Los hechos vinculados al caso Lava Jato han revelado el nivel de corrupción de las principales fuerzas políticas que se turnan el poder hace 27 años. Desde el fujimorismo y su partido Fuerza Popular, pasando por Alejandro Toledo, el APRA de Alan Garcia, Ollanta Humala y la ex alcaldesa de Lima Susana Villaran, todos engrosan las filas de acusados de haber recibido millonarios sobornos de la empresa Odebretch, sea para favorecer contratos y licitaciones o financiar sus campañas electorales. El gobierno como mero trampolín para el beneficio privado y el Estado como maquinaria de negocios y componendas, como diría el viejo Gonzales Prada “donde se pone el dedo brota la pus”… y estos meses no ha dejado de brotar.
Justamente, las últimas semanas las investigaciones de Lava Jato, tocaron al presidente Pedro Pablo Kuzcynski (PPK), revelando cuantiosas ganancias de sus empresas mientras fue ministro de Toledo. El fujimorismo, interesado en tapar sus propias denuncias, no dudo en aprovechar la situación y en una inusual coordinación con el Frente Amplio, apuró el pedido de vacancia presidencial. La crisis, hasta entonces básicamente judicial, adquirió un tinte claramente político, forzando decisiones y alineamientos. En el Parlamento, las bancadas discutían qué postura tomar pues si la vacancia procedía muy probablemente PPK sería reemplazado por el fujimorista presidente del Congreso. En la calle, pese al esfuerzo de gremios y organizaciones sociales, el malestar era más bien de baja intensidad y la protesta no se desataba. Finalmente, diez congresistas liderados por Kenji Fujimori votaron contra la vacancia y PPK se mantuvo en el cargo. El negocio estaba cerrado: el presidente continuaba en funciones y Alberto Fujimori, condenado por delitos de corrupción y lesa humanidad, era indultado al siguiente día. Todo indica que la crisis continuará y muchos nos preguntamos si marca el final de un ciclo de democracia neoliberal y antagonismos (anti) fujimoristas, y sobre todo qué caminos puede abrir para fortalecer una propuesta transformadora y de protagonismo popular.
El régimen democrático neoliberal en decadencia
Hace 25 años Alberto Fujimori instaló a sangre y fuego el régimen de democracia neoliberal en el país. La Constitución de 1993 selló el pacto político empresarial y, fiel a los mandatos del consenso de Washington, redujo el Estado al rol promotor de la actividad privada favoreciendo la corrupción, vulnerando derechos y empobreciendo la vida cotidiana. Además, sentó las bases de un sistema político cerrado, liquidando la oposición social y política, empoderando la élite conservadora y permitiendo la convivencia con el narcotráfico y otras economías ilícitas. Todo ello pudo lograrse en el marco del proceso de “pacificación” post conflicto armado interno y con el amplio respaldo de las fuerzas armadas, grupos empresariales y la comunidad internacional.
La caída del fujimorismo, impulsada por movilizaciones universitarias y populares pero también avalada por la pérdida de apoyo de los Estados Unidos y grupos de poder nacional, dio lugar a una “transición” plagada de continuidades. Del 2001 en adelante ninguno de los presidentes que se sucedieron el poder desmontó el andamiaje neoliberal instalado, básicamente porque compartían dicha plataforma. La debilidad de las organizaciones sociales y la profunda crisis de la izquierda, abonaron a la superficialidad de los cambios; no se revisó el festival de privatizaciones, los dueños de los medios de comunicación mantuvieron sus canales de TV, las reformas al sistema electoral fueron cosméticas y continuo vigente la lesiva legislación laboral. Peor aún, se mantuvo el deterioro de la vida cotidiana en los sectores populares, debilitando los lazos sociales y favoreciendo una lógica que premia el éxito individual y favorece el clientelismo político. No obstante, el régimen neoliberal tuvo fuertes impugnaciones; el 2011 Ollanta Humala aglutinó electoralmente el descontento, aunque rápidamente al llegar al poder cedió a la continuidad. El 2015, la irrupción de Veronika Mendoza y el Frente Amplio, demostraron que ese sector, básicamente popular y sur andino, seguía inconforme y dispuesto a explorar otras alternativas. Si bien las últimas elecciones el régimen mantuvo el poder con PPK a la cabeza, su debilidad era obvia y se agudizó tanto por el escándalo de Lava Jato cuanto por las tensiones internas entre los grupos que avalan el modelo, es decir el fujimorismo operando desde el Congreso y PPK desde el ejecutivo. No sabemos aún si esta crisis será terminal, pero está mostrando una magnitud insospechada años atrás.
El agotamiento del eje antagonista Fujimorista- anti Fujimorista
Si el régimen político económico neoliberal sobrevivió a la transición con bastante éxito, el Fujimorismo que lo instaló no salió incólume, generando también un fuerte rechazo en un sector de la población. Así, mientras los Fujimori con su partido Fuerza Popular mantienen un porcentaje de aceptación que oscila el 30%, existe un porcentaje similar que rechaza su posibilidad de llegar al gobierno. El “anti fujimorismo” se presenta así como un campo relativamente amplio de negaciones y contraposiciones, donde a un extremo se ubican quienes, como Vargas Llosa critican el poco respeto fujimorista a la institucionalidad democrática, y en el otro extremo quienes cuestionan el sistema instalado en los 90 como Goyo Santos o Verónika Mendoza.
[cita tipo=»destaque»]¿Significa que se ha movido el eje de una de las más importantes contradicciones en la política peruana contemporánea? No hay respuesta precisa, pero si podemos afirmar que existen mejores condiciones para que la izquierda supere esa aparente “contradicción principal” y abra espacio a nuevos antagonismos.[/cita]
Para la izquierda peruana, moverse en este campo no ha sido fácil y muchas veces ha terminado aceptando “el mal menor” para cerrar el paso al Fujimorismo. El último debate sobre la vacancia presidencial evidenció tal tensión; de un lado, se afirmaba que vacar a PPK era entregarle todo el poder a un fujimorismo mayoritario en el Congreso, interviniendo en el Poder Judicial y ávido en instalar una narrativa salvadora vía proyectos de ley para cambiar los textos escolares de historia. De otro lado, se decía que vacar a PPK a todas luces corrupto, golpeaba también al modelo y por ende al fujimorismo. De ambos lados se reclamaba ubicar la “contradicción principal” pues para unos no se podía retroceder al autoritarismo fujimorista y para otros era momento de forzar una salida al estilo “que se vayan todos”. Contra muchos pronósticos, en el episodio de la vacancia presidencial fue el fujimorismo el que salvó a PPK develando sus propias tensiones. Hoy, aunque todo el Fujimorismo celebra el indulto del patriarca, están lejos de ser el bloque cohesionado al que muchos temían, tampoco parece ser el aparato capaz de mover masas urbano populares, siendo su mayor fuerza la capacidad de negociar y concretar alianzas con la derecha empresarial, esta vez encarnada en PPK.
¿Significa que se ha movido el eje de una de las más importantes contradicciones en la política peruana contemporánea? No hay respuesta precisa, pero si podemos afirmar que existen mejores condiciones para que la izquierda supere esa aparente “contradicción principal” y abra espacio a nuevos antagonismos. El burdo negociado de votos contra la vacancia presidencial por indulto ha mostrado que las derechas comparten formas de hacer y entender la política, siendo capaces de pisotear la legalidad. Plantear nuevos ejes de antagonismo implica recrear en la conciencia y accionar de los sujetos, otros discursos de impugnación al orden imperante, orientando el conflicto, denunciando la dominación neoliberal y proyectándose hacia la construcción de nuevas relaciones de poder (Modonesi;2012). Mover los ejes del antagonismo (anti) fujimorista a otro signado por la contradicción viejo orden constitucional injusto/nuevo orden democrático y de justicia social, o pacto político empresarial/pueblo organizado, podría aportar a propuestas transformadoras.
¿Salidas transformadoras?…las calles y los cursos de la crisis
La crisis continuará, las investigaciones del caso Lavajato seguirán confirmando la podredumbre en la clase política empresarial y aunque quizá la sanción demore en llegar, abonará al malestar ciudadano. La indignación ante el negociado indulto a Fujimori ha movilizado en plena navidad a miles de jóvenes, activistas, familiares y militantes que en todo el país protestan contra el intento del presidente de “pasar la página” pisoteando el dolor de miles de víctimas y la dignidad del país. No obstante, probablemente las élites continuaran forzando un pacto de impunidad que les permita remontar los escándalos de corrupción que las involucran. Las organizaciones políticas de la izquierda, matices más o menos han denunciado la crisis de régimen y la necesidad de cambiar las reglas de juego, incluyendo una nueva Constitución…pero sin movilización popular estos esfuerzos pierden resonancia y tienden estancarse en disputas procedimentales; sólo la gente movilizada en las calles puede dar el correlato destituyente a esta crisis.
El régimen está desnudo, la derecha neoliberal, sea en su variante lobista o fujimorista, se muestra tal cual sin respetar la institucionalidad, el sistema de justicia y mucho menos a la población. Asistimos a un momento clave en la construcción de una nueva hegemonía político cultural (Gramsci;1972) que puede disputar y ganar para las mayorías un sentido común favorable a nuevas reglas de juego y una nueva Constitución. Si algo traen las crisis es contingencia, lo que puede pasar puede también no ocurrir y aunque para muchos sea improbable un desenlace favorable al campo popular nada está dicho. Históricamente los grupos de poder en el Perú han sido hábiles en encontrar salidas que no alteren sus privilegios, pueden hacerlo ahora, dando algo de aire a PPK sosteniendose en el apoyo de la OEA y USA e impulsando alguna pieza de recambio. Pero esta crisis puede generar oportunidades inéditas de acumulación y construcción política y en esa línea hace falta comunicar con fuerza que orden queremos construir y con quienes. Podemos conformarnos con un escenario de estabilización con algunos cambios legales o podemos insistir en abrir un nuevo ciclo, un proceso constituyente donde los protagonistas sean los millones de peruanxs excluidxs de derechos y bienestar que merecen (merecemos), una vida digna y un horizonte más emancipado.
