El que una entidad estatal se haga cargo de la nueva cotización en ningún caso significa que nuestros ahorros vayan a esfumarse. Afirmar ello tiene la misma seriedad que en su momento tuvo el “chilezuela” con que se atemorizó a muchos votantes. Es más, si es por esfumar ahorros, recordemos que durante la crisis subprime de 2008, se esfumaron 20.000 millones de dólares en acciones que se desplomaron. Por tanto, la pérdida de recursos no es inherente a uno u otro tipo de administración (estatal o privada).
Desde que se volvió un tema contingente, hemos visto a muchos autoproclamados “defensores de la libertad” como Axel Kaiser, escribir columnas enteras –como “Capitalización individual: el principio del fin”, publicada en El Mercurio la semana pasada– intentando explicarnos por qué el sistema de AFP es un Mercedes Benz que ha tenido la mala suerte de aplicarse en este rincón del mundo, incapaz de ofrecer condiciones apropiadas para que las AFP trabajen y desarrollen su potencial en plenitud.
Es por esto que, resulta bastante razonable preguntarse si es que la solución a un problema debe acomodarse al contexto en que esta solución se aplicará, o, en caso de no funcionar la solución propuesta –como parece ser el caso de las AFP– si la responsabilidad es del contexto que no propició una correcta ejecución de la idea propuesta. Un ejemplo simplón sería el de una constructora que, al ver como sus edificios resulta seriamente dañados al primer temblor, responsabilizara a la geología chilena por tener placas tectónicas que se mueven y produce temblores a diario.
Sin responder aún la pregunta planteada en el párrafo anterior, salta a la vista la primera inconsistencia de la argumentación de los “defensores de la libertad”: las AFP han despolitizado las pensiones. Ello es una falacia, ya que el hecho de forzar a las personas a tener un plan privado de pensiones nos habla de una visión política de quienes idearon el sistema: un sistema de ahorro individual es mejor que uno de reparto.
La segunda –y en mi opinión– más grave falacia a la que recurre este sector de la derecha, es decir que el sistema de capitalización individual hace a las personas responsables de su pensión, en base a aquello que aportaron durante su vida laboral. Esto resulta completamente falso en un país donde 1 de cada 3 trabajadores lo es de manera informal, es decir, además de no ahorrar para su vejez, no tienen derecho a comprar bonos (porque están en Fonasa A), no pueden ir al IST en caso de un accidente en su trabajo, y un largo etcétera.
[cita tipo=»destaque»]¿Por qué permitir entonces que nuestras carreteras o sanitarias sean administradas por los fondos de pensiones estatales de Canadá u otro país, siendo que podrían ser propiedad de todos los chilenos a través de los fondos de pensiones que administrará la entidad estatal que hoy se discute en el congreso? Cabe señalar que la rentabilidad de carreteras y sanitarias está garantizada por el estado, y es del orden del 6 al 10% (dependiendo del rubro).[/cita]
En este punto es necesario volver a preguntarse si son las soluciones las que deben acomodarse al contexto o al revés; ya que personas como Kaiser repiten constantemente que las AFP son un sistema espectacular de producción de riqueza, y que el problema de las pensiones es que los chilenos cotizan sólo la mitad de los años que debiesen hacerlo, que los sueldos son muy bajos, o que la expectativa de vida ha aumentado. ¿No será entonces que los parámetros que usó José Piñera estaban errados?
En Australia –donde también hay un sistema de previsión privado– todas las pensiones (desde el jardinero hasta el gerente) son altas y permiten tener una vejez más o menos segura. Australia tiene la similitud de que sus trabajadores cotizan por un 9%, pero difiere considerablemente en el nivel de salarios y –aún más importante– que hasta los trabajos más simples son hechos con un contrato e imposiciones.
Considerando la realidad de nuestro mercado laboral –tanto actual como en los inicios del sistema– resulta evidente que el 10% de cotización no fue sino una expectativa que los ideólogos de las AFP tuvieron en 1980, respecto a cómo debíamos cotizar los chilenos. ¿Cómo podemos hablar entonces de responsabilidad individual cuando no hay un mercado del trabajo que fomente la formalidad? más aun, sabiendo que muchas personas no tienen las herramientas para exigir un contrato de trabajo y ser escuchados. ¿Alguien se imagina a una persona con cuarto medio, que apenas entiende lo que lee exigiendo un contrato para tener prestaciones sociales? La responsabilidad –en cualquier dimensión– requiere de tener conciencia de como nuestros actos afectan tanto nuestras vidas como la de quienes nos rodean, y al menos en materia laboral, Chile es un país sin conciencia de los beneficios de tener un contrato de trabajo.
Otro de los tantos argumentos esgrimidos –casi como un dogma de fe– es que la actividad privada es “superior” a las actividades realizadas por el estado. Para refutar este punto es importante mencionar que, así como el mundo se aleja de los sistemas de reparto, el nuestro –basado exclusivamente en el ahorro personal– es una anomalía dentro del panorama internacional. Existen sistemas robustos como el canadiense o el holandés en el que las personas invierten un porcentaje de su sueldo, y estos dineros en lugar de ser “robados por los políticos” –como ellos dicen– son invertido por una entidad estatal, autónoma al gobierno de turno en una gran variedad de activos.
¿Por qué permitir entonces que nuestras carreteras o sanitarias sean administradas por los fondos de pensiones estatales de Canadá u otro país, siendo que podrían ser propiedad de todos los chilenos a través de los fondos de pensiones que administrará la entidad estatal que hoy se discute en el congreso? Cabe señalar que la rentabilidad de carreteras y sanitarias está garantizada por el estado, y es del orden del 6 al 10% (dependiendo del rubro).
También –en favor de la capitalización individual– se esgrime el hecho que en un sistema de reparto nadie es responsable por los dineros administrados. Para refutar este punto sólo basta preguntarse si las AFP son responsables de las pérdidas que tienen nuestros fondos en los años que ellos califican “de rentabilidad negativa”.
El que una entidad estatal se haga cargo de la nueva cotización en ningún caso significa que nuestros ahorros vayan a esfumarse. Afirmar ello tiene la misma seriedad que en su momento tuvo el “chilezuela” con que se atemorizó a muchos votantes. Es más, si es por esfumar ahorros, recordemos que durante la crisis subprime de 2008, se esfumaron 20.000 millones de dólares en acciones que se desplomaron. Por tanto, la pérdida de recursos no es inherente a uno u otro tipo de administración (estatal o privada).
Para finalizar, es importante señalar que, con las actuales condiciones de informalidad en el empleo y lagunas en cotizaciones, se requeriría de una cotización cercana al 20% para que la tasa de reemplazo de quienes se jubilen en 40 años más sea cercana al 70% prometido en un comienzo. Todos los economistas –de izquierda y derecha– coinciden en que duplicar la cotización dañaría enormemente el empleo y los sueldos, además de mejorar en nada las actuales pensiones.
Incluso aumentando a un 20% la cotización, el problema de las bajas pensiones no se resuelve, ya que de alguna forma hay que aumentar las de quienes cotizaron muy poco o quienes fueron estafados cuando se les calculó el bono de reconocimiento al cambiarse del antiguo sistema a las AFP. Pretender que todas las mejoras necesarias sean con cargo al erario nacional, es desconocer –u ocultar – el hecho de que durante la próxima década más de un millón de personas se pensionarán en condiciones similares a las de los actuales jubilados, es decir, requerirán una ayuda potente del estado.
Es por esta razón que es necesario que la nueva entidad estatal introduzca algún elemento de solidaridad intergeneracional (no reparto), aprovechando el hecho que en un comienzo el gasto por pagar pensiones del nuevo sistema será casi cero, lo que permitirá destinar parte del flujo de caja a aumentar las pensiones de nuestros actuales jubilados. Ello –haciéndose con responsabilidad– puede sentar un precedente al introducir un elemento de solidaridad a los sistemas de capitalización como el nuestro, además de significar un alivio a la carga fiscal que tendrá el estado durante la próxima década por concepto del Pilar Solidario.
Hacer esto es, contrario a lo que afirman algunos “defensores de la libertad” como Axel Kaiser, sí es solidaridad intergeneracional, ya que reconoce que la responsabilidad de nuestras pensiones es mayormente nuestra, pero comprende que los ciudadanos de 1980 no fueron responsables de que los parámetros usados al momento de instaurar el sistema de AFP fueran más parámetros propios de un país desarrollado, que el de un país del tercer mundo, como entonces lo era Chile.
