Opinión
Aunque reconocemos el mérito y el esfuerzo en casi todos los aspectos de la vida, cuando se trata de acceso a la educación pública, creo necesario hacer un contrapunto, connotando precisamente, en lo nocivo que sería entregarle a los sostenedores el poder discresional de seleccionar a sus alumnos. La razón: porque competirían para quedarse con los hijos de los padres con mayores ingresos e influencia pública, contribuyendo así a mantener una continuidad no aconsejable para el desarrollo armónico de la sociedad, entre otras consideraciones. De ello se desprende meridianamente que, el poder de selección siempre, debe radicar en las familias. La igualdad de oportunidades y el acceso equitativo son esenciales en una educación pública de calidad y verdaderamente justa.
Por otra parte, la reforma impulsada por la ex Presidenta Bachelet, se encuentra en régimen en 14 de las 15 regiones del país, exceptuando la Región Metropolitana. Se trata de 120 colegios emblemáticos que tienen la facultad de seleccionar hasta un 30 % de sus alumnos; facultad que hasta ahora, solo han ejercido menos de un 20% del total de establecimientos.
Por otra parte, el 60% de los postulantes han quedado en su primera preferencia y un 85% lo han resuelto satisfactoriamente. Por lo tanto, se trata de una contrarreforma que apunta a que se perpetúe un privilegio, que hace radicar en el poder económico y en la tradición familiar, la libertad de emprendimiento y el dominio de la cultura en su sentido más mercantilista. En lugar de ampliar el potencial humano cognitivo, lo disminuye.
Se acepta como verdadero y bueno que una política pública debe responder a la mayoría y no a unos pocos que hoy, producto de un mecanismo azaroso, reconocido por la ley en la etapa final del proceso de selección, quedaron sin la matrícula que buscaban. Supongamos que se encuentra en régimen la “Admisión Justa”; un porcentaje importante de alumnos y familias no tendrán acceso a los colegios emblemáticos, porque supone que no se han esforzado y no tienen mérito para acceder a ellos, entonces ¿cómo una política pública puede ser siquiera eficiente en este ejercicio?, que por lo demás es tremendamente discriminatoria y excluyente.
En consecuencia, el camino correcto y obvio no puede estar sujeto a soluciones regresivas, como la pretendida “Admisión Justa” que propone el gobierno. Todo lo contrario, el verdadero camino es el mejoramiento de la educación pública en todos sus aspectos y en todo el territorio nacional.
