Opinión
Hoy existe un amplio consenso sobre la necesidad de ampliar y regular las instancias de participación en el marco de la reforma al SEIA. Esto, porque las instancias formales de participación actualmente provistas por el Estado han sido insuficientes y presentan una serie de brechas procedimentales, como por ejemplo, la restringida y tardía oportunidad de participación respecto a la fase de desarrollo del proyecto la cual ocurre cuando las decisiones claves del proyecto ya han sido tomadas; el consiguiente bajo nivel de incidencia por parte de las comunidades de lo que se discute; o la falta de difusión adecuada en las convocatorias de participación.
A lo anterior, se suma el hecho de que la actual participación ocurre en un contexto de desconfianza aprendida entre los actores y una serie de experiencias de gran conflictividad socioambiental.
En estas circunstancias, los procesos de participación ciudadana suponen, en el mejor de los casos, instancias consultivas y, en el peor, espacios meramente informativos que para las comunidades resultan ser un espacio instrumentalizado que no cumple con sus expectativas.
Por tanto, si bien es una buena noticia que exista un consenso sobre la necesidad de contar con más instancias de participación ciudadana (tal como lo demostró la Comisión Asesora Presidencial y la Comisión Paralela para la reforma al SEIA), debemos poner atención sobre los estándares de calidad de estos espacios participativos. El diálogo, si no es simétrico ni permanente, no basta.
En efecto, el anuncio de una participación temprana en sí misma no es necesariamente garantía de una mejora en la participación, en la medida que, si un proceso de diálogo no se hace cargo de las asimetrías entre los actores, éste no resuelve el problema de fondo y mantiene las desigualdades de recursos entre los participantes. Además, existen algunos proyectos que, por su magnitud de infraestructura e impactos en escala temporal y geográfica, requieren generar lazos de confianza en el territorio donde se emplazan de manera permanente durante todo su ciclo de vida, no sólo durante o para el proceso de tramitación ambiental.
[cita tipo=»destaque»]Para esto se propone la instalación de una mesa de trabajo que, con presencia de todos los actores territoriales y basada en una metodología por etapas, dialogan sobre temáticas relativas al proyecto y sus impactos socioambientales, siendo un insumo para el diseño y preparación de la evaluación ambiental del mismo. Junto a los temas socioambientales, este sistema da la oportunidad para canalizar (y distinguir de la evaluación ambiental) la diversidad de preocupaciones, ideas y aspiraciones que tienen los territorios, mediante la discusión sobre los aportes que el proyecto podrá realizar al desarrollo del territorio, direccionando esta inversión hacia iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.[/cita]
Considerando todos estos elementos, en Espacio Público durante los últimos años hemos analizado las distintas problemáticas de los conflictos territoriales y socioambientales. Específicamente, en este último año, con el financiamiento de CORFO a través del fondo de inversión estratégica adjudicado a Alianza Valor Minero, hemos estado trabajando en el diseño institucional de un sistema que se hace cargo de la problemática antes planteada. Así, el Sistema de Diálogo Permanente, tiene una serie de atributos que permite hacer frente a los déficits de participación ambiental y, al mismo tiempo, posiciona al Estado en un rol garante del diálogo entre participantes.
Para esto se propone la instalación de una mesa de trabajo que, con presencia de todos los actores territoriales y basada en una metodología por etapas, dialogan sobre temáticas relativas al proyecto y sus impactos socioambientales, siendo un insumo para el diseño y preparación de la evaluación ambiental del mismo. Junto a los temas socioambientales, este sistema da la oportunidad para canalizar (y distinguir de la evaluación ambiental) la diversidad de preocupaciones, ideas y aspiraciones que tienen los territorios, mediante la discusión sobre los aportes que el proyecto podrá realizar al desarrollo del territorio, direccionando esta inversión hacia iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Estos objetivos sólo se pueden lograr si existen las condiciones que permiten un diálogo efectivo y simétrico. Para ello, se propone la existencia de facilitadores imparciales que pertenezcan al Sistema, encargados de asegurar el cumplimiento de estándares de participación nacionales e internacionales. También, se propone emparejar la cancha de los participantes mediante instancias de habilitación, a través del financiamiento de capacitaciones y asesorías técnicas pertinentes.
La creación de un sistema de diálogo con las características propuestas es una invitación para que Chile cuente con un mecanismo de gobernanza que garantice la generación de confianzas a largo plazo, con responsabilidades y derechos claros para todos los involucrados. La actual reforma al SEIA es una ventana de oportunidad para mejorar la participación ambiental vigente, promoviendo la generación de soluciones institucionales que permitan diálogos participativos de calidad.
