La respuesta del gobierno, una y otra vez, ha sido la sordera a las demandas de la gran mayoría de Chile. Y Beyer, amparado en su estatus “técnico”, ha sido punta de lanza en esquivar la problemática y defender el negocio educativo.
Chile está construido sobre una falla. Es lo que debiéramos actualizar por estas fechas en que hace pocos días recordamos un nuevo aniversario del fatídico 27/F. El suelo que pisamos se monta sobre placas tectónicas que sistemáticamente chocan y liberan energía. En Chile estas placas llevaban no uno ni cinco ni diez, sino muchas décadas acumulando una fuerza que saldría a la superficie en forma de movimiento.
Sabemos esto no sólo porque forme parte del currículum de la educación básica, sino porque todos los años, cada cierto tiempo, la tierra se sacude bajo nuestros pies. Muchas veces se ha enumerado qué le falta al país para estar preparados para estas situaciones: un sistema de servicios básicos y estratégicos (agua, luz, telecomunicaciones, etc.) independiente del mundo empresarial, una serie de expropiaciones para viabilizar vías de escape y un largo etcétera.
Sin embargo, los sucesivos gobiernos decidieron irresponsablemente postergar estos temas, hasta que se volvieron inevitables. ¿Algún gobierno estuvo dispuesto a asumir costos en el presente para realizar reformas pensando en el futuro? No. ¿Estuvimos preparados? Tampoco.
[cita]Su iniciativa legislativa ha abarcado diversos temas, pero siempre con el mismo ausente; a pesar de denuncias concretas de lucro en las universidades Santo Tomás y Uniacc de parte del ex secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Acreditación, Patricio Basso y del informe realizado por el Consejo Nacional de Educación, que en el informe que justifica el cierre de la U. del Mar explicita que ésta perseguía fin de lucro. El Mineduc omitió esta información en su decreto.[/cita]
Pero esa no es la única falla sobre la que se ha construido algo en este país. El movimiento estudiantil, sobre todo la última década, ha insistido en que el sistema educacional completo se ha erigido sobre una falla que hace chocar dos grandes placas, la del interés particular de los empresarios y la del interés general de la gente de Chile. La falla del lucro ha venido acumulando una fuerza que derrumbaría también los sueños de miles de familias chilenas —la educación superior hoy concentra a más de un millón de estudiantes— si desde el mundo político no se abrían a reformas estructurales.
De este modo, el movimiento estudiantil que convocó a cientos de miles de personas a enfrentar a los empresarios en la educación, fue un antecedente el 2011; el enfrentamiento del lucro el año siguiente fue otro que cuenta con el triste capítulo en el que el ministro Beyer y la Cámara de Diputados rechazaron el informe que constituía el primer pronunciamiento de un poder del Estado reconociendo y haciéndose cargo del problema —prohibido nominalmente en la regulación—. Pero la bola siguió creciendo, volviéndose ineludible al estallar la crisis en la Universidad del Mar que mantiene a miles de familias con su futuro en entredicho, al destaparse las coimas que varias universidades utilizaron para obtener su acreditación, priorizando el gastar millones de pesos en sobornos en lugar de invertir en calidad y al irse sumando varias otras universidades (tocando incluso a otro ministro, Teodoro Ribera) a la lista de universidades cuestionadas.
Pues bien, no se puede juzgar a un gobierno porque un terremoto o una movilización que viene gestándose desde hace décadas se produzcan dentro de su período. Sí se le puede juzgar, en cambio, por el modo en el que abordó la situación de crisis y por cómo delineó un futuro determinado en las decisiones de su presente.
Para Bachelet y su gobierno, el terremoto desató la inacción producto del miedo de anunciar un tsunami en caso de que no sucediera (discusión aparte es qué tan evidente era según la información de la que se disponía). Para Piñera, las movilizaciones por una educación pública, gratuita y de calidad, que han mantenido como enemigo al lucro, partieron con ninguneos del ministro de entonces, Joaquín Lavín —“este es un movimiento de privilegiados”, declaró—, luego el ministro Felipe Bulnes apartó al Ejecutivo de en medio para conducir el problema hacia el Congreso.
Pero también lo vemos en el actual ministro, Harald Beyer, a cargo de una de las carteras peor evaluadas según la encuesta CEP. Él ha declarado que “no hay universidades que lucren de acuerdo a la ley”, ante el emplazamiento del entonces Presidente FECh, Gabriel Boric. “No puedo probar que había lucro en la U. del Mar”, señaló. Su posición cada día se va tornando más insostenible a medida que van surgiendo nuevos y más claros antecedentes en múltiples planteles de educación superior. Tal como si ante un evidente terremoto se dijese “la tierra tembló a 8,8° en la Escala de Richter, pero no tengo pruebas de la existencia de un sismo”.
La respuesta del gobierno, una y otra vez, ha sido la sordera a las demandas de la gran mayoría de Chile. Y Beyer, amparado en su estatus “técnico”, ha sido punta de lanza en esquivar la problemática y defender el negocio educativo. Su iniciativa legislativa ha abarcado diversos temas, pero siempre con el mismo ausente; a pesar de denuncias concretas de lucro en las universidades Santo Tomás y Uniacc de parte del ex secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Acreditación, Patricio Basso y del informe realizado por el Consejo Nacional de Educación, que en el informe que justifica el cierre de la U. del Mar explicita que ésta perseguía fin de lucro. El Mineduc omitió esta información en su decreto.
¿A qué le teme el ministro Beyer? Probablemente a los mismos a quienes el conjunto de la clase política nos presentó como el único actor capaz de reconstruir el país desde el mismo 27/F: el empresariado. Bajo el telón de la “unidad nacional”, desde entonces las grandes riquezas no trepidaron en aprovechar las nuevas oportunidades de negocio que abrió la catástrofe y la alfombra roja que tendió el gobierno para su saqueo. Imágenes como las de la empresa Cencosud trasladando mercadería para sus negocios utilizando beneficios aduaneros posterremoto resultaron particularmente expresivas de este aprovechamiento.
Durante las últimas décadas los gobiernos han optado por fortalecer el negocio y el crecimiento de las billeteras de unos pocos por sobre la educación y su calidad. Cada peso que se ha ido a los bolsillos de los controladores en lugar de reinvertirse en las instituciones, ha sido un peso que ha faltado para no tener que pagar aranceles abusivos, para contratar profesores, en definitiva para construir una educación de calidad. Y en ese sentido, resulta evidente el paralelo entre lo ocurrido con el terremoto respecto al manejo de la crisis de nuestro actual sistema educativo. Sin embargo, el ministro Beyer ha ido aún más lejos. La reubicación de los estudiantes de la U. del Mar en varias universidades que están siendo también investigadas por posible lucro, es como si a los damnificados del terremoto se los hubiese llevado a vivir a nuevas casas de adobe, igual de frágiles e inestables que las anteriores, pero pintadas de otro color.
Las movilizaciones sociales de los últimos años han abierto una enorme oportunidad para hacer de la educación un derecho para todos y no un negocio para pocos. Los hechos que han venido ocurriendo desde hace un par de años deben forzar al conjunto de los actores políticos a definirse, muy en especial a sus parlamentarios y liderazgos presidenciables. El gobierno debe determinar si enfrenta con decisión el problema, o si quiere mantener en su cargo a un Beyer cuyo temor a combatir el lucro lo hace cada vez más insostenible en el ministerio. La oposición, por su parte, debe decidir si está dispuesta a tolerar esta negación, o si utilizará las herramientas jurídicas y políticas que posee para combatirlo.
El 27 de febrero del 2010 Chile conoció de manera dramática las consecuencias que tiene el dejarse vencer por el miedo. Nuestro país no puede permitirse volver a cometer el mismo error.
