Opinión
Casi es transversal en la sociedad como en la política, que la centralización nos está comiendo y no nos permite avanzar. El actual proceso de regionalización del país (Ley 21.074), presenta una serie de incertidumbres en donde el Gobierno ha sido su principal promotor. A diferencia de otras oportunidades, la actual ley traspasa una serie de competencias a los gobiernos regionales, como lo es el ordenamiento territorial, infraestructura, transporte, turismo y desarrollo social. Además, de la presunta generación de tres nuevas divisiones que permitirían ejecutar esas competencias y poder planificar políticas públicas para las regiones. Pero como estamos en Chile, la última palabra la tiene siempre el Presidente, el cual le corresponde de manera discrecional aceptar o no dicho traspaso y determinar sobre qué materias recaerá. Y no solo eso, el Presidente puede transferir competencias y despues revocarlas. Finalmente, dependerá del color político, de los gobiernos de turno y de los intereses particulares, la planificación de políticas públicas del país.
Hace varios meses se viene planteando tanto en autoridades, académicos y organizaciones, en avanzar en una ley que de un salto cualitativo para el traspaso de competencias a los gobiernos regionales. La actual tiene como principales ejes, el traspaso de nuevas competencias desde el nivel central a todas las regiones, por eso, es fundamental que de forma paralela en cada una de las regiones se comience a discutir una priorización de competencias a transferir de acuerdo a sus propias necesidades y que verdaderamente entienda un espíritu descentralizador que no coarten avances regionales. A modo ejemplar, es el caso de la Región de Valparaíso, en donde consideramos fundamental que se transfieran las competencias del SERVIU y en materia de transporte al gobierno regional, dado que existen problemas y en aumento, de la vivienda y de integración territorial.
Pero, ¿por qué necesitamos la descentralización? porque permite la generación de políticas públicas con una mirada y control desde las regiones. Hoy, eso es imposible. Pese a esa necesidad, la actual ley también es un peligro debido a cómo está expresada la ley, no se pasarían de forma efectiva ninguna competencia. Sumado a eso, surgen más interrogantes en la medida que el Ejecutivo de los siete reglamentos que debe dictar para el desarrollo y ejecución de la ley, solo ha dictado dos, encontrándose especialmente retrasado el reglamento que fija los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas, el cual por mandato legal, debió dictarse en febrero de este año. También existe gran incertidumbre sobre los reglamentos en materias de procedimiento de transferencia de competencias; marcos e ítems presupuestarios regionales; Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) y sobre los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT).
Y esto empeora. La incertidumbre de este Gobierno aumenta cuando hablamos de descentralización fiscal, ya que la actual propuesta del ejecutivo en materia de Reforma Tributaria, no contempla nada sobre rentas regionales, solo mencionando de forma insuficiente, que los grandes proyectos con inversiones desde US$ 10 millones entreguen el equivalente al 1% de la inversión como aporte a la región. Sumado al desequilibrio territorial entre las regiones, ya no todas las regiones tienen la misma capacidad de inversión.
Creemos que es un avance esta nueva elección de Gobernador Regional, pero si no va acompañada con reales condiciones económicas y políticas, es solo un saludo a la bandera. Chile necesita un proceso que contenga descentralización fiscal efectiva, recursos económicos suficientes y autonomía financiera y política para planificar y ejecutar las políticas públicas que se elaboren en el marco de las nuevas competencias. Si para las próximas elecciones, no queremos tener gobiernos regionales sin competencias ni recursos, este año es el momento para comenzar a discutir y resolver una serie de materias que se encuentran pendientes: se discutirá la Ley Corta, se debe discutir y aprobar una ley de rentas regionales que permita implementar de forma real el traspaso de competencias; el gobierno debe cumplir el mandato legal y dictar los reglamentos correspondientes y finalmente los gobiernos regionales deben comenzar a dar una discusión profunda en torno a la planificación y priorización de sus funciones de cara al 2020.
