Opinión
Hace unos 15 años miraba con atención un programa de televisión donde un panel de expertos internacionales discutía sobre el problema de la creciente militarización de los temas de seguridad interna en América Latina. Con especial énfasis en los casos de países centroamericanos y México, los expertos advertían sobre el peligro de esta práctica en términos de efectividad, control democrático y derechos humanos. Al mismo tiempo, valoraban los casos de Argentina y Chile que no habían sucumbido a la tentación de utilizar a las Fuerzas Armadas (FFAA) en funciones distintas a las que les competen por naturaleza: la defensa del país ante agresiones de otros países.
Sin embargo, recientemente, primero el Presidente Macri en Argentina (julio de 2018) y ahora el Presidente Piñera en Chile (julio de 2019), han decidido poner a trabajar a las FFAA en labores para las cuales no fueron creadas. En el caso de nuestro país, el argumento esgrimido por el Gobierno ha sido la necesidad de “aumentar la fuerza y la eficacia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado” (Sebastián Piñera, 09/07/2019).
No obstante, el involucramiento de los militares en tareas diferentes a la defensa nacional –o eventualmente de emergencias naturales y humanitarias- ha sido evaluado a lo largo de mucho tiempo y en múltiples experiencias, existiendo un amplio consenso respecto de los problemas más que soluciones que este tipo de acciones ha generado.
El Gobierno de Chile debe tomar en cuenta estas experiencias, y rectificar esta decisión por varias razones, algunas vinculadas a lo práctico y otras que poseen un trasfondo más profundo.
En cuanto a lo práctico, primero, las FFAA no han contribuido a una disminución de las actividades ilícitas ligadas al narcotráfico y el crimen organizado, sino que, todo lo contrario. En los casos más extremos, como México, donde los militares poseen como principal misión (desde el año 2006) el combate al crimen organizado y la “guerra contra las drogas”, el resultado ha sido nefasto, transformándose en el país del continente donde más se han incrementado los niveles de violencia en las últimas décadas, según lo señalado en el informe Organized Crime and Justice in Mexico (2019). En segundo lugar, está el problema de los altos recursos para el erario público que implica este tipo de disposiciones, al añadir funciones adicionales al gasto militar tradicional, como se ha observado en los casos de Centroamérica, pero también en países como Brasil y Colombia.
Con respecto al trasfondo de estas políticas, el problema es sustancial, ya que se pone en entredicho la capacidad del Estado y del sistema democrático para responder a un problema que, por su naturaleza, debiese ser enfrentado mediante políticas públicas y el control policial, y no desde instituciones que han sido constituidas y preparadas para otros propósitos. En este sentido, no solo se desfigura la razón de ser de las FFAA, sino que también –dada su formación y preparación para escenarios de conflicto bélico- se abre la peligrosa posibilidad de vulnerar los derechos humanos de los habitantes nacionales y extranjeros.
Si bien el Gobierno ha señalado que el decreto que facultará a los militares a participar en el combate al narcotráfico y el crimen organizado está “acotado” a cuestiones de vigilancia, tecnología, logística y transporte en el ámbito fronterizo, se ha abierto un camino que ha llevado a otros países a un completo desastre en este propósito, con consecuencias negativas para sus sociedades y sistemas políticos. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, ante la ineficiencia de las acciones de colaboración de los militares con la policía en materia de vigilancia, se dio paso al “plan mano dura”, el cual incluía un mayor involucramiento de las FFAA en problemas sociales y policiales, y que, al fracasar, dio lugar a otro fracaso, el “plan súper mano dura”.
Con todo, y considerando además, que en Chile los niveles de criminalidad y narcotráfico son bajos comparativamente al resto de América Latina; que durante años y a través de un proceso democrático se había logrado consolidar una clara delimitación de las funciones defensivas de las FFAA; que las instituciones armadas atraviesan un momento complejo en materia de probidad y transparencia, y que el atribuir más responsabilidades y recursos puede agravar aún más esta situación; resulta difícil comprender la decisión de la administración de Piñera más allá del populismo ante la baja aprobación popular y la completa ignorancia sobre la ineficacia que han tenido este tipo de medidas en la realidad regional, además de las consecuencias negativas que han traído en materia de consolidación de la democracia y los derechos humanos.
