Señor Director:
En el marco del asesinato de Camilo Catrillanca, como directiva del Centro de Alumnos de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile tenemos el deber de pronunciarnos ante las injusticias que terminaron con su muerte.
La unidad del GOPE que llevó a cabo el operativo que terminó con el fallecimiento del comunero mapuche actuó de forma ilegal con manifiesta falta a la probidad, veracidad y proporcionalidad. Lo anterior ha quedado en evidencia con la destrucción de la prueba audiovisual y la detención ilegal de un menor de edad.
Nos parece una falta grave al Estado de Derecho que la institución que está llamada a garantizar y mantener el orden público del territorio incurra en este tipo de prácticas, vulnerando garantías básicas. Lamentamos y reprochamos su actuar, que sólo profundiza la crisis interna que existe en la institución y aumenta la razonable desconfianza de los chilenos con ella. Esto demuestra la imperante necesidad de una reestructuración interna en cuanto a su formación ética, apego a la ley y el respeto por los derechos humanos.
La muerte de Camilo Catrillanca no es más que otra demostración de la real injusticia de fondo: el trato violento y represivo del Estado chileno con el pueblo mapuche. Históricamente se ha evitado el diálogo político como vía para saldar una triste deuda que se remonta a la ilegítima ocupación de su territorio por nuestro Estado.
A la luz de los hechos, esperamos que el gobierno recapacite y rectifique su trato militarizante con La Araucanía, y se tome en serio la raíz histórica del conflicto. De otra manera la tensión solo escalará y terminaremos viendo pasar a otro gobierno que solo malentiende y agrava el estado de este asunto nacional.
Valentina Lillo Espinosa, Presidenta Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad Católica.
