La comunidad internacional agendo el 22 de marzo como Día Mundial del Agua, con el fin de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce, los desafíos para el acceso universal al agua por la población, la urgencia de proteger las fuentes de agua y de avanzar hacia políticas de gestión integrada y ambientalmente sustentable de los recursos hídricos a nivel local, nacional y global. Actualmente, Naciones Unidas prioriza el derecho humano al agua y la protección de las fuentes de agua dulce, en los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS-6); la Agenda Climático llamo a incluir con urgencia la inseguridad hídrica como uno de los desafíos claves en las políticas de adaptación al cambio climático; y todas las agencias multilaterales, desde aquellas dedicadas a la agricultura, alimentación y salud, hasta aquellas dedicadas a las finanzas y la seguridad, han llamado la atención sobre la crisis global de los recursos hídricos y los desafíos que conlleva para la gobernanza y la paz mundial.
En Chile, la conmemoración del Día del Agua, nos encuentra mal parados. Tenemos 61 comunas que han debido ser decretadas como zonas de escasez hídrica por el Ministerio de Obras Públicas, situación que afecta a más de 2.600.000 habitantes. Además de ello, 14 comunas de la Región de Valparaíso y toda la Región de Coquimbo, han sido declaradas como zonas de catástrofe derivada de la sequía que ha asolado la zona centro-norte del país, por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Recordemos que la vigencia de los decretos de escasez hídrica se había suspendido en 2017 en la totalidad de estas zonas por las mejoras pluviométricas, no obstante durante los 7 años anteriores esas localidades también enfrentaron la escasez hídrica, se dictaron los decretos respectivos. Estos decretos sin embargo solo gatillan respuestas básicas de emergencia, como el abastecimiento de agua potable a través de camiones aljibe, única vía de acceso al agua para más de medio millón de chilenos. Este tipo de abastecimiento ha sido usual para mujeres, hombres, niñas y niños en comunas rurales, desde Arica a Chiloé que durante los últimos años han recibido una pequeña e insuficiente cuota de agua semanal para su subsistencia. Algo inédito y desconocido para quienes habitamos en grandes ciudades.
[cita tipo=»destaque»] Chile ha ido de emergencia en emergencia, de decreto en decreto chuteando una decisión de política pública trascendental. Chile es vulnerable al cambio climático y sus efectos. [/cita]
Aunque el pasado gobierno realizo algunos esfuerzos que permitieron aprobar en 2016 una ley para los servicios de agua potable y saneamiento rural y también correcciones en el régimen de fiscalización del Código de Aguas, el sector político no logro avanzar en las reformas sustantivas a dicho Código que permitían establecer el derecho humano al agua, la prioridad de acceso para los usos esenciales, la protección de las fuentes superficiales y subterráneas de agua dulce, y el fin a la especulación con los derechos de agua. El bloqueo de estas reformas en el Senado, luego de ser aprobadas por la mayoría de la Cámara fue liderado por los gremios empresariales, entre los que destaca la agroindustria representada por la Sociedad Nacional de Agricultura y operado por parlamentarios de la Alianza y la Democracia Cristiana. Las perspectivas de avance son oscuras durante el nuevo gobierno, cuyos voceros ya han anunciado que modificaran el proyecto que este año debiera aprobar el Senado.
Las políticas públicas vigentes en Chile no permiten el acceso universal al agua potable, tampoco el su uso eficiente y sustentable; y menos la protección de las fuentes de agua dulce para sostener a las poblaciones locales y al desarrollo nacional. Por ello fue que en 2011 en medio de los años de sequia, los parlamentarios ingresaron a la Cámara de Diputados una Moción para reformar el Código de Aguas para generar seguridad y equidad en el acceso al agua potable, el saneamiento, la seguridad alimentaria y el desarrollo productivo local, priorizando estos usos esenciales por ley, por sobre los fines de lucro. Además de incorporar el derecho humano al agua potable y saneamiento como un deber del estado tal como estableció Naciones Unidas en 2010, y cuya resolución fue votada por la mayoría de los países, incluido Chile
Dicho proyecto de ley fue patrocinado por el gobierno de Michelle Bachelet en 2014, aprobado por el Pleno de la Cámara en 2016 y bloqueado en la Comisión de Agricultura del Senado, donde ya la voluntad del gobierno saliente se vio debilitada, y el programa del nuevo gobierno comprometía rechazar. Para los chilenos hoy es evidente la necesidad de una reforma al Código de Aguas. No solo porque año a año aumentan los decretos de escasez hídrica, las denuncias por intervención de humedales, ríos y afluentes, las denuncias por robo y usurpación de aguas, y los millonarios gastos en abastecer a la población mediante camiones aljibe, sino porque las insuficiencias del marco regulatorio y la dispersión de funciones públicas agravan los problemas sociales y ambientales en el actual contexto de mayor estrechez hídrica intensificada por el cambio climático.
Al retraso regulatorio e inseguridad hídrica se suma la frágil situación de los glaciares a nivel nacional, los cuales constituyen nuestras mayores reservas de agua dulce. Se estima que Chile cuenta con unos 24 mil glaciares, reservas hídricas de un valor incalculable. La necesidad de protección de los glaciares ya se instalo en la opinión pública luego de la destrucción de glaciares por el proyecto minero Pascua Lama. Actualmente los chilenos expresan creciente preocupación por estas reservas de agua frente a la expansión de la minería en alta montaña en zona de glaciares. Esta preocupación ciudadana, dio origen a una Moción parlamentaria para la protección de los glaciares que ingresó a tramitación al Congreso en 2014, impulsada por una amplia y transversal bancada de parlamentarios, por lo cual también fue anunciado como compromiso por la Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo de 2014. A pesar de ello, el proyecto fue torpedeado por los gremios mineros y el gobierno luego de su aprobación en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, no lo priorizó, por lo cual aun esta a la espera de ser aprobado por la Comisión de Hacienda y por la Sala de la Cámara. Sin la recarga hídrica que proveen los glaciares, las ciudades, la industria y la agricultura no tendrán nunca más agua en los meses de verano, pero al parecer se prefiere ignorar este evidencia.
Chile ha ido de emergencia en emergencia, de decreto en decreto chuteando una decisión de política pública trascendental. Chile es vulnerable al cambio climático y sus efectos. El último informe del World Resource Institute, publicado a fines de 2017, muestra que Chile será el país con mayor nivel de escasez hídrica en América Latina e indica que la escasez de agua irá en aumento con el paso de los años. Pero las evidencias de vulnerabilidad parecen no incidir en la política pública, son más fuertes los intereses de algunos sectores productivos. Está por verse, si será necesario un shock, como llegar a un «Día 0» en nuestras grandes ciudades, como ocurrió en Ciudad del Cabo, Sudáfrica para reaccionar y tomar acciones. Está por verse si al nuevo parlamento y al nuevo gobierno, le dará el ancho para ponerse a la altura para responder a la evidencias de la inseguridad hídrica que enfrenta el país y sus impactos sobre la sociedad en su conjunto.
