El gobierno ha anunciado el pronto envió de una ley de matrimonio igualitario al Congreso. Esta es una noticia que debe ser bien recibida por todo el que crea en una efectiva igualdad de derechos en Chile, independiente de su grupo social, color, sexo, orientación sexual o identidad de género. La actual situación, en la cual el estatus matrimonial, con toda su importancia simbólica y legal, es solo para parejas de sexo diverso, no posee una adecuada justificación, constituyéndose por lo mismo en una discriminación arbitraria, negando la misma dignidad en las relaciones afectivas de pareja que poseen las personas LGTBI.
Chile, nuevamente, llega tarde en esa materia, pues ya son números los países que han aprobado el matrimonio igualitario. Solo en el caso de América Latina, ya lo han hecho Argentina (2010), Brasil (2011, 2013), Colombia (2011), Uruguay (2013), ya sea por medio de legislación o de decisiones de tribunales.
[cita tipo=»destaque»]La cuestión que es necesario discutir y hacerlo muy honesta y directamente es si en las actuales circunstancias políticas no es necesario que los esfuerzos legislativos, comunicacionales y de movilización de todos aquellos que luchan por la igualdad de derechos de las personas LGTBI, y en particular las organizaciones de la diversidad sexual, prioricen la aprobación de la ley de identidad de género.[/cita]
La iniciativa del gobierno, es consecuencia directa de la acción patrocinada por MOVILH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2012 por la infracción al derecho a la igualdad que representa el actual régimen matrimonial. Esa denuncia culminó en un acuerdo de solución amistosa entre los peticionarios y el Gobierno, en junio de 2016. Es encomiable que el gobierno se haya allanado a la denuncia, pues ello fortalece el rol del sistema interamericano no solo como uno donde los estados son vigilados, criticados o sancionados por sus infracciones, sino que también uno donde hay espacio para construir acuerdos y avanzar en la protección de los derechos humanos.
Sin perjuicio de todo lo anterior, el mismo acuerdo dispone que el Estado de Chile se compromete a dar seguimiento y asegurar la continuidad del proyecto de identidad de género, el cual solo recién en junio de este año pasó a su segundo tramite constitucional en la Cámara de Diputados, luego de 4 años de discusión en el Senado.
La cuestión que es necesario discutir y hacerlo muy honesta y directamente es si en las actuales circunstancias políticas no es necesario que los esfuerzos legislativos, comunicacionales y de movilización de todos aquellos que luchan por la igualdad de derechos de las personas LGTBI, y en particular las organizaciones de la diversidad sexual, prioricen la aprobación de la ley de identidad de género. Al respecto, algunas consideraciones que favorecerían esta postura. La carencia de esta ley, y con ella, de un reconocimiento legal del derecho de la identidad a personas trans, permite mantener en Chile una situación de graves violaciones a sus derechos, como lo son a la vida e integridad física, a la salud y educación, al trabajo y vivienda. Eso por la discriminación social y legal a la que están expuestas, y que sin la protección de una Ley de Identidad de Género no se logrará remediar.
La carencia de una legislación apropiada es particularmente grave en el caso de los niños y niñas trans, que deben sufrir desde los inicios de su vida una negativa radical a lo más esencial del ser humano, a vivir y expresar lo que se es. No hay, nos atrevemos a señalar, situación más grave desde el punto de vista del respeto y protección de los derechos humanos de las personas LGTBI que esta falta de reconocimiento legal, por los efectos estructurales que ella tiene.
Es por ello que, celebrando el paso que se dará en materia de matrimonio igualitario, creemos que es el momento de aunar especiales esfuerzos para una pronta y adecuada aprobación de una ley de identidad de género en Chile, como ya lo ha hecho varios países en América Latina y el mundo.
