Opinión
Han pasado poco menos de dos meses desde el eclipse solar que capturó la atención (y la agenda) de autoridades, comunicadores y la ciudadanía en general. Luego de la campaña que acompañó los meses previos al evento, sería fácil quedarse con el mensaje de que la ciencia chilena vive un momento “estelar”. Sin embargo, tras el eclipse ha llegado el momento de volver a poner nuestra atención en la necesidad de mejorar las alicaídas condiciones de la ciencia chilena. Aunque tal vez algunas personas podrían discrepar de este diagnóstico, para otras podría resultar relativamente claro que la ciencia nacional vive una crisis preocupante, y que se presenta en diversas formas, como por ejemplo en el subfinanciamiento crónico para la investigación; la preocupante escasez de oportunidades para la inserción laboral de las nuevas generaciones de investigadores e investigadoras; un sistema que se ha vuelto alarmantemente hipercompetitivo; los recientes problemas a nivel de las becas de postgrado; el paro de los funcionarios de CONICYT; o la lentitud del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para impulsar un necesario debate sobre posibles reformas a los instrumentos, y en especial al sistema científico en su conjunto.
El asunto del subfinanciamiento crónico de la investigación científica en Chile se alza probablemente como uno de los desafíos más preocupantes. El gasto en I+D del país se encuentra virtualmente estancado. El año 2011, el gasto en I+D alcanzaba el 0,37% del PIB; el año 2017, este monto se estima provisionalmente en apenas un 0,36%. En términos absolutos, si bien el gasto nominal ha aumentado levemente año a año, el gasto en I+D per cápita se mantiene prácticamente constante desde hace cinco años, siendo la cifra más baja entre los países OECD, y el rápido crecimiento del número de investigadores (en particular las nuevas generaciones de graduados, gracias al Programa de Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT) implica que los recursos (y con ello las oportunidades) se vuelven cada año más escasos.
En gran medida debido a este subfinanciamiento crónico de la investigación en Chile, en los últimos años se ha generado un ambiente alarmantemente hipercompetitivo. Este fenómeno no es exclusivamente local, desde luego, pero en Chile alcanza niveles críticos, en particular debido al estancamiento del programa FONDECYT, el cual mantiene desde hace algunos años tasas de adjudicación bajo el 30%, en un país en que no existe una diversidad de alternativas de financiamiento, en particular para proyectos (mal llamados) individuales. Esto significa, en la práctica, que las buenas ideas y la trayectoria integral de un investigador ya no bastan, y “el sistema” exige la publicación incesante de artículos científicos, pese a los problemas —crecientemente documentados— asociados al sistema de revisión por pares, al excesivo énfasis en la publicación de artículos y el factor de impacto de las revistas científicas (precisamente los principales criterios empleados para evaluar la “productividad” de un investigador), e incluso al propio sistema de publicaciones. Para abordar este problema se requiere, entre otras medidas, de una importante reformulación de los instrumentos ya existentes. Desafortunadamente, el ministro desestimó la urgencia de reformular los instrumentos en una entrevista a inicios de año, señalando que “no estamos todavía en condiciones de pensar finamente en cada uno de los instrumentos… por ahora, los instrumentos van a quedar como están”, instalando de esta forma una tardanza riesgosa en esta materia, que podría conllevar el abandono de numerosos investigadores —en particular jóvenes— de la actividad, con lo que el país arriesga perder buenas ideas y conocimiento relevante en dimensiones sociales, políticas, culturales y productivas.
El problema del escaso financiamiento de la investigación en Chile aún no parece tomarse con la urgencia que se requiere. El ministro Couve anunció, en una entrevista a inicios de año, que “pronto se trabajará para aumentar el capital humano, los proyectos de investigación”, aunque agregó que “la discusión del 0,38% del PIB me parece una discusión obsoleta”. Más recientemente, el ministro señaló que “de una discusión centrada en cuánto debe ser ese porcentaje, tenemos que pasar a una conversación de cómo lo hacemos”, una aseveración que podemos compartir, desde luego, aunque en primer lugar necesitamos una evaluación precisa de la actual situación en este ámbito, para dimensionar apropiadamente el desafío. Del mismo modo, el ministro ha insistido en la idea de la relación “un tercio/dos tercios” en lo relativo a la inversión pública y privada en I+D (una fórmula que dista de ser una norma, como queda de manifiesto en las estadísticas de los países OECD, por ejemplo), lo que podría sugerir que a futuro se pondrá más énfasis en el rol que se espera juegue el sector privado en esta materia. Dado que el sector privado puede poseer prioridades e intereses específicos en materia de inversión en I+D, una apuesta enfocada principalmente en el crecimiento del gasto privado en I+D, y que no vaya acompañada de un esfuerzo público importante en programas como FONDECYT (o nuevos instrumentos, adaptados al escenario actual de la ciencia nacional), podría llevarnos a un clima crecientemente adverso para la ciencia básica y motivada por curiosidad. En este sentido, tres rectores de universidades nacionales hicieron recientemente un elocuente llamado de atención en una editorial de El Mercurio, señalando de forma tajante que “sin investigación básica robusta, no podemos avanzar en el desarrollo del país”, al mismo tiempo que recordaban el estancamiento del programa FONDECYT.
Aunque era de esperar que la implementación de la nueva institucionalidad tomaría tiempo (sin ir más lejos, el ministro Andrés Couve entregó en su primera cuenta pública un detallado análisis sobre los importantes desafíos, en especial administrativos, que ha implicado la instalación del ministerio), este proceso no avanza al ritmo necesario para abordar muchos de los urgentes e importantes problemas de la ciencia chilena. Sin dudas necesitamos avanzar de forma urgente en una discusión sobre múltiples materias, para lo cual la participación de la comunidad científica es fundamental. En este sentido, e independientemente del actual asesoramiento por de personas con amplio conocimiento sobre el sistema de CTCI, se hace urgente incorporar nuevas miradas y visiones al trabajo del ministerio. Por ejemplo, cabe preguntarse especialmente por el espacio del que disponen los mútiples actores que, por largos años, participaron del proceso de posicionamiento, debate y construcción de la campaña por una nueva institucionalidad y políticas de fomento para la ciencia, en sus múltiples dimensiones.
Finalmente, el ministerio también ha entregado pistas sobre un tema relevante, a saber, la narrativa que empleará en años venideros para la elección de prioridades. En años recientes, ha existido una suerte de tensión entre diversas formas de concebir la priorización en materia de investigación. ¿Qué criterio debemos emplear para priorizar en investigación? ¿Los retos para el desarrollo, la orientación por misión, o los laboratorios naturales? El anuncio del potenciamiento del laboratorio natural antártico, y la campaña de prensa que acompañó al reciente eclipse, sugieren que el criterio de los “laboratorios naturales” se ha impuesto, al menos de forma provisoria, algo que se ve refrendado por las palabras entregadas por el ministro en una reciente entrevista (“Otro anhelo es desarrollar ciencia vinculada a nuestro territorio. Que usemos las ventajas comparativas de los laboratorios naturales, así como las hemos usado en el norte en astronomía”). Lamentablemente, ni CONICYT ni el ministerio en proceso de instalación han impulsado una discusión inclusiva (y necesaria) sobre las ventajas y desventajas de cada criterio. Por otro lado, aún no hemos resuelto el conflicto entre la priorización en investigación y el necesario crecimiento del apoyo a la investigación básica en todas las áreas del saber. Sin ir más lejos, la narrativa en torno a los laboratorios naturales no ha ido acompañada de una preocupación comparable por el crecimiento del programa FONDECYT.
Aunque el apoyo sostenido de la comunidad científica a la instalación e implementación de la nueva institucionalidad sería indudablemente positivo, no debemos confundir dicho apoyo con una postergación de la resolución de las urgentes necesidades de la ciencia chilena. El trabajo de diversas organizaciones, que por tantos años defendieron, promovieron y socializaron la idea de la necesidad de una nueva institucionalidad para la ciencia en Chile, fue siempre más allá de la sola reorganización de instrumentos y la resolución de duplicidades. Temas como la necesidad de una nueva política científica, la vinculación de la investigación con la sociedad en sus múltiples niveles, los temas de género, las condiciones laborales del personal de I+D, las políticas de inserción y retribución de las nuevas generaciones de investigadores, el apoyo a las múltiples áreas del saber, o la articulación del sistema nacional de CTCI, son temas que han estado permanentemente entre las preocupaciones de diversas personas, actores y organizaciones. En última instancia, la idea de que esta es una institucionalidad para el desarrollo del país necesita ser matizada con una preocupación por la actual crisis por la que atraviesa nuestra ciencia y nuestros científicos. Sin un apoyo sólido a nuestra ciencia y a nuestros investigadores, no habrá investigación que vincular a nuestro desarrollo, conocimiento que podamos poner en valor en la sociedad, ni ciencia que podamos hacer que forme parte del imaginario de la ciudadanía.
