Señor Director:
Este año 2019 ha sido particularmente complejo para el Poder Judicial. A la preocupante situación generada en la Corte de Apelaciones de Rancagua en donde tres de sus ministros han sido objeto de investigación por tráfico de influencias y pagos indebidos, incumplimiento de obligaciones funcionarias y por conductas que comprometen el principio de probidad, se suma la investigación ordenada por la Corte de Apelaciones de Santiago a fin de establecer la existencia de supuestas irregularidades en la nominación de jueces árbitros por parte de jueces civiles. En un tiempo en que todas nuestras instituciones republicanas han presentado fisuras a la probidad, resulta especialmente preocupante y grave que la corrupción se instale en el ejercicio de la función judicial. Si son los jueces los llamados a aplicar el derecho y a proteger a las personas de los abusos de poder, la corrupción judicial terminará por herir de muerte a nuestro Estado de Derecho y con ello a la misma democracia. En este contexto, la Corte Suprema, presentó la implementación de nuevos protocolos en el nombramiento de jueces. De esta manera, se anunció una selección anónima de los nombres que postulan al cargo respectivo, pruebas que deben ser rendidas para postular a los concursos, audiencias públicas de los candidatos, etc. Se valora la voluntad de la Corte Suprema en orden a avanzar en medidas que hagan más objetivos y transparentes los procedimientos de nombramiento de jueces, sin embargo, creo que el camino debe ser distinto. Soy partidario de la creación de un organismo dotado de autonomía constitucional, integrado por actores provenientes del mundo político, judicial, forense y académico. Entidad que implemente, coordine y fiscalice la forma de acceder a la judicatura, el comportamiento disciplinario de sus integrantes y la permanencia en el cargo, donde prevalezca el mérito y se reduzca en su máxima expresión la mera voluntad del quien designa. Finalmente, considero que debe llevarse a cabo una reforma sustancial en las escuelas de Derecho, a fin de que cualquier egresado, antes de obtener su título o estar habilitado para ejercer y postular al Poder Judicial, demuestre cumplir con estándares mínimos de conocimientos y competencias, que garantice que los derechos e intereses de las personas no serán menoscabados. En suma, hay muchas tareas pendientes para mejorar el mundo forense y hay que comenzar lo antes posible.
Jorge Astudillo
Departamento Derecho Público
Universidad Andrés Bello Viña del Mar
