Opinión
La Ley de Pago a 30 días establece plazos certeros, regula el no cumplimiento de éstos, garantiza el derecho a la aplicación de intereses por mora, indemnización y también tipifica como cláusula abusiva a cualquier acuerdo que vulnere los derechos contenidos en esta normativa, entre empresas proveedoras que establecen relaciones comerciales con medianas y grandes empresas, principalmente.
Todas estas cláusulas significaban, en teoría, promesas que definitivamente ayudarían a mejorar las condiciones comerciales y de negociación de las Pymes frente a compañías de mayor tamaño. Sin embargo, hemos visto, con preocupación, que desde las grandes empresas están surgiendo una serie de trabas y criterios muy dispares, los que a la larga están impidiendo a muchos de sus proveedores llevar dichas facturas a empresas de factoring, dificultándoles acceder a capital de trabajo y liquidez.
El factoring es una actividad que está legalmente normada por dos leyes, que fueron aprobadas en 2004 y 2009, cuyo su rol es brindar una opción real de financiamiento a las pymes, permitiéndoles contar con capital de trabajo y, derechamente, sobrevivir en un escenario altamente competitivo con restricciones por parte de los bancos.
Así, los últimos días han surgido alarmas respecto de un tema que, desde un comienzo, no quedó del todo claro y es el que dice relación con el considerar el pago a 60 días como una excepcionalidad por dos años. Situación que ha llevado a algunas compañías a pagar a sus proveedores (pymes en su mayoría) en estos plazos e instaurarlo como una práctica habitual, eso sí, por extraño que parezca, sin caer en un vacío legal, porque la ley lo permite.
Por otro lado, hemos conocido también casos en las que empresas de mayor tamaño impiden a las pymes realizar operaciones a través de factoring, exigiéndoles poner expresamente en sus facturas la prohibición de factorizarlas y/o hacer uso financiero de ellas.
Esto resulta contraproducente, teniendo en cuenta la importancia que las pequeñas y medianas empresas representan para la economía del país, donde, según la 4° Encuesta Longitudinal de Empresas publicada por el Ministerio de Economía en 2017, un 51,7% del mercado chileno corresponde a esta categoría.
Por lo mismo, es fundamental que el Gobierno, través del Ministerio de Economía, enfoque sus esfuerzos en lograr emparejar la cancha, para que todas las empresas, independiente de su tamaño, puedan jugar en igualdad de condiciones.
Hoy, entendemos que el gobierno buscará el curso de acción que sea más adecuado, ya sea por la vía legal o reglamentaria. Por ello, creemos que un escenario ideal sería solucionar, más temprano que tarde, los vacíos legales que contiene esta Ley de Pago a 30 Días y hacerla valer en su totalidad, evitando dejar cabos sueltos que puedan ser usados como resquicios legales por empresas que están poniendo en riesgo el futuro económico de muchas Pymes y, a la larga, del país.
