportes constructivos y una mirada autocrítica, queremos dejar constancia que la solución gradual a los problemas que se han comentado amerita fortalecer institucionalmente y descentralizar el Consejo de Monumentos Nacionales y la institucionalidad patrimonial chilena, con traspaso de competencias, recursos y capacidad profesional. También la arqueología chilena, luego de casi un siglo de investigaciones, debe asumir un rol activo que promueva la apropiación social de nuestro patrimonio arqueológico, cautele la gestión de las colecciones científicas y sea consciente de la labor de los museos, y sus profesionales, que las reciben y conservan. Especialmente, debe aportar a la educación y formación integral de profesionales de áreas como la economía, ingeniería, arquitectura, ciencias sociales y el derecho, de las y los políticos y empresarios, pues según derivamos del actual debate y análisis técnicos como el que hemos referido al comienzo, el patrimonio arqueológico del país aparece, en el discurso y las acciones, más como un obstáculo para la realización de proyectos de inversión y una traba (aparente) al desarrollo, que como una herencia universal de nuestros antepasados o un capital cultural cuyos valores se deben estudiar, preservar y difundir a la sociedad en su conjunto.
Roberto Campbell Toro
Escuela de Antropología
Pontificia Universidad Católica de Chile
Luis Cornejo Bustamante
Director Departamento de Antropología
Universidad Alberto Hurtado
Ximena Navarro Harris
Directora Escuela de Arqueología
Jefa Carrera de Arqueología
Universidad Católica de Temuco
Lorena Sanhueza Riquelme
Sub Directora Departamento de Antropología
Universidad de Chile
Marcela Sepúlveda Retamal
Instituto de Alta Investigación
Universidad de Tarapacá
Simón Urbina Araya
Director Escuela de Arqueología
Universidad Austral de Chile
Sede Puerto Montt
