Una jornada laboral que garantice el buen vivir

A propósito del debate abierto a partir de la aprobación de la idea de legislar en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara sobre la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, proyecto emblemático de la diputada Camila Vallejos, existe una arista poco explorada, interesante para este debate, y que logra dejar al descubierto el antagonismo de fondo, entre la flexibilización laboral y la seguridad social.

Para ello, la propuesta consiste en dejar de dar la discusión sobre el trabajo desde el prisma del capital, que es el equivalente a que el debate sobre el feminismo lo den los hombres – absurdo, pero real-  sin negar la relación evidente que existe entre el capital y el trabajo, sino que dándonos la oportunidad de mirar y definir el trabajo desde sus propios criterios y sujetos y evaluar así el impacto que tiene en la calidad de vida de cada trabajador y su familia.

Esta mirada nos otorga la posibilidad de pensar la economía de un país desde las mayorías que lo conforman, es decir, el 98% de la ciudadanía que necesita trabajar para vivir. Pero además, de evaluar las condiciones de la economía real, esa economía de las familias que deben subsistir con menos de $500.000 al mes, de aquellos adultos mayores que deben vivir con pensiones menores de $100.000 o de aquellas madres, jefas de hogar que mes a mes deben endeudarse para comprar todo lo que necesitan para vivir: todos sujetos y sujetas determinadas por la precariedad de vivir con lo mínimo, pero que al mismo tiempo, sustentan la economía del país.

Realidad imposible de percibir por los dueños del capital, ese 2% necesario para la producción y el crecimiento del país, pero que está preocupado de los vaivenes que genera la especulación en los mercados financieros, del tipo de cambio y del desempeño de los Estados en el ranking de confianza para atraer capitales extranjeros. Mirada que concibe a los trabajadores como un número más en una eterna ecuación, que debe ser equilibrada en post de los gananciales proyectados y la estabilidad financiera y bursátil de los mercados. Criterios basados en estos sujetos son válidos y efectivos para analizar los flujos de dinero, pero no la producción, porque quien produce son los trabajadores y por ende, la riqueza se genera en la economía real y no en la economía financiera, teniendo un impacto directo tanto en la economía como en la estabilidad de las familias chilenas.

Pero bueno, un criterio decisivo para pensar el mundo del trabajo, es entender lo determinado que está ese 98% de la población a trabajar, como única manera de subsistir. Nunca debemos olvidar cuando damos el debate sobre la economía o el trabajo, que la gente común trabaja para vivir, vende lo único que tiene:  su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración que le permita como individuo y colectivo tener acceso a los bienes mínimos, pero también a progresar. Esto es determinante cuando damos el debate de cuánto se debe trabajar y cuáles van a ser las condiciones. Sobre todo porque lo que sucede en la economía real, nos indica que al o la proveedora de un hogar no le importa cuánto trabajar para solventar las necesidades básicas de su familia, es decir, frente a la pregunta ¿cuál debe ser la jornada máxima de trabajo? la respuesta sería, la que le permita a una familia alcanzar un ingreso que le permita subsistir.

Las relaciones laborales en Chile se sustentan en la asimetría de poder, donde el trabajador por sí solo no tiene ninguna capacidad de negociar sus condiciones laborales, por ende, pretender que el contrato laboral representa un contrato entre iguales, es una falacia. Esto porque para ello, las partes deben tener la capacidad de negarse a condiciones que les parezcan injustas, a salarios que no cumplen sus expectativas o a jornadas que no se complementen con sus vidas.

Para contrastar aquello, veamos la realidad de miles de personas: trabajadores que tienen su trabajo formal de 45 horas y que lo complementan con un trabajo informal para aumentar sus ingresos; personas que tienen dos trabajos informales para alcanzar un ingreso que le permita subsistir, personas que “prestan servicios profesionales permanentes” y que terminan trabajando más de 45 horas semanales, mujeres y niñas dedicadas a trabajo doméstico no remunerado, trabajo infantil, comercio ambulante, trabajo esclavista, trabajo precario que se estructura en función de los ingresos que requiere una familia para vivir.

Es por eso que el debate sobre el trabajo, y las condiciones del empleo en Chile se sustentan en la disputa por los ingresos, y las posiciones políticas de flexibilización laboral versus seguridad social son la expresión de ese antagonismo entre trabajo y capital, precisamente porque lo que está en discusión es cómo se distribuyen las ganancias del proceso productivo, es decir, cómo se reparte esa propiedad colectiva.

El Gobierno ha apostado por deteriorar las condiciones de vida del 98% de las familias de nuestro país, fundamentalmente porque ha propuesto la flexibilización no sólo de las jornadas laborales, sino de la responsabilidad que como sociedad tenemos de proteger a los trabajadores. Parte desconociendo la relevancia del ingreso como relación fundamental entre el capital y el trabajo, olvidando que este es el que motiva a las personas a trabajar y por ende, al no generar un cambio en las condiciones en las cuales se distribuyen esos ingresos, lo que se está haciendo es pedirle a las personas que trabajen más y en distintos trabajo por el mismo salario.

Por otro lado, la oposición ha propuesto fortalecer la construcción de un sistema de seguridad social y garantizar el mismo ingreso a cambio de menos horas trabajadas, lo que se traduce en horas efectivas de descanso o tiempo libre, elementos imprescindibles para pensar en una mejora en las condiciones de vida de todos y todas, en una sociedad sana que privilegia el mayor tiempo con los hijos, más horas de estudio, más tiempo para la cultura, de ocio y diversión, etc.

Sin duda, este proyecto de ley es insuficiente para superar las injusticias en la distribución de la producción colectiva, pero al menos es un paso que permite avanzar en una disputa por el sentido común y la instalación de la idea de que el trabajo no sólo es individual, sino que colectivo y que no sólo produce bienes y servicios, sino que es el sustento de una sociedad en un sentido complejo, ya que el trabajo produce también procesos de socialización profundos ligados a la cultura, lo social y político, la identidad colectiva, y obviamente lo económico.

Resulta imprescindible que un nuevo pacto social de profundización democrática en nuestro país, considere también la democratización de los ingresos, bajo un prisma de la realidad popular, del 98% de la población, de las y los trabajadores.