Es por todos sabido que durante la visita del Papa Francisco a Chile, la presencia del Obispo Barros concelebrando en las misas– imagen amplificada por los medios- levantó una polémica que, en cierta forma, eclipsó el propio mensaje papal.
Las reflexiones que siguen se basan en el hecho de que estamos viviendo en una sociedad cuya cultura se ha transformado radicalmente, por causa de las nuevas tecnologías de la información y la vigencia de nuevos paradigmas en los patrones de veracidad en los asuntos públicos. Ahora, todo está siendo sometido a escrutinio público: el concepto de accountability (responsabilidad, rendición de cuentas) se ha generalizado como práctica exigible para instituciones públicas y privadas, y se exigen probidad y transparencia en el ejercicio de todas las funciones que afectan a la población. Incluso, Chile aprobó en el año 2008 una ley de acceso a la información que establece que el “principio de transparencia” “consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley” (LEY N° 20.285, art 4°).
Vivimos también una sociedad sacudida por los escándalos de corrupción que han tocado todas las instituciones, incluyendo a la Presidencia de la República y a la policía de Carabineros, dos de las instituciones que tradicionalmente han tenido mayor prestigio en el país.
Las heridas dejadas por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura no han terminado del todo de sanar. Piénsese que todos los años aparecen casos nuevos o se tienen noticias de algunos de ellos. No hace muchos años, el Presidente Sebastián Piñera provocó revuelo cuando cerró el penal Cordillera, provocando el suicidio del ex jefe de la CNI, Odlanier Mena. El propio Mandatario habló de “cómplices pasivos” y dejó impresa en la conciencia colectiva que es tan grave haber cometido los crímenes como no haberlos denunciado a tiempo, por quienes fueron testigos o estuvieron cercanos a ellos.
Monseñor Barros, los otros obispos implicados y tantos sacerdotes vinculados con el sacerdote pederasta Karadima bien pueden ser considerados “cómplices pasivos” de abusos y corrupción sexual. Ciertamente, no se puede afirmar con absoluta certeza que lo sean: no hay pruebas “oficiales”. Pero abundan los testimonios y pruebas que sí lo avalan. Es decir, mientras no se compruebe lo contrario, flota la duda acerca de la complicidad en la opinión pública chilena… Y el conflicto arranca por el hecho de que la jerarquía de la Iglesia Católica no ha actuado de manera transparente para despejar esa duda.
En los tiempos que corren, en este Chile que inicia lo que se ha llamado “un nuevo ciclo”, marcado por lo que fueron los sorprendentes resultados de las elecciones recientes, tanto la primera como la segunda vuelta, no corren los secretismos. O mejor dicho, los secretismos de círculos cerrados caen siempre bajo sospecha. Recordemos que por laudables que hubiesen sido las elecciones, y por más que el funcionamiento del sistema democrático chileno ha sido destacado, incluso, por el mismo Papa en su discurso en La Moneda, mas del 51% del padrón electoral no votó en la segunda vuelta presidencial de 2017. El principal motivo es que una mayoría de ciudadanos desconfían de los políticos y del sistema representativo, a causa de los numerosos escándalos de corrupción que han salido a la luz pública. Se trata de una ciudadanía descreída de las instituciones porque se ha visto abusada y burlada por ellas.
Cuando un líder social o político hace un comentario de pasillo y/o no toca el caso que está en tela de juicio, donde hay referencias a procesos objetivos, como ha sucedido con las declaraciones de la Presidenta Bachelet luego de saberse lo de su hijo, involucrado en el caso Caval; o como muchos tuits del Presidente Donald Trump; la opinión pública, en esta sociedad de la post-verdad, lejos de aceptar dichas afirmaciones, incrementa sus dudas.
Es lo que le sucedió al Papa Francisco con sus comentarios de pasillo en Iquique, antes de la misa, cuando afirma: «El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar» y «no hay una sola prueba en contra, todo es calumnia».
En la sociedad del siglo XXI, sociedad de la información que exige transparencia, la corrupción (sexual, económica o política) es vivamente condenada y se exige verdad y justicia. Véase lo sucedido con los abusos sexuales de grandes personajes de Hollywood, que han marcado a la sociedad norteamericana durante el año 2017.
No basta con responder por la vía de comentarios de pasillo. Porque el argumento del propio Papa rápidamente puede terminar devolviéndose a sí mismo.
Supuesto que el Obispo Barros sea inocente del cargo de cómplice pasivo de pederastia (y Monseñor Barros merece la presunción de inocencia que tiene derecho todo inculpado), ¿qué pruebas acreditadas ante la justicia, eclesiástica o civil, verifican aquello? Se dice que el Obispo habría conversado en reserva con el Papa en varias oportunidades y que éste habría llegado a la convicción de su inocencia. Pero la Iglesia católica post-conciliar, peregrina en una sociedad de la información, ciertamente ya no es la Iglesia del Vaticano I del siglo XIX. El propio Papa pierde autoridad moral cuando desliza una condena tan grave como tratar de “calumniadores” a las víctimas de Karadima. ¿Qué pruebas tiene de tan grave e inquisitorial acusación? Y si las tiene, ¿por qué no se han dado a conocer en forma pública, oficial y transparente?
No sabemos de esas pruebas. Los católicos y la sociedad toda no saben, porque no se ha dado a conocer si existen pruebas de inocencia o si se han realizado procesos canónicos. Sabemos que se han realizado procesos oficiales, civiles y eclesiásticos, contra Karadima, y en ellos han sido citados a declarar muchos testigos e involucrados -más de cincuenta-. Karadima fue condenado por el Vaticano en 2010 a una reclusión de “oración y penitencia” de por vida, por graves crímenes de abusos sexuales, y cumple condena. Sabemos que, durante más de 30 años, el obispo Barros, cuando todavía era seminarista y, luego, sacerdote, fue mano derecha de Karadima. Entonces, la opinión pública tiene el legítimo derecho a preguntarse, ¿cómo, durante todo ese tiempo, una persona tan estrechamente ligada al sacerdote Karadima no se enteró de nada? Ese manto de sospecha no ha sido levantado en forma oficial, objetiva, informada y transparente por las autoridades del Vaticano ni por la Jerarquía católica chilena, ni menos por el propio Obispo Barros. En los tiempos que corren, ya no bastan las palabras de un Papa dichas al pasar, en un comentario de pasillo.
Peor aún, esas palabras desafortunadas del Papa opacan y desdicen su propio discurso sabio, espiritual, contundente, apostólico y sus acciones cercanas y misericordiosas durante su vista, y se transforma en un intento de apagar el fuego con bencina.
El Papa le ha dicho a los Obispos, en la Sacristía de la Catedral, que la Iglesia no debe ser clericalista, y que los laicos son adultos y no pueden ser considerados como peones. Se contradice el Papa con esos comentarios de pasillo cuando implícitamente afirma: ¡Créanme, no hay pruebas y hay inocencia, créanme porque yo lo digo! Pero la opinión del Santo Padre no es dogmática en esto, y es totalmente opinable.
El Papa, el Vaticano y la Jerarquía chilena (incluyendo a los cuatro obispos involucrados) no han dado “pruebas” contundentes, oficiales, procesales, objetivas, transparentes, para retroalimentar el sensus fidelium del pueblo de Dios con la tesis de que hay inocencia. En cambio, todos sabemos que en el caso Karadima se ha seguido un proceso canónico riguroso y objetivo, lo cual ha sido alta y positivamente valorado. ¿Y qué hay con los supuestos “cómplices pasivos”?
[cita tipo=»destaque»]El caso Barros se ha convertido en un asunto controversial para la Iglesia católica chilena toda, y está impactando a la sociedad más allá del catolicismo. No se puede tapar el sol con una mano eclesial. La Iglesia católica chilena – jerarquía, clero y laicado – tendrán que ver cómo se hacen cargo de este enorme desafío que compromete su propia capacidad de ser agente evangelizador. En vez de ser agente de unión, paz y de justicia, la iglesia cuestionada, está siendo agente de división, escándalo y desunión.[/cita]
Recordemos el caso del padre Maciel, organizador de los Legionarios de Cristo, que estuvo involucrado en sistemáticos abusos y crímenes sexuales durante muchos años en México. Luego que durante décadas la Iglesia encubriera los hechos, el Papa Benedicto XVI aplicó drásticas sanciones. Los Legionarios de Cristo fueron investigados a fondo e intervenidos públicamente. Aunque se han denunciado las redes de poder, dinero y sexo que articuló Maciel y todavía quedan pendiente muchas verdades, la organización de los Legionarios quedó en entredicho y realizó todo un proceso de reconocimiento público de su culpa, de conversión y de reparación.
No ha sucedido lo mismo con la organización sacerdotal creada por Karadima: la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón. Primero, ésta fue intervenida en 2010, pero no con el fin de sacar a luz el caso de los abusos sexuales sino para “fomentar la unidad entre sus miembros”. Luego, en 2012, fue intervenida por un visitador del Vaticano, pero que tenía misiones administrativas y no investigar sobre abusos sexuales.
Finalmente, en 2012 la unión sacerdotal fue disuelta y nada se supo de sus integrantes: nunca una declaración de condena, de arrepentimiento por una complicidad voluntaria o involuntaria, de autocrítica, de intenciones de reparación a las víctimas. Nada. Se sabe, eso sí, que la disolución civil de la organización evitó una indemnización económica que las víctimas iban a solicitar a modo de reparación. Por otro lado, al parecer, habría habido tímidos intentos reservados de perdón, pero centrados en Karadima y en casos acotados, y la opinión pública, de ser cierto, nunca se enteró.
Se tiene la impresión de que el Vaticano y la Jerarquía local han actuado, en el caso de los Legionarios de Maciel, en México, con mayor transparencia, lo que no ha sucedido con la Unión Sacerdotal de Karadima en Chile. Esa falta de verdad y transparencia en este caso era una bomba de tiempo que explotó durante la vista del Papa. Barros es su caso emblemático.
En efecto, el manto de sospecha sobre los obispos Juan Barros, Andrés Arteaga, Tomislav Koljatic, y Horacio Valenzuela, nunca ha podido ser levantado. Pasaron años durante los cuales las autoridades eclesiales desestimaron las denuncias contra el sacerdote Karadima y luego no parecen haber actuado con diligencia. Hasta que el Vaticano lo declaró culpable. Incluso, la justicia civil chilena ya había archivado la causa y luego de que la reabrió, ésta cayó en la categoría de prescrita. Pero nunca, que se sepa, se ha considerado analizar la “complicidad”, y el Arzobispado se ha limitado a pedir perdón a las víctimas. Aunque el caso Karadima ha sido ampliamente conocido y denunciado en los medios de comunicación, en la prensa investigativa, en libros e, incluso, en el cine, la complicidad de los sacerdotes cercanos a él ha sido rápidamente desestimada. Se ha centrado la atención en Karadima, y han quedado en la sombra sus cómplices. Las declaraciones reservadas de inocencia han sido validadas y archivadas por la autoridad eclesial.
Así como planea todavía, luego de cuatro décadas, la sospecha de que el Ejército guarda información valiosa que podría ayudar a solucionar algunos casos de violaciones a derechos humanos: sea ello efectivo o no, la sospecha subsiste. Ahora bien, esta sospecha que recae en estos obispos no se va a solucionar a punta de declaraciones de apoyo de parte del Papa o de los obispos. Porque las comunidades de fieles, el pueblo creyente y la opinión pública toda, exigen una mayor y mejor calidad de acceso a informaciones y antecedentes, un acceso a la verdad, y una clara acción tendiente a la justicia, con todos los detalles propios que suelen ventilarse en los casos judiciales.
Ciertamente los casos de abusos sexuales y pederastia pueden ser tratados como pecado con los procedimientos propios de la vía eclesial, mirados desde el sacramento de la confesión o penitencia, que incluye el arrepentimiento, la confesión, el propósito, la penitencia y la reparación, pero, sobre todo en la tradición de la Iglesia, el secreto de confesión. De aquí el estilo secretista que ha dominado en el trato de los hechos que comentamos.
Pero esos hechos son también crímenes cuyo trato en la sociedad actual está siendo cada más más exigente: una violación de menor, siglos atrás, era ocultada y/o no era considera crimen, luego del Holocausto, con la consciencia adquirida acerca de los derechos humanos, en la cultura del siglo XXI que vivimos, se trata de graves crímenes que deben ser llevados a la justicia.
La Iglesia no debe ni puede tratar estos casos exclusivamente como trata los pecados desde una óptica sacramental y religiosa: debe tener consciencia, también, de que la sociedad exige justicia pública, debidamente informada, y que si existen sospechas y testimonios, debiera actuar de oficio y actuar en verdad, con eficiencia y justicia.
Otra cosa es la virtud de la prudencia. La Jerarquía eclesial y sobre todo los propios obispos involucrados, encabezados por Barros, no parecen haber actuado con sabia prudencia. Creen haber actuado con prudencia para defender la dignidad de los pastores frente a ataques que ellos consideran infundados e injustos, pero no se ha tomado en cuenta al laicado y a la sociedad toda.
A sabiendas de que había inquietud en la Diócesis de Osorno respecto al futuro nombramiento del obispo Barros, ¿por qué no se tomaron las precauciones del caso, para evitar que la asunción como Obispo fuese polémica, como de hecho lo fue? Se ha filtrado una carta del Papa a los Obispos, en que afirma que se pensaba en un año sabático. Incluso, algunos religiosos han sugerido que sería conveniente una renuncia voluntaria. Todo, en los hechos, ha sido, a los ojos de la opinión pública, imponer una decisión vaticana a como dé lugar, y sin dar mayores explicaciones. Este autoritarismo en la ejecución de las decisiones, que no ha tomado en cuenta a sectores de la comunidad osornina y sus voceros, por mucho que sea legal en el marco eclesial, ha perdido legitimidad en la propia comunidad de Osorno, y el descrédito se ha extendido en el catolicismo chileno en general.
Dicen algunos obispos, queriendo bajar el perfil a los hechos, que se trata de un grupito pequeño de laicos, y que muchos de ellos son agentes manipuladores (“zurdos”) que han engañado a una comunidad que se ha dejado llevar (supuestamente, son “tontos”). Todos los antecedentes a la mano parecen demostrar que no es así. Pero, incluso, aunque fuesen un grupo menor ¿Por qué no escucharlos para ver cuál es su verdad y qué tienen que decir y proponer? ¿Donde queda el Vaticano II cuando promueve la participación activa de los laicos en la vida de la Iglesia? ¿Acaso los laicos tienen que acatar ciegamente todo lo que decide la autoridad eclesial?
No ha habido un discernimiento profundo y completo, no se ha escuchado a todas las partes… No se ha reflexionado ni llegado a propuestas que arrojen luz y verdad sobre los hechos y tranquilicen al laicado, a religiosas y religiosos, a sacerdotes y a la sociedad toda.
Por otra parte, ya frente a la visita Papal, ¿por qué la Iglesia no tomó las precauciones del caso, para evitar el descrédito que generó la presencia del obispo Barros en las misas concelebradas con el Papa una vez conocida la polémica que levantó su presencia en el Parque O’Higgins? ¿Por qué no evitar exponer al Obispo a esa persecución de la prensa? ¿Por qué el propio obispo Barros no tomó con humilde sabiduría la decisión de abstenerse de asistir a esas liturgias, sabiendo que su presencia generaría polémica y opacaría el mensaje del Papa? Incluso más, ¿por qué la persistente actitud del propio Obispo Barros, de no querer renunciar a su Diócesis liberando así a la Iglesia de esta piedra que tiene en el zapato? ¿Qué se pretende con esto? ¿Mostrar la inocencia del Obispo y además su comunión con el Papa? ¡No se ha logrado esto para nada! Al contrario, el resultado de todo esto ha sido incrementar el descrédito de la Iglesia, de su Jerarquía y del propio Santo Padre.
El caso Barros se ha convertido en un asunto controversial para la Iglesia católica chilena toda, y está impactando a la sociedad más allá del catolicismo. No se puede tapar el sol con una mano eclesial. La Iglesia católica chilena – jerarquía, clero y laicado – tendrán que ver cómo se hacen cargo de este enorme desafío que compromete su propia capacidad de ser agente evangelizador. En vez de ser agente de unión, paz y de justicia, la iglesia cuestionada, está siendo agente de división, escándalo y desunión.
La Iglesia no saca nada con victimizarse. Los obispos cuestionados no sacan nada con hacerse las víctimas de una persecución, para ellos injusta: más allá de que sea muy incómodo tener el acoso de la prensa, ¡es la capacidad de dar testimonio de Jesús lo que está en juego!
El pueblo sencillo está desconcertado. Hay una crisis de credibilidad en la Iglesia. El grave riesgo es que la voz de los pastores pierda autoridad: para muchos no católicos –y, crecientemente, muchos católicos también – la figura del Obispo y del sacerdote católico está siendo vista como la del “Padre Gatica”: predica, pero no practica. Lo grave es que aquí –con las decenas de casos, como el de Karadima –este Padre Gatica hace todo lo contrario de lo que predica. Pone énfasis en la moral familiar y sexual, y a escondidas comete crímenes sexuales que atentan gravemente contra los principios que fundan la familia. Defiende la dignidad de las personas y, por detrás, viola la sagrada dignidad de los menores.
¿Qué informaciones conclusivas –ciertas o equivocadas- ha finalmente sacado la prensa nacional e internacional de toda esta polémica Barros? ¡Que el Papa Francisco ha defendido a un Obispo encubridor de abusos sexuales!
De acuerdo con el discurso de cierta Jerarquía eclesial, esta sería una noticia falsa, pero no se puede desconocer que se han sucedido un conjunto de acciones –voluntarias e involuntarias– durante la visita a Chile que conceden verosimilitud a esta noticia que ha circulado por el mundo.
Las sociedades de la información y de la transparencia exigen acciones claras y contundentes. No bastan declaraciones y, menos, aclaraciones de pasillo. Si existe la sospecha de que un Obispo es cómplice pasivo de un crimen, pues habrá que investigar públicamente el asunto. Si existen sospechas de que un laico está calumniando a su pastor, pues habrá también que proveer las pruebas objetivas. No puede haber prejuicios de lado y lado, que enturbian aún más las cosas. Pero la responsabilidad la tiene la autoridad religiosa y no aquellos que han sido víctimas de abusos sexuales.
La Iglesia chilena está herida, dijo el Papa. Pensamos que esas heridas no se van a sanar por actos declarativos. Se van a sanar en un lento y penoso proceso por medio del cual, en el marco de la caridad, se busque, en forma efectiva, la verdad y la justicia, reconociendo errores y un mal manejo, avanzando en un arrepentimiento y una autocrítica, evitando silencios y complicidades, llamando a las cosas por su nombre, y con respeto por las personas, todas las personas involucradas (víctimas y victimarios), pero con especial atención a las víctimas que sufren. Se trata de hacer que emerja la verdad. De lograr un fondo de verdad y justicia que tranquilice el espíritu. La verdad es reparadora. El silencio –cuando es bajo la sospecha de la complicidad- es destructor de toda convivencia.
