Opinión
Los polémicos dichos del diputado Ignacio Urrutia (UDI) a propósito del retiro del proyecto de indemnización para víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura militar, han copado los medios durante los últimos días. Aunque ya nos habíamos acostumbrado al pinochetismo recalcitrante de Urrutia, la absoluta frivolidad con que se refirió a las víctimas —en particular, al calificarlas como “terroristas con aguinaldo”— fue una “patada en el estómago” para todos quienes, en la centroderecha, defendemos la democracia como forma de gobierno y condenamos categóricamente las violaciones a los derechos humanos acontecidas durante la dictadura.
Afortunadamente, el rechazo a las palabras del diputado fue transversal, incluyendo a diputados de Chile Vamos, como Francisco Undurraga y Andrés Molina (Evópoli), Ximena Ossandón y Sebastián Torrealba (RN) y Jaime Bellolio e Issa Kort (UDI), así como por el propio gobierno. Esta amplia condena es más meritoria porque da cuenta del poco piso que, en los hechos, tiene la revancha pinochetista del diputado. Esto manifiesta una evolución importante de la propia centroderecha, desde la justificación incólume de la dictadura y el desfile anual de parlamentarios del sector por los cumpleaños del general Pinochet en los años ’90, hacia una coalición que, desde el reconocimiento de los crímenes atroces cometidos en dictadura y la necesidad de justicia que ello impone, repudia el desprecio por los derechos humanos de uno de los últimos viudos públicos de la dictadura.
Si bien podrá discutirse sobre el financiamiento o pertinencia de las indemnizaciones, tal como lo ha manifestado la Subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Recabarren (Evópoli), es necesario estudiar fórmulas para alcanzar una reparación integral frente al hecho de que la prisión política y la tortura fueron prácticas sistemáticas del Estado durante la dictadura, generando un gravísimo daño a las víctimas y sus familias. Por otra parte, parecen ser injustas las críticas de algunos parlamentarios UDI en su contra, ya que Recabarren no señaló que la UDI debía sancionar a Urrutia, sino que uno esperaría un pronunciamiento de las instituciones de las que él forma parte (su partido y la Cámara de Diputados). Además, como autoridad responsable de la Política Nacional de Derechos Humanos, resulta lógico que expresara una sensibilidad especial frente a dichos derechamente crueles e incendiarios, pero a la vez fue valiente: a veces pecamos de una lealtad tuerta, que nos impide ser tajantes en condenar públicamente a nuestros aliados por sus errores (o, en este caso, horrores). Por el contrario, la incapacidad de la UDI de sancionar al diputado también puede ser leída como una deslealtad para con un Presidente y un gobierno que se identifican como comprometidos con la democracia y los derechos humanos.
Mención especial merece el único (y predecible) respaldo recibido por Urrutia, de parte del ex diputado José Antonio Kast. Como era de esperarse, se sumó al berrinche pinochetista, sosteniendo que algunas “organizaciones, dirigentes y parlamentarios llevan años lucrando con los derechos humanos”. Sin embargo, cuando la periodista Mónica Rincón (CNN) le pidió nombres para respaldar sus acusaciones, respondió tajantemente: “No, en este momento no tengo los nombres específicos”. Una clara muestra de la desconsiderada liviandad con que la nueva derecha extraparlamentaria busca posicionarse como nuevo referente a costa de víctimas de crímenes atroces.
[cita tipo=»destaque»]Si bien podrá discutirse sobre el financiamiento o pertinencia de las indemnizaciones, tal como lo ha manifestado la Subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Recabarren (Evópoli), es necesario estudiar fórmulas para alcanzar una reparación integral frente al hecho de que la prisión política y la tortura fueron prácticas sistemáticas del Estado durante la dictadura, generando un gravísimo daño a las víctimas y sus familias. Por otra parte, parecen ser injustas las críticas de algunos parlamentarios UDI en su contra, ya que Recabarren no señaló que la UDI debía sancionar a Urrutia, sino que uno esperaría un pronunciamiento de las instituciones de las que él forma parte (su partido y la Cámara de Diputados). Además, como autoridad responsable de la Política Nacional de Derechos Humanos, resulta lógico que expresara una sensibilidad especial frente a dichos derechamente crueles e incendiarios, pero a la vez fue valiente: a veces pecamos de una lealtad tuerta, que nos impide ser tajantes en condenar públicamente a nuestros aliados por sus errores (o, en este caso, horrores). Por el contrario, la incapacidad de la UDI de sancionar al diputado también puede ser leída como una deslealtad para con un Presidente y un gobierno que se identifican como comprometidos con la democracia y los derechos humanos.[/cita]
Finalmente, cabe destacar que para quienes nos definimos como liberales, el compromiso con los derechos humanos es absolutamente esencial. Liberalismo y derechos humanos prácticamente nacieron juntos, de la mano de las revoluciones de los siglos XVII y XVIII, por ejemplo, con el Bill of Rights que dio nacimiento a la monarquía constitucional inglesa, con la Declaración de Virginia en la Revolución Americana y con la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano que fue poniendo fin al Ancien Régime en Francia. Recordemos, asimismo, que John Locke, considerado el padre del liberalismo, desarrolló el concepto de derechos naturales, que significa que las personas somos libres e iguales por nacimiento; idea que posteriormente fue profundizada por pensadores de la talla de Immanuel Kant y John Stuart Mill, quienes expandieron el carácter universal de los derechos de las personas.
Quienes somos liberales, particularmente desde Evópoli como partido de gobierno, creemos que cada persona debe gozar de libertad para perseguir su propio proyecto de vida, desde su propia visión de la felicidad, sin que ese proyecto se vea coartado, amenazado o incluso restringido, al menos de manera arbitraria, tanto por el Estado como por terceros. Al Estado, de hecho, le conferimos el rol fundamental de preservar la convivencia civil, por lo que la utilización de su aparato coercitivo debe restringirse sólo a sus funciones democráticamente asignadas y, justamente, para garantizar el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Y nunca, obviamente, para asesinar, torturar o perseguir a individuos o grupos, por su pertenencia a determinados grupos políticos. Como bien dijo el Dalai Lama, “la paz sólo puede durar donde los derechos humanos son respetados, donde la gente se alimenta, y donde los individuos y naciones son libres”. Sólo desde una sociedad que respete los derechos humanos es que podremos hablar efectivamente de libertad.
El caso de Urrutia pone de manifiesto que la defensa de la democracia y de los derechos humanos es todavía un desafío para la centroderecha. Lo importante es que mayoritariamente las voces del sector se sumen a dicha defensa y sean capaces de dejar atrás el lastre de la dictadura y consolidar la “despinochetización” del sector. Quizás un día, como versa aquella canción de Sol y Lluvia, poder decir: “adiós carnaval, adiós general”.
