Opinión
Basta una lectura sinóptica y diacrónica de la teoría social reproducida/elaborada en Chile en las últimas décadas para advertir las articulaciones existentes entre el saber de las ciencias sociales y los procesos políticos imperantes. Se trata de una permanente interacción – con alcances continentales – donde siempre una teoría paradigmática [Ejemplos: teoría del retraso, procesos de modernización en América latina, teoría de la marginalidad, teoría de la dependencia, monetarismo, transiciones a la democracia.] es habilitada para proveer la lógica interna de los procesos político-sociales, particularmente en épocas de crisis. Si extremo el argumento, podría llegar a sostener que el saber académico, durante los últimos decenios ha contribuido inexcusablemente a la elaboración de criterios gubernamentales y formas históricas de Estado. Dicho de otro modo, los saberes de las ciencias sociales en general y de la politología en particular, desde sus orígenes, aparecen revestidos de un significativo potencial de racionalización de la vida político social de nuestra sociedad, mediante la producción de conocimientos que servirían para operar eficazmente sobre la realidad y para dotar al debate de los asuntos públicos de un relato pretendidamente objetivo y al mismo tiempo orientador y eficaz.
La palabra transición es de data pretérita y ha cambiado de contenido constantemente re-significándose una y otra vez: Le debemos a la corriente sociológica marxista de los años sesenta haber incorporado el término en la jerga política chilena, transición significaba referirse a los pasos “desde un modo de producción a otro”. Podemos hallar una vasta bibliografía producida durante las décadas de los ’60 y comienzos de los ‘70, centrada en las discusiones sobre los tránsitos. Desde uno de sus usos epocales la misma indicaba una forma abstracta de devenir en donde cualquier sociedad entendida como formación económico/social se encontraría en transición. Por otro lado, podía indicar el trazo específico de determinados períodos históricos: el tránsito de un modo de producción de determinada formación económica/social a otro.
El uso del término, en este caso, reconoce sus fuentes en el vocabulario marxista de anclaje latinoamericano, que prontamente dejó de ser utilizado cuando comenzó a empoderarse en las prácticas discursivas el término transición a la democracia. También hablaban de transición los sociólogos, para referirse al tránsito de la sociedad tradicional a la moderna. Como se sabe, este es un tema que fue intensa y frenéticamente debatido, tanto en la academia como en el espacio público. La literatura es prolífica al respecto. El eje argumentativo lo densificó y puso en circulación Gino Germani (1971) que concibe “el desarrollo económico en términos de tránsito de una sociedad tradicional a una sociedad desarrollada.” La primera se caracterizaba sobre todo por una economía de subsistencia, la segunda por una economía expansiva fundada en una creciente aplicación a la técnica moderna. Esta profunda transformación – continúa Germani – “abarca todos los aspectos de la vida humana: organización económica, estratificación social, familia, moral, costumbres, organización política”. Su impacto implicó además, cambios sustanciales en las formas de pensar, de sentir y de comportarse de la gente. Ahí, qué duda cabe, había transición.
[cit tipo=»destaque»]La política de la transición en Chile se constituye a partir de un pacto, nunca explícito, que dio origen a la transición duopólica y que no solo no modificó el modelo neoliberal, por el contrario el modelo de desarrollo implementado en dos fases 1975 a 1980 [Programa de recuperación económica, dirigido por Sergio de Castro] y luego desde 1985 a 1990 (Políticas fondistas de Hernán Büchi) alcanzó mientras se transitaba su madurez. Es en ese encuadre transicional que la política de la transición en Chile se constituye en la suposición que es la única política seria y que por lo tanto lo único que cabe es circunscribirse a sus límites, demarcando discusiones y decisiones a espacios y expectativas delimitadas a priori, del todo incapaces de alterar la reproducción de la arquitectura neoliberal.[/cita]
Fue Guillermo O’Donnel quien tomó esa palabra para conceptualizar las dictaduras de nuevo cuño, particularmente en su esfuerzo por analizar las dictaduras conosureñas, esto es, las dictaduras con las Fuerzas Armadas instaladas institucionalmente en el poder. Pero transición aquí quiere decir que el régimen burocrático autoritario está colocado en oposición al totalitarismo, porque en los regímenes totalitarios [los regímenes fascistas] no puede haber transición. En términos específicos está la teoría de las coaliciones liberalizantes [Concertación con eje DC/PS, por ejemplo] como el mecanismo básico de salida de las dictaduras militares hacia regímenes civiles. Es del todo irredargüible que esta categoría de transición política se encuentra en su génesis claramente acotada a su sentido estrictamente político/procedimental. Visto así, resulta evidente que el acople de esta categoría en la acción política devino necesariamente en la reducción y centralización del horizonte de posibilidades a la constitución de un régimen formal de democracia. Estamos hablando de una democracia de baja intensidad.
Pues bien, el mito que nos remite a los usos, modos y lógicas de la transición a la democracia como la única forma posible de la política y el origen de toda probabilidad seria para avanzar hacia el crecimiento económico y al desarrollo del país, es del todo falaz.
La política de la transición en Chile se constituye a partir de un pacto, nunca explícito, que dio origen a la transición duopólica y que no solo no modificó el modelo neoliberal, por el contrario el modelo de desarrollo implementado en dos fases 1975 a 1980 [Programa de recuperación económica, dirigido por Sergio de Castro] y luego desde 1985 a 1990 [Políticas fondistas de Hernán Büchi] alcanzó mientras se transitaba su madurez. Es en ese encuadre transicional que la política de la transición en Chile se constituye en la suposición que es la única política seria y que por lo tanto lo único que cabe es circunscribirse a sus límites, demarcando discusiones y decisiones a espacios y expectativas delimitadas a priori, del todo incapaces de alterar la reproducción de la arquitectura neoliberal.
La épica proyectada al futuro es ensalzada con la historia reciente, de esta manera lo que pretende Piñera y el bloque de gobierno que él conduce, es recoger una narrativa y reconocer a un héroe, que aún no siendo de su partido es incorporado a su ideario elaborando un discurso en el que se hace necesaria una segunda transición. Esta segunda transición no es en oposición a la Dictadura cívico/militar – como la vez anterior – sino, que quede claro, contra la mala gestión de los gobiernos concertacionistas y nueva-mayorista, se trataría de una transición desde la ineficiencia y la ineficacia hacia la buena gestión y el crecimiento económico para dejar a Chile ad-portas del desarrollo.
La oposición en ese encuadre solo podría apelar eventualmente a relatos/demandas/usos/modos/formas/imágenes/estilos de la izquierda transicional, pero sin reconfigurarlas hacia otro horizonte con perspectiva post-neoliberal. El espíritu de época de la transición insiste implícita y explícitamente en que no podemos imaginar y pensar otro país. Y es que todo lo que exceda el orden de la transición corresponde, desde esa perspectiva, a poner en riesgo la gobernanza [el pacto transicional], la estabilidad [la reproducción del orden económico/social], la política económica [el patrón de acumulación rentista] y los equilibrios macroeconómicos [la austeridad fiscal].
Ese espíritu de época noventera que pretende capturar la segunda transición se expresó con nitidez en la cuenta pública, en el relato escritural de Piñera y sus asesores de palacio se deriva la idea que la realidad que se tiene ante los ojos el Chile contemporáneo es como un flujo de energía, una inercia tal vez, que no hay que torcer, sino nada más permitir con una adecuada gestión que fluya.
Al abrir una experiencia distinta de la política, sustentada en lo que no puede sino partir siendo una promesa, las nuevas demandas como “educación no sexista” por ejemplo – Piñera no mencionó ni una sola vez el concepto en su cuenta pública – que forma parte de las demandas de la llamada ola feminista, solo pueden ser consideradas poco serias desde el discurso de la transición que de suyo se asume como políticamente correcto.
Reproducir lo que la transición efectivamente dejó en su proceso de modernización diferenciante, acumulativa, expoliadora del trabajo humano y excluyente de las mayorías solo nos puede llevar en el mejor de los casos a legitimar las viejas prácticas de la política transicional cuyos pilares, ya sabemos, descansaron en el incestuoso maridaje dinero/política y en la tendencia endogámica de los cuadros de la elite en cargos políticos en el Congreso y en los ministerios y al mismo tiempo en el mecanismo rutinizado de la “puerta giratoria” entre los directorios de empresas relacionadas con los servicios estatales asociados a derechos sociales privatizados y el propio aparato estatal.
Paradojalmente, en esta lucha por adueñarse de la épica de la transición chilena la derecha ha caído en una trampa, lo que ellos han elegido como narrativa de triunfo, para otra parte de la sociedad es el período de la traición, de la negociación a puertas cerradas, de los pactos, de los amarres constitucionales, de las promesas incumplidas y del germen del malestar y el distanciamiento de las personas de a pie respecto a la política.
La segunda transición es falaz puesto que nos remite a pura tecnología política, es burda ingeniería política reducida a relato vacío que oculta/obstruye las condiciones de posibilidad de dar un salto al futuro, lo que la segunda transición pretende es adueñarse del presente e inmovilizarlo, apostando a su reproductibilidad.
Solemos olvidar que la derecha – hoy en el gobierno – creía el 19 de noviembre pasado estar ad-portas de celebrar una victoria cultural y electoral de proporciones. Previo a esa primera vuelta la encuesta electoral del CEP informó que Beatriz Sánchez bajaba de un 17,9% a un 9% en intención de voto de quienes irían a sufragar; de qué manera esa información más cercana a la post-verdad que a las frías cifras estadísticas habrían bloqueado el paso de la candidata frenteamplista a la segunda vuelta es una respuesta difícil de dilucidar.
La derecha, no obstante, haber ganado las elecciones presidenciales el 17 de diciembre del 2017, está electoralmente en el mismo lugar que en el 2009 y sus insumos y herramientas intelectuales no dejan de ser laxas, y persisten en su anclaje tecnocrático que no logra ocultar su desenfreno economicista, no obstante sus dispositivos en tanto tecnologías de poder son eficientes y eficaces. La persistente falta de densidad intelectual – salvo raras excepciones en los últimos años de intelectuales que no logran tener pertenencia orgánica – del relato de la derecha le impide abrirse a la complejidad del mundo de la vida, de modo tal que o bien por lo general queda inhabilitada de decir algo con sentido – el debate sobre el aborto fue un síntoma inequívoco de sus carencias – o bien, su comprensión muchas de las veces estereotipada – las opiniones del Ministro Varela y del propio presidente Piñera son elocuentes en este sentido – da pábulo a decisiones que son estrechas, rígidas, reduciendo la realidad a tal punto que no logran alcanzar efectiva influencia en los sectores sociales más desalienados. Dado que la derecha raras veces se atreve a manifestar explícitamente lo que piensa, suele entramparse y caer en vaguedades o insistir en la retórica noventera [“política de los acuerdos”] carente de contenido y de una visión estratégica de futuro.
Por todo lo anterior se abre un espacio a la oposición para impugnar al proyecto neoliberal organizando el malestar, hastío, agobio social generado por el neoliberalismo y representar ese malestar institucional y socialmente. En ese contexto la oposición está en una disyuntiva, pon un lado hacer caso omiso a la política de los acuerdos que la circunscribiría probablemente solo a un recambio generacional y por tanto constituirse en una fuerza político/social inofensiva para el neoliberalismo o por el contrario, asumir el desafío político de restaurar los vínculos con el mundo social, con el mundo del trabajo, con los sectores populares y subalternos construyendo colectivamente un proyecto estratégico contra-hegemónico que haga retroceder al mercado y abra paso al reconocimiento de derechos sociales universales.
Se trata de un escenario desafiante para los movimientos y partidos políticos con vocación de cambio que deberán constituir una fuerza capaz de abrir los límites de la política de la transición, impugnando los pilares del orden neoliberal: el Estado subsidiario y su lógica de focalización del gasto público como política social. Hoy las demandas de los movimientos sociales, de los territorios, de la diversidad, de las comunidades, de las minorías, de los sectores clase-medieros son demandas que comportan la necesidad de una expansión democrática del Estado, que permita recuperar los derechos sociales negados a la mujer, a las minorías sexuales, étnicas e inmigrantes y usurpados a la infancia, la vejez desvalida y precarizada, la educación y la salud. Nada será viable para las fuerzas políticas con convicciones de cambio si no son capaces de construir un sujeto colectivo con vocación de poder y proyecto estratégico que permita superar la democracia semisoberana que actualmente nos gobierna y avanzar hacia una fase postneoliberal. Al mismo tiempo, quien quiera acometer ese rol deberá dar la batalla por reconceptualizar la subjetividad neoliberal resignificando los sentidos/conceptos/usos y luchas político sociales.
En esa dirección la oposición en la segunda transición confronta como principal desafío en la hora presente brindar reconocimiento al malestar social de modo tal que debiese ser capaz de captar las coordenadas de significados que lo configuran, de lo contrario seguiremos transitando, hacia atrás.
