La infancia vulnerada y las acciones con que el Estado enfrenta las problemáticas asociadas a ella, es parte de un debate de larga data. En nuestro país, son ya varios los mandatarios que han declarado a la infancia como una de sus máximas prioridades. Sin embargo, las situaciones de vulneración a los derechos de niños, niña y jóvenes de las cuales hemos sido testigos, y cuya expresión más dramática son los sucesos acontecidos en los centros del Sename; constata como en la práctica, la infancia no ha sido prioridad para el Estado ni para la sociedad en su conjunto. El Presidente Piñera, ha declarado al país cinco prioridades de su administración para el presente periodo gubernamental, siendo relevada en especial, el alcanzar un gran acuerdo nacional por la protección de la infancia. Al respecto, cabe señalar que la administración de la Presidenta Bachelet impulso una agenda legislativa destinada a fortalecer la institucionalidad en esta materia. Los proyectos de leyes fueron aquellos referidos a la sanción del maltrato infantil, sistema de garantías de los derechos del niño, la subsecretaria de la niñez, la defensoría de la niñez, la entrevista video grabadas, además de los proyectos de ley que crean un Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas; y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. De acuerdo a lo declarado por la actual administración, se espera acelerar la tramitación de estos dos último proyectos, no sin antes incorporar modificaciones en términos de protección de menores vulnerables. Pero el tema no es fácil. No solo se trata de modificaciones organizacionales y financieras, sino de imprimir en los actores del sistema, conciencia y compromiso en el cumplimiento de las labores asociadas a la atención de niños, niñas y jóvenes cuyas actuales condiciones sociales minan cualquier oportunidad de desarrollo. Desde el punto de vista de los recursos, resulta evidente que una reforma profunda a la institucionalidad de la infancia, requiere una significativa inversión tanto en infraestructura como en recursos humanos entre otros factores. Sin embargo, la experiencia nos señala que más allá de las declaraciones que se han realizado sobre la importancia de la protección a la infancia, la verdad es que la disposición de recursos en torno a mejorar los distintos programas orientados a ello, no gozan de preferencia al momento de definir el presupuesto de la nación. A modo de ejemplo, el actual Servicio Nacional del Menor, principal órgano del Estado destinado a la protección de la infancia y apoyo a la reinserción de jóvenes infractores, tuvo como presupuesto $279.759 millones de pesos el año 2017, destinándose $146.542 millones a subvenciones de proyectos en áreas de protección a menores, cifra muy superior a los 23.000 millones de pesos destinadas al área de justicia juvenil, según datos de la Dirección de Presupuestos. Para el año 2018, se ha incrementado dicho presupuesto en 10,7%, llegando a $323.410 millones destinados a los distintos Programas de Menores, de los cuales $177.209 millones son destinados a las subvenciones del área de protección de menores, en tanto que el área de justicia juvenil el presupuesto solo alcanza los 24.000 millones de pesos. Este es un aspecto relevante, toda vez que si bien el área de protección requiere atención urgente, no es menos cierto que los planes y acciones asociados a la atención de jóvenes infractores, requieren una profunda revisión y evaluación en términos de ponderar si efectivamente son una herramienta efectiva en materia de reinserción social. Esta consideración no ha estado presente en el actual debate, quizás porque es un tema que también interpela al Estado respecto de su compromiso con los jóvenes infractores y en general con los temas asociados a la seguridad pública. El tema no es menor, si se considera las complejidades asociadas a la problemática de la comisión de delitos por parte de jóvenes. Según datos de la Subsecretaria de Prevención del Delito, son más de 18 mil niños, niñas y jóvenes menores a 17 años que durante el año 2017 estuvieron vinculado a la comisión de algún delito de mayor connotación social, dato que se ha mantenido constante en los últimos años.
[cita tipo=»destaque»]Sobre lo que debemos reflexionar es ¿qué tan distinto serían los resultados si dispusiéramos de recursos suficientes para esta reformas, incluso postergando otras necesidades sociales de igual relevancia?[/cita]
De esta manera, es posible aventurar que si no existe efectividad en las políticas públicas destinadas a la atención de estos jóvenes, no hay razones para suponer que las curvas de delitos disminuyan en el futuro, toda vez que se generan las condiciones para que éstos incorporen la criminalidad como una conducta de vida permanente. Sobre este punto, basta señalar las tasas de reincidencia que es posible observar en los distintos estudios sobre la materia. Al respecto, se estimaba que, de acuerdo a un estudio realizado por el Servicio Nacional de Menores del año 2015 sobre esta materia; la tasa de reincidencia para los 12 meses luego del egreso de un joven infractor de alguno de los programas de intervención, ronda el orden del 38%., en tanto que si se considera como indicador la observación ampliada a 24 meses, la tasa de reincidencia ronda el 52%. ¿Que se requiere para abordar un debate serio sobre esta materia, y que permita fijar el rumbo para un horizonte de acción que trascienda la acción de un gobierno en particular? Por lo pronto, construir una base de acuerdo que situé esta problemática en un lugar de privilegio en el debate público. Pero tanto o más importante, es definir con claridad y en detalle, si la sociedad está dispuesta a proveer los recursos necesarios para modificar la situación actual. Lo anterior no solo pasa por disponer de recursos financieros suficientes para iniciar dicho camino, sino también saber dónde éstos se deben destinar. Son claras las insuficiencias que existen en materia de infraestructuras de centros de atención, pero también existe déficit importante en la cantidad y calidad de recursos humanos. A modo de ejemplo, El personal que atiende los centros de menores, ocupan los últimos lugares en la escala de remuneraciones, pero además muchas veces adolecen de expertise técnico, lo cual es subsanado por la experiencia práctica en dichos centros, con todo lo que significa aquello. Sobre lo que debemos reflexionar es ¿qué tan distinto serían los resultados si dispusiéramos de recursos suficientes para esta reformas, incluso postergando otras necesidades sociales de igual relevancia?; ¿Qué resultados obtendríamos si la institucionalidad pusiera su énfasis en dotar a los centros de atención a menores de personal bien remunerado, con expertise técnica y sobre todo con compromiso y empatía por las condiciones en que muchos niños, niñas y jóvenes deben vivir o más bien sobrevivir? Y quizás un tema de mayor complejidad: iniciar la discusión acerca de la pertinencia metodológica y efectividad de las intervenciones que desarrollan actualmente los distintos programas. Como reza el dicho popular “el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”, pero hay que estar atentos, pues el diablo está en los detalles.
