Señor Director:
Queremos manifestar nuestra indignación ante el último pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema, presidida por el Sr. Hugo Dolmestch, que otorgó el beneficio de libertad condicional a cinco reos que cumplían condenas simbólicas en la cárcel especial de Punto Peuco, caracterizada por un trato privilegiado a los reclusos.
El año 1991 el Informe Rettig, en un esfuerzo transversal por recuperar la amistad cívica y forjar una cultura de dignidad, hizo una clara alusión a la complicidad del Poder Judicial con el régimen militar en desmedro de las demandas de miles de chilenos que exigían y aún exigen conocer el paradero de sus desaparecidos.
Tras la publicación del Informe Rettig se hizo pública la evidencia de las deudas que tenía el Poder Judicial con la sociedad chilena y su grave incumplimiento ético con las demandas de justicia. Tan grande fue la deuda que la sociedad tuvo como único camino el proveerse durante la dictadura de instituciones alternativas para exigir justicia, tales como la Vicaría de la Solidaridad, agrupaciones de familiares (de detenidos-desaparecidos, de ejecutados, de presos políticos), el «Comité de Defensa de Derechos Humanos y Sindicales (CODEHS)», la agrupación “Mujeres democráticas» y el «Movimiento Sebastián Acevedo contra la Tortura», entre muchas otras. En esos años el Poder Judicial escribió su capítulo más negro. Recordemos por ejemplo, que en 1986, el juez Carlos Cerda, cuando investigaba el caso de “Los 13” y tras negarse a aplicar la ley de Amnistía, fue sancionado y suspendido de la Corte Suprema por considerar que “incumplía su mandato”. Tras esfuerzos prolongados durante la posdictadura, jueces chilenos tales como Carlos Cerda, Juan Guzmán y Alejandro Solís, refrendaron esta deuda, buscaron nuevas interpretaciones a la ley e hicieron aplicar la legislación internacional, que desde la Segunda Guerra Mundial ha generado lineamientos jurídicos para lidiar con crímenes de lesa humanidad.
Sólo en 2013 la Corte Suprema de nuestro país hizo un Mea Culpa de su rol y responsabilidad histórica en la cimentación de la violencia del Estado contra los y las ciudadano y ciudadanas, y su complicidad en permitir condiciones de impunidad, mediante el cultivo de las lógicas de la negación.
Sin embargo, hoy con indignación hemos visto en los hechos y discursos del Sr. Dolmestch una muy negativa señal en lo que para nuestro país -tras 200 años de historia- continúa siendo una deuda: que los poderes del Estado efectivamente cumplan la labor que los/as ciudadanos/as les hemos encomendado. En este caso, garantizar derechos mínimos: verdad y justicia por las desapariciones, torturas, exilios y otras fracturas, daños e injusticias que dejaron en nuestra sociedad 17 años de dictadura.
Firman:
Instituto de Sociología (ISOC) de la Universidad de Valparaíso
Sonia Reyes, Directora ISOC, UV Daniela Jara, Académica ISOC UV/ COES
Alejandra Ramm, Académica, ISOC, UV Elizabeth Simburger, Académica ISOC, Directora del Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad, UV
Félix Aguirre, Académico ISOC Marcelo Charlin, Académico ISOC, Director del Centro de Investigaciones Sociológicas
Mónica Iglesias, Directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Teoría Social y Subjetividad, Académica ISOC, UV.
