El gobierno ha anunciado una ley de “La Nueva Educación Pública”. En efecto, se han hecho ya tres intentos de proyectos de ley en el año 2008, 2010 y 2011, y aún estamos a la espera.
La “vieja” educación pública sufrió una paulatina matanza en nuestro país y por tanto resulta apremiante crear una “nueva” educación pública. Pero, para dilucidar cómo “revivirla” debemos entender cuáles fueron las políticas culpables que la llevaron a su deterioro y a desaparecer como tal.
En primer lugar, las políticas de la dictadura fueron responsables de “asesinar” una concepción republicana de la educación, con un rol preferente del Estado, estipulado en la Constitución de 1925 y que predominó durante el siglo XX (hasta 1979). El Estado chileno desde los inicios de su conformación le entregaba regalías –por ejemplo, franquicias y terrenos– a un segmento reducido de establecimientos privados, ligados fundamentalmente a la Iglesia. Recién a fines de la década del 40 se creó un subsidio estatal para este sector, eso sí, con un monto de apenas la mitad de lo que se les entregaba a las escuelas fiscales.
Es la reforma del 80, bajo el régimen militar, que promulga con fuerza la privatización de la educación y deliberadamente intenta reducir la educación pública gratuita a sectores de extrema pobreza. En esta década se municipaliza la educación, se introduce un financiamiento competitivo por alumno y se equipara el valor del subsidio entre el sector público y el privado. Ello significa la atomización y debilitamiento de la educación estatal, dejándola en igualdad de condiciones para competir con el sector privado en un mercado escolar. Esta fue la primera y más profunda puñalada a la educación pública. De hecho, anterior a esta reforma, la educación pública tenía cerca de un 80% de cobertura, mientras hoy llega a apenas un 37,5%.
[cita] Pese a que en dictadura se generaron los cimientos para reducir y fragmentar la educación pública, fueron diversas políticas impulsadas bajo los gobiernos de la Concertación y de Sebastián Piñera las que consolidaron esta tendencia.[/cita]
Pese a que en dictadura se generaron los cimientos para reducir y fragmentar la educación pública, fueron diversas políticas impulsadas bajo los gobiernos de la Concertación y de Sebastián Piñera las que consolidaron esta tendencia.
Estas “puñaladas” post-80 fueron varias, pero hay una de fondo: la política de “la igualdad de trato” entre instituciones estatales y privadas subvencionadas. Esta implicó mantener la fórmula de un esquema competitivo heredada de la dictadura, combinada con nuevas medidas de apoyo estatal que se tradujeron en entregar los mismos beneficios a ambos sectores en términos de textos escolares, infraestructura, asesoría técnica, entre otros. Por cada peso que se le entrega a la educación pública, se le destina el valor homólogo a la educación privada.
No obstante, esta práctica ha sido falsa, pues se le fue otorgando considerables ventajas comparativas al sector privado. Mientras este ha recibido los mismos beneficios que el sector público de parte del Estado, se le permite cobrar a los padres a través del Financiamiento Compartido (1993), además de recibir donaciones privadas, seleccionar alumnos y no tener que regirse por el Estatuto Docente (sólo algunos aspectos puntuales).
Sumado a lo anterior, dispositivos de evaluación estandarizada, rankings y rendición de cuentas han contribuido a este asesinato, transformando a la educación pública en un producto en el mercado que se cuantifica y valora de acuerdo a sus resultados medibles. En un contexto de alta segmentación socioeducativa, además, se aceptó que la educación municipal era el sector que atendía mayoritariamente estudiantes de estratos más empobrecidos, siendo estigmatizada como “la mala educación”, “en color rojo” (salvo los casos excepcionales de los “liceo emblemáticos”).
La aparente neutralidad del Estado, bajo el ideario de la “igualdad de trato” en el denominado “sistema mixto”, ha significado en la práctica matar la educación pública. Mientras la Nueva Mayoría no se haga cargo de la dimensión conflictiva de este esperado equilibrio, no habrá una “nueva” educación pública entendida como una educación de derecho social, inclusiva, democrática y laica.
Hasta ahora se ha comprometido cambiar la administración municipal a “Servicios Locales de Educación Pública” dependientes de un órgano centralizado, con equipos profesionales fortalecidos de apoyo y espacios de participación territorial. Estas medidas, sumada al término del financiamiento compartido y de la selección de alumnos, son (esperables) aportes para avanzar hacia una educación pública.
No obstante, una nueva educación pública efectiva requiere de un Estado que asuma un rol preferente que termine con la “igualdad de trato”, los rankings y el financiamiento a la demanda, sacando la educación pública de las normas del mercado.
* Para ver un artículo más extenso del tema ver: https://uahurtado.academia.edu/AlejandraFalabella
