Opinión
Lo que ocurra en el juicio al ex senador Jaime Orpis y a la empresa pesquera controlada por el Grupo Angelini, Corpesca, marcará un precedente clave en Chile sobre la justicia en un ámbito donde ha imperado la impunidad: la relación entre dinero y política.
El 25 de marzo comenzó el juicio oral del caso Corpesca. Luego de 5 años de investigación, se pronostica que el juicio durará alrededor de 7 meses. Los imputados: Jaime Orpis, Marta Isasi y la persona jurídica Corpesca. Los cargos: a Orpis se le imputan delitos de cohecho, fraude al Fisco y fraudes tributarios; a Isasi delitos tributarios y de cohecho; a Corpesca el delito de soborno.
El Ministerio Público cifra en $260 millones lo recibido por Orpis desde Corpesca en 5 años. A $248 millones asciende el monto defraudado, lo que en total da un perjuicio fiscal de $307 millones. A Isasi se le atribuyen 80 millones recibidos por la empresa.
Luego del destape y los escándalos que recorrieron a toda la clase política en Chile en el 2015, Orpis es el primero de los acusados por financiamiento ilegal de la política en llegar a juicio oral y arriesgar penas significativas (incluida la cárcel). Lamentablemente, a la fecha, en los otros casos (Penta, SQM) la impunidad ha triunfado. La mayoría de los imputados llegaron a acuerdos y pagaron multas, evitando un juicio oral y/o condenas significativas.
Son sólo algunos los que recibieron “condenas cosméticas”: Jovino Novoa, Claudio Eguiluz y Pablo Wagner. Para el caso de los empresarios involucrados, los controladores de Penta, Délano y Lavín, pagaron una multa por delitos tributarios y hoy toman clases de ética. Ningún representante político ni empresa ha sido condenado por cohecho o soborno. Las multas y sanciones a las empresas involucradas han sido irrisorias, y lejos de implicar una verdadera sanción si consideramos el daño cometido a la democracia.
Por esto, lo que ocurra en el caso de Corpesca es fundamental para la democracia chilena. Este juicio podrá enviar una señal clara a la ciudadanía sobre cómo se debe perseguir y castigar la corrupción , estableciendo un precedente fundamental para castigar el cohecho y soborno y detener, de una vez por todas, la la impunidad e injusticia.
Esta es la última oportunidad para que nuestro sistema judicial honre su mandato, marcando un precedente claro de que no hay personas que están por sobre la justicia. Corpesca debe ser un referente de la persecución efectiva de la corrupción en Chile. Sino ocurre, estaremos ante una razón más para alejar a la ciudadanía tanto de la política como del sistema judicial. Es mucho lo que está en juego: nuestras instituciones y la democracia.
