Hoy es evidente la necesidad de un nuevo enfoque. Se requiere conservar a una escala de paisaje, e identificar situaciones regionales, corredores y uso sustentable desde el punto de vista productivo. Dadas las características del país, las mayores amenazas para la biodiversidad se dan en lugares donde la actividad humana es intensa.
Se debe reconocer que pese a múltiples problemas ambientales que aún subsisten, Chile ha experimentado un gran desarrollo de su normativa legal y de su institucionalidad. Sin embargo, la profundidad longitudinal del país y la variedad de sus sistemas ecológicos unidos al desarrollo minero, forestal y pesquero de muchas de sus regiones, ha generado que en aspectos trascendentes aún no existan instrumentos ni institucionalidad para una gestión adecuada de ellos de la protección ambiental. Uno de esos aspectos es la conservación de la biodiversidad.
Chile es un caso particular de biodiversidad que va prácticamente desde Antofagasta hasta la región de Los Lagos, con variados “puntos calientes” con prioridad de conservación, siendo los más conocidos y trabajados el bosque costero valdiviano y la Isla Juan Fernández.
Hasta hace poco la conservación ambiental de Chile en lo esencial fue tributaria de la Convención de Washington de 1940. Esta, con una ratificación bastante tardía el año 1967, plasmó la visión de áreas protegidas de nuestro país.
[cita]Hoy es evidente la necesidad de un nuevo enfoque. Se requiere conservar a una escala de paisaje, e identificar situaciones regionales, corredores y uso sustentable desde el punto de vista productivo. Dadas las características del país, las mayores amenazas para la biodiversidad se dan en lugares donde la actividad humana es intensa.[/cita]
Hoy es evidente la necesidad de un nuevo enfoque. Se requiere conservar a una escala de paisaje, e identificar situaciones regionales, corredores y uso sustentable desde el punto de vista productivo. Dadas las características del país, las mayores amenazas para la biodiversidad se dan, precisamente, en lugares donde la actividad humana es intensa y las políticas públicas no pueden omitir la realidad productiva realizada en ellas.
Ejemplo de estos esfuerzos son el proyecto de ley enviado a tramitación al Congreso Nacional que crea el Servicio Nacional de la Biodiversidad y Áreas Protegidas; y el GEF- SIRAP, iniciativa gubernamental que con apoyo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, FMMA y el PNUD, ha trabajado desde el 2008 en las Regiones de Los Ríos y de Los Lagos.
Los objetivos de este último proyecto se han concentrado en complementar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas con nuevas estrategias y categorías de conservación en los territorios productivos y áreas privadas, y desarrollar modelos de coordinación y cooperación público/privada regional a través de experiencias que puedan ser replicables.
Los aspectos más sobresalientes de este proyecto, y que de ser incorporados al trámite de ley enriquecerían el proyecto son las llamadas zonas de amortiguación, el paisaje de conservación las áreas protegidas de pueblos originarios y la creación de un sistema regional de áreas protegidas. Ello, junto con el fomento de la conservación en emprendimientos privados, como la que desarrolla Así Conserva Chile y los contenidos de la ley propuesta por el ejecutivo, harían una innovación estratégica en materia de conservación de la biodiversidad.
Las Zonas de Amortiguación y el desarrollo de comunidades aledañas a las áreas protegidas son esenciales no solo para disminuir las presiones del medio externo, sino también para establecer relaciones de cooperación y manejo colaborativo con las comunidades del sector. Esa ha sido la experiencia de la zona de amortiguación en torno al Parque Nacional Alerce Andino y la Reserva Nacional Llanquihue.
El paisaje de conservación, destinado a impedir la fragmentación y pérdida de hábitat del área protegida, gestionando de manera integrada los sistemas productivos, permite suplir vacíos de representatividad ecológica del sistema público de áreas protegidas, incorporar los sistemas productivos silvoagropecuarios en la protección de la biodiversidad y facilitar la gestión de una estrategia común de conservación y desarrollo sustentable entre el sector público y los privados.
Finalmente, un sistema regional de áreas protegidas como unidades técnico administrativas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas existente, con competencias específicas para coordinar las instituciones públicas y privadas, con el objeto de abordar la conservación de la biodiversidad en su territorio, permitiría focalizar de acuerdo a las necesidades específicas dentro de los territorios.
Este puede ser un ente canalizador de recursos de asignación descentralizada (FNDR y otros), que financien iniciativas regionales y locales de conservación, además de una instancia técnica que estudie y planifique el desarrollo de áreas protegidas en las Regiones. Ello permitiría un acercamiento regional a objetivos nacionales, vinculados a estrategias de desarrollo.
Un campo especial de este sistema sería el fortalecimiento de iniciativas de conservación de áreas privadas y de algo que todavía debe analizarse pero es fundamental como son las iniciativas de conservación en áreas privadas y en territorios de pueblos originarios de Chile.
La experiencia de la Reserva Costera Valdiviana y del Parque Indígena “Juan Melillanca Naguillán” en territorio de propiedad comunitaria de la Comunidad Melillanca Guanqui, en la Cordillera de la Costa de Osorno, indican que este es un campo fértil para iniciativas si se cuenta con los instrumentos legales e institucionales adecuados.
