Política y Derecho

En su edición del 19 de enero El Mostrador publica una entrevista al actual miembro de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, señor Lamberto Cisternas, que contiene declaraciones en materia de procesos judiciales respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura de la ultraderecha chilena que encabezó Pinochet.

Para quienes hace años hemos dedicado nuestro mayor esfuerzo a esos procesos judiciales, las declaraciones del ministro Cisternas invitan a un comentario. Durante mucho tiempo hemos podido apreciar la actitud de los jueces chilenos a lo largo del país en relación a cómo entienden que deben aplicarse las normas jurídicas nacionales y las del Derecho Internacional en esta materia. La experiencia acumulada nos muestra las diferencias de criterio en estas cruciales materias y nos muestra además que el escenario político concreto alguna influencia ejerce.

Lo observamos desde que junto a otros cinco destacados colegas presentáramos el 12 de enero de 1998 junto a Gladys Marín la primera querella directa contra el dictador por el total de crímenes perpetrados durante el régimen que él encabezó. Esa acción penal fue la primera en la historia a la que el poder judicial dio curso y que abrió paso e hizo posible el hecho que hoy se tramiten cerca de mil quinientas querellas por casos detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados y secuestrados. La judicialización de crímenes de derechos humanos comenzó hace 21 años.

Nuestra experiencia nos permite afirmar que no es igual la situación que se vive cuando el gobierno de turno pertenece a un sector que apoyó abiertamente a la dictadura, como el actual, o a un sector en que se encuentran fuerzas políticas que fueron víctimas de la tiranía. Precisamente por eso no nos sorprende que haya sido durante este gobierno, cuyo mandatario empezó su gestión decretando indultos a estos criminales y que además auspicia proyectos de ley para favorecer su impunidad, el que se haya producido en tribunales algunas sentencias impensables en otro momento político.
A estas alturas del comentario y para mayor claridad es indispensable que puntualicemos que en general y no obstante las muchas carencias vigentes, consideramos que en nuestro país se ha logrado avances en materia de juzgamiento de estos crímenes específicos. Lo que ubica a Chile en un lugar destacado entre aquellos que soportaron dictaduras terroristas. Esos avances han sido principalmente logrados por la larga lucha de las organizaciones de los familiares de las víctimas y por una positiva actitud del poder judicial muy distinta al silencio y complicidad del tribunal supremo en años de la dictadura. Con todo, es preciso al mismo tiempo que afirmemos que pese a los avances, aun falta mucho por hacer en materia de verdad y justicia.

Pero además es indispensable advertir que, como es natural, cada ser humano, cada juez, actúa conforme ha sido su propia experiencia de vida. Es un factor principal a la hora de tomar decisiones. El juez Cisternas en la entrevista citada defiende la concesión de libertades a los condenados por delitos de lesa humanidad, que antes no se concedían por entenderse que no se ajustaban a Derecho. Es más, el propio juez afirma que la acusación constitucional intentada hace un tiempo en el Parlamento en contra de quienes acordaron esas libertades que antes se denegaron, tenía un claro “ carácter político”.

Creo que es claro que lo tenía en el sentido natural y respetable del concepto de lo político. Como igualmente y por supuesto es también indudable que tiene sentido político la decisión de los ministros del alto tribunal en contra de la cual se actuaba legítimamente por diputados defensores de los derechos humanos.

El pensamiento del juez al que aludo va quedando todavía más claro cuando él advierte, para dar su versión de los acontecimientos, que “todo esto”, es decir las brutales violaciones a los derechos humanos, ocurría en “ un contexto político”. Y cuando el periodista le consulta si por “contexto” se comprende también la situación anterior al golpe, el ministro responde que sí.

Esta situación anterior al golpe, digámoslo nosotros, era la existencia de un gobierno de carácter popular, progresista, que, en favor de las mayorías, nacionalizaba las riquezas naturales del país e impulsaba nuevas reformas sociales o profundizaba otras iniciadas antes. Todo dentro del marco constitucional y legal de la época ; lo que, por supuesto, incomodaba al gobierno de los EEUU de Norteamérica y a los sectores nacionales que manejan el poder económico en el país.
Por cierto no estimo en absoluto que se haya querido decir que esa realidad política era una situación tan negativa que podría haber justificado una respuesta violenta como la que hubo. Tanto más cuanto que en la realidad de nuestro tiempo nadie puede ignorar lo mucho que se conoce del golpe del 73 en base a los propios informes del Senado norteamericano, como el Church o el Hirschey. O las confesiones del propio Orlando Saenz en su libro “Testigo Privilegiado” o los incontables antecedentes del proceso judicial respecto del golpe, la causa rol n° 12- 2013, en las que se registra hasta careos con participación de Agustín Edwards.

Reitero finalmente mi convencimiento que los actos y decisiones de cada ser humano están obviamente influidas por lo que ha sido la vida concreta que cada uno haya vivido y las opciones ideológicas que se haya podido asumir.