EDITORIAL
Chile puede contabilizar cuatro o cinco momentos clave para su soberanía como Estado y para su desarrollo nacional: la política antártica, la guerra del Pacífico, el tratado de 1952 sobre la pesca y el Pacífico Sur, y la nacionalización del cobre. Ahora, puede agregar la propiedad y explotación del litio.
En cada uno de ellos lo clave ha sido la capacidad de sus gobernantes de apreciar la situación y ejercer voluntad de superar los obstáculos que surgen. Los actuales responsables de la conducción del país, del Gobierno anterior y el actual, han sido ambiguos con el litio y lo han visto como un asunto de negocios entre privados.
Ello va contra los intereses nacionales. Y es notoria la ausencia de un espíritu de lo público, que trascienda el simple cálculo de un negocio. Lo que está en juego es una visión de desarrollo de país de largo plazo y una inserción activa en un mundo dominado por la innovación y la tecnología, con una agenda productiva en la cual sobresalen el conocimiento, las energías limpias y el cuidado del medio ambiente.
La corrupción política y el engaño económico inducidos y practicados por muchos años por Soquimich (SQM), empresa explotadora de la concesión sobre el litio nacional, han sido enfrentados por las autoridades con cavilaciones y reticencias, generando finalmente una renegociación cuyo resultado ha dejado fortalecida a la compañía infractora, y al litio en medio de una especulación internacional, con empresas chinas, norteamericanas y australianas, que dejan fuera al Estado de Chile. Ello, sin considerar que las mayores reservas mundiales de litio se encuentran en el triángulo formado por Chile, Bolivia y Argentina (Salar de Uyuni, Salar Hombre Muerto y Salar de Atacama)
SQM, la concesionaria nacional, que fue privatizada en época de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, quedando controlada por su ex yerno Julio Ponce Lerou, ha hecho una gestión más que corrupta, que la llevó a sufrir –entre otros graves problemas– sanciones en EE.UU. por operaciones en Chile, con daños a pequeños accionistas. Su contrato de concesión del litio es un permiso de carácter administrativo y no la adjudicación de un derecho, pues la legislación establece que la propiedad del mineral no metálico es del Estado de Chile. Visto en perspectiva, el juicio arbitral entre SQM y Corfo por incumplimientos del contrato y acciones delictuales en el financiamiento de la política, prácticamente no tuvo consecuencias para la empresa.
[cita tipo=»destaque»]Con Tianqui la relación que se genera, en realidad, no es con una empresa cualquiera, sino que es con el Estado chino, propietario del 50% de todas las manufacturas e industrias de ese país. La manera en que despliega sus inversiones en el mundo, la llamada “Go global” en el año 2000, consiste en una “polinización cruzada” de mercados con capital, tecnología y poder político. China hace un uso meramente instrumental de las reglas de mercado y de la competencia. Siendo el sistema chino “estructuralmente opaco”, como señala Manuel Cruzat, no son pocas las oportunidades en que opera de manera depredadora en los mercados y aplica su presión gubernamental frente a terceros países, ya sea argumentando discriminación o “inmunidad soberana” cuando está requerida por un regulador riguroso.[/cita]
En septiembre de 2016, Tianqi Lithium Corporation, una compañía china dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y distribución de productos de litio, compró el 2,1% de las acciones de SQM a SailingStone Capital Partners LLC (SCP). A partir de allí tomó protagonismo para aumentar su participación en la minera no metálica chilena. El 17 de mayo de 2017, finalmente, Tianqi compró el 24% de la participación en SQM de la canadiense Nutrien (sucesora de Potash, accionista minoritaria de la firma), provocando de inmediato una alerta en el mercado mundial del litio debido a la concentración de la producción que resultaba de ello.
Una esclarecedora columna de Manuel Cruzat acerca de dicha operación sostuvo que esta debe ser rechazada por las autoridades regulatorias (aún está pendiente) por infringir la Ley de Libre Competencia chilena y, posiblemente, también la norteamericana. Con su incorporación, Tianqi tendría una participación directa de 17% en el actual mercado mundial del litio, y Albemarle (otro accionista mayor de nacionalidad estadounidense) un 30% del mismo. Ambas empresas son socias en Talison, Australia, un relevante proyecto de litio. Y como SQM posee un 23% del mercado mundial, entre los tres sumarían incidencia sobre el 70% del mercado actual del litio en el mundo. Las consecuencias pueden ser incalculables para el desarrollo de esta fuente de energía limpia. Todo, al margen de la voluntad del Estado chileno.
Podría profundizarse en cifras y datos relevantes de estas empresas, especialmente la china. Tianqui posee en Chile proyectos de salmuera de litio en Siete Salares en Atacama, cinco de los cuales están agrupados en un radio de apenas 30 km, y en China tiene participación en el proyecto del Lago de Litio Salado Zhabuye, única salmuera natural existente en el mundo a base de carbonato de litio. Galardonada como empresa de alta tecnología de China, y Base Nacional de Industrialización de Alta Tecnología para material de magnesio y litio, sus desarrollos industriales los hace en ese país. Como proveedor en el mercado global de baterías, se calcula que será capaz de producir 100 mil toneladas anuales de litio refinado hacia 2020, para un mercado que solo en automóviles alcanzará la cifra de US$730 mil millones el 2027.
De toda esta prospectiva, Chile prácticamente no obtiene nada, excepto el pago de impuestos por extracción de mineral. Con la actual política del Estado chileno no habrá desarrollo industrial, según los expertos. Menos aún baterías para la industria nacional de defensa, respecto de la cual la tecnología de baterías de litio para submarinos viene de la mano de innovadores noruegos en los prototipos que están produciendo, y que serían un regalo estratégico para nuestro país.
Con Tianqui la relación que se genera, en realidad, no es con una empresa cualquiera, sino que es con el Estado chino, propietario del 50% de todas las manufacturas e industrias de ese país. La manera en que despliega sus inversiones en el mundo, la llamada “Go global” en el año 2000, consiste en una “polinización cruzada” de mercados con capital, tecnología y poder político. China hace un uso meramente instrumental de las reglas de mercado y de la competencia. Siendo el sistema chino “estructuralmente opaco”, como señala Manuel Cruzat, no son pocas las oportunidades en que opera de manera depredadora en los mercados y aplica su presión gubernamental frente a terceros países, ya sea argumentando discriminación o “inmunidad soberana” cuando está requerida por un regulador riguroso.
Pese a ser el principal socio comercial del país, su presencia en materia de inversión directa es baja, lo que se debe –según analistas– a la escasa tolerancia que tienen para aceptar reglas medioambientales severas o limitaciones en materia de leyes laborales. Pero desde el año 2015 tres bancos chinos empezaron a domiciliarse en la plaza –el China Construcción Bank, el Bank of China y el China Development Bank–, indicando que están dispuestos a facilitar las operaciones de las empresas chinas en Chile, especialmente en infraestructura y minería.
Su manera de operar con la presión política por adelante , NO FACILITA las alianzas con empresas chinas. En el caso de Tianqui, el embajador Xy Bu se reunió en abril de 2018 con el ministro de Economía José Ramón Valente, para inquirir acerca de las aprensiones chilenas sobre la empresa en los reguladores de libre competencia y monopolios.
La empresa china, a su vez, ha contratado los servicios del estudio de abogados Carey y Asociados, y se ha desplegado ante los reguladores públicos y otras instituciones de manera intensa para presionar a favor de su inversión.
Las malas experiencias previas de Ecuador, Bolivia y Venezuela con las inversiones chinas no desalientan a los empresarios locales, que parecen imantados por el esplendor financiero chino. Ni siquiera los casos judicializados en Estados Unidos, donde el Gobierno chino ha llegado hasta la Corte Suprema de ese país para exigir inmunidad soberana a sus empresas, han constituido un elemento que los llame a reflexión. Tampoco el hecho de que en el caso de Tianqi el país está desechando una oportunidad histórica de industrialización innovadora, que perfectamente podría poner sobre la mesa de la inversión china.
China –algo que aún parece no entenderse– es más compleja de lo que parece y son muchas las dudas acerca de si, efectivamente, la suya es una economía de mercado. Con todo, el país requiere inversiones y lo aconsejable en estos casos es buscar los acuerdos más simétricos posibles, con un respeto irrestricto a las reglas de mercado y ventajas tecnológicas como nación en desarrollo, de lo cual China puede ser un buen proveedor. En la medida que todo sea de manera transparente.
