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Aborto: tortura, muerte y desaparición

Aborto: tortura, muerte y desaparición

por Francisca Jofré y Rosario Vidal

20 de octubre de 2015

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Hace un par de semanas, una  organización contraria al aborto (Informaborto) instaló gigantografías en la ruta 68 que une Santiago con Valparaíso.  En una, se ve la imagen de un embrión de 10 semanas, destrozado producto de un aborto y, en otra, se muestra a personas detenidas en el Estadio Nacional, en 1973.  En ambas aparece la frase "aborto es tortura, muerte y desaparición".

Las imágenes provocaron reacciones inmediatas, en especial de los defensores del proyecto que se discute en el Congreso, y, a pesar de lo crudo de la imagen que muestra la realidad del embrión abortado, la polémica se centró completamente en la imagen del Estadio Nacional. La indignación, por parte de algunas personas, la manifestaron aduciendo que la comparación resultaba insultante. Sin embargo, hubo quienes reconocieron en esta acción de las vallas camineras, más allá de la postura que tuvieran respecto al aborto, una expresión de la toma de conciencia sobre las violaciones que ocurrieron en Chile. 

En ese sentido, podríamos decir que este "simple" letrero marcó un hito, planteando la defensa del derecho a la vida del que está por nacer desde una lógica transversal, enmarcada en la problemática de los Derechos Humanos. De paso, por primera vez se manifestó una condena a la violación de los DD.HH. de una manera amplia, libre de  las acostumbradas consideraciones partidistas de izquierda y derecha.

Por otra parte, aun comprendiendo que el aborto como "derecho" y  las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile no pueden contrapesarse como hechos idénticos, el mensaje entregado en esas vallas merece ser desentrañado en su sentido profundo, ya que pone de manifiesto una interrogante que ha sido silenciada en el debate: ¿es el aborto legalizado, es decir, garantizado y sistematizado su acceso por el Estado, una violación a los Derechos Humanos?

Por más que la estrategia comunicacional del gobierno y de los lobbistas que lo acompañan intente disfrazar sus intenciones de legalizar el aborto en torno a un anacrónico debate sobre Estado Laico, adjudicando así a la postura en contra del aborto un carácter exclusivamente religioso, es este –aborto como violación a los DD.HH.– el debate de fondo que debe hacerse con alturas de miras, y no otro; pues basta aproximarse a la nociones más elementales de DD.HH. para comprender que a estos adscribe toda la familia humana, y que el embrión/feto indudablemente pertenece a esta familia.

Por  tanto, el argumento dogmático-legalista que plantea que el feto y el embrión, aun siendo seres humanos, no son personas sujeto de derecho porque la ley no lo reconoce, carece de validez, ya que, en la Declaración de los DDHH, en su artículo 6, se precisa que "todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica."

Asimismo, el amparo de la Declaración a toda la familia humana es un muro de contención para prevenir los atropellos a la dignidad humana sobre la base de recursos retóricos o artificiosos que la transgreden, al promover la deshumanización de  individuos o grupos humanos, lo que es perfectamente coincidente con las ideas  invocadas por quienes apoyan el proyecto,  cuando sostienen que el embrión humano es un ser humano dependiendo de las creencias personales y no por la evidencia científica vigente.

Otro argumento dado, es que lo que se propone mediante el proyecto de ley es en el marco de las  excepciones a la protección de la vida, llamándole incluso aborto por causales humanitarias.

Dejando fuera que el dar al feto una muerte dolorosa y cruenta –como se evidencia en el cuerpo despedazado de una de las gigantografías– difícilmente puede ser considerado un acto humanitario, y que la primera causal propuesta en el Proyecto de Ley de Aborto parte de la falsa premisa de que es ilegal la interrupción del embarazo en riesgo vital, se reconoce en esta posición que el ser humano antes del parto es digno de ser protegido, pero se permitiría excepcionalmente su muerte intencionada por origen y por enfermedad, en abierta transgresión al principio de igualdad y no discriminación  de la Declaración.

Pero, aun si negamos que el embrión y el feto humanos son parte de la familia humana, el trato que se le da al feto y al embrión en el aborto ni siquiera es digno para un animal, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos a los Animales (1978). Esta establece que es un crimen contra la vida matar a un animal innecesariamente, que su cadáver debe ser tratado con respeto, que la matanza de un gran número de animales salvajes es genocidio. También establece que ningún animal debe ser tratado cruelmente y, que si se ha de sacrificar, se debe procurar no causarle dolor físico ni psíquico.

Esta declaración dio origen a la creación de protocolos en la experimentación científica que establecen la obligación de anestesiar incluso a fetos y embriones animales en el caso de realizarles cualquier tipo de procedimiento.

En el aborto como derecho de la mujer, se le da un trato al embrión y al feto humano que ni siquiera es digno ni  legítimo con animales. El  proyecto de ley promovido por el gobierno, al no contar con límite gestacional para practicar el aborto en dos de sus causales, indudablemente permite dar una muerte dolorosa y cruenta a un ser vivo de la especie humana.

Tales omisiones de parte del Estado, propuestas por el gobierno en el proyecto de ley, se yerguen arguyendo consideración a la mujer que, frente a ciertos embarazos, está sometida a una situación límite, y, en este supuesto, se asume que el aborto es una forma de resolución de conflicto insustituible, lo que promueve una visión machista-antagónica entre el ser humano gestado y la mujer.

Parte de la lección que debimos aprender con lo ocurrido en Chile en dictadura fue que las situaciones extremas no debieran justificar atropellos a la dignidad humana. Esto significa que es necesario asumir la obligación de buscar soluciones a conflictos, respetando los derechos de todos. Y, en el caso del aborto, la situación no se resuelve al negar la existencia del ser humano antes del parto, ni escudándose en el supuesto de actuar en favor de las mujeres.

Si el Estado tiene obligación de respetar los DD.HH. en situaciones excepcionales como guerras, conflictos armados, etc., tampoco debieran las circunstancias excepcionales personales transformar un acto ilegítimo en derecho garantizado por el Estado.

Lo que se propone con el aborto legal como derecho, no se trata de la no-penalización de las mujeres en casos extremos, ya que esto se aplica caso a caso hoy en día en Chile mediante causales de eximente o atenuantes consideradas en la ley. Lo que se propone es entregar el aborto como prestación de salud legítima, sistematizando su ocurrencia a lo largo de todo el país, donde el Estado toma parte activa en garantizar que los abortos o muertes prenatales sean efectuados. Esto implica renunciar deliberadamente a la protección de la dignidad humana en la  primera etapa de vida del individuo humano, y renunciar también a compromisos internacionales reales como el de realizar esfuerzos en eliminar la necesidad del aborto.

En resumen, el aborto, como derecho, entra claramente en conflicto con principios de la Declaración de Derechos Humanos, y la negación sostenida de esa realidad evidente por parte de políticos, gobiernos y hasta de organismos internacionales demuestra que se puede  promover la violación de derechos esenciales  reinterpretando arbitrariamente, a merced de  objetivos y motivaciones, los artículos definidos en la célebre  declaración de 1948.

Parte de la lección que debimos aprender con lo ocurrido en Chile en dictadura fue que las situaciones extremas no debieran justificar atropellos a la dignidad humana. Esto significa que es necesario asumir la obligación de buscar soluciones a conflictos, respetando los derechos de todos. Y, en el caso del aborto, la situación no se resuelve al negar la existencia del ser humano antes del parto, ni escudándose en el  supuesto de actuar en favor de las mujeres; porque al darle al aborto estatus de derecho, inevitablemente se enarbola como un bien, lo que está lejos de ser la realidad de la gran mayoría de las mujeres que enfrentan la violencia de un aborto.

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