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Crédito: Agencia EFE
Los manifestantes acudieron al aeropuerto de El Prat, en un intento de bloquear sus actividades como protesta por la condena de nueve líderes independentistas a penas de hasta 13 años de cárcel por su papel en el fallido intento de secesión de Cataluña en 2017. Diez personas resultaron heridas en el aeropuerto, en enfrentamientos con la policía regional catalana, y otras tres en distintos puntos de la región. El jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, descartó cualquier posible indulto, mientras el actual presidente catalán calificó la sentencia como un acto «de venganza, no de justicia». En tanto, la Justicia española despachó una nueva orden europea de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont.
El aeropuerto El Prat de Barcelona – el segundo más grande de España- se ha visto colapsado por independentistas que protestan contra la sentencia del «procés» y han provocado retrasos y cancelaciones de vuelos.
La policía cargó varias veces contra los manifestantes, que acudieron al terminal en un intento de bloquear sus actividades tras la condena de nueve líderes independentistas a penas de hasta 13 años de cárcel por su papel en el fallido intento de secesión de Cataluña en 2017.
La pena más alta, 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta por sedición y malversación, fue para el exvicepresidente del gobierno regional catalán Oriol Junqueras, una pena muy inferior a los 25 años que solicitaba la Fiscalía. La sentencia condena también a 11 años y seis meses a Carme Forcadell. También irán a la cárcel los conocidos como los Jordis y cinco exconsellers, por sedición y malversación. Se ha absuelto de malversación a los tres acusados en libertad -Santiago Vila, Meritxel Borràs y Carles Mundó-, que no irán a prisión, pero fueron condenados a una multa.
El Tribunal condena a penas de nueve años de prisión y nueve de inhabilitación al exlíder de la ANC Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, (conocidos como ‘los Jordis’) por un delito de sedición por la «contribución necesaria» de las entidades soberanistas en el «procés». A los exconsellers Jordi Turull (de Presidència), Raül Romeva (de Exteriores) y Dolors Bassa (de Trabajo) se les imponen penas de 12 años de cárcel por los delitos de sedición con malversación. Y de diez años y medio por sedición al extitular de Interior, Joaquim Forn, y al de Territorio, Josep Rull.
En el aeropuerto, centenares de manifestantes se enfrentaron a los agentes, arrojándoles piedras o botes de basura. La policía cargó contra ellos cuando intentaron romper el cordón policial que evitaba la entrada al terminal. Un portavoz de la policía regional catalana, los Mossos d’Esquadra, confirmó «maniobras de contención ante las personas que intentan pasar la linea policial».
Las protestas en Cataluña, especialmente en las grandes ciudades, están vigiladas este lunes por un fuerte dispositivo de seguridad, tanto de la policía regional catalana como de los cuerpos estatales (Policía Nacional y Guardia Civil), que han enviado a la región a 2.000 efectivos adicionales para asegurar el orden público.
Tras varias concentraciones y marchas de carácter pacífico durante la mañana en distintos puntos de Barcelona, cientos de personas se dirigieron al aeropuerto de la ciudad, donde se reunieron en la zona que conecta el aparcamiento con la terminal 1, siguiendo un llamado de la plataforma Tsunami Democràtic para «colapsar» y «paralizar» esta infraestructura.
Las concentraciones causaron retrasos y atascos en las carreteras que llevan al aeropuerto, así como cancelaciones de vuelos en el aeropuerto mismo. Según el gestor aeroportuario Aena, «se han cancelado una veintena de vuelos» en el aeropuerto de Barcelona por los miles de manifestantes que cortaron rutas y vías férreas que acceden al aeropuerto.
Tsunami Democràtic ha llamado también a «saturar los accesos» al madrileño Aeropuerto de Barajas-Adolfo Suárez, «haciendo evidente que el conflicto político no sólo afecta Cataluña», se lee en un comunicado. La organización pide que todos los ciudadanos madrileños que se sientan «indignados» con la sentencia acudan a la convocatoria para reclamar una «solución política» al conflicto catalán que pase por «el diálogo y la negociación».
Además, las protestas obligaron a cortar parcialmente la circulación en algunas estaciones ferroviarias de la ciudad. En Gerona, un centenar de personas invadió las vías cerca de la estación de tren, ya que las instalaciones están protegidas por un fuerte dispositivo policial. Este corte interrumpió de momento la circulación de trenes de alta velocidad entre Barcelona y la frontera francesa.
Posteriormente, algunas de estas personas cortaron el tráfico en la autopista AP-7 en Gerona. Se trata de una importante vía que conecta la frontera francesa con Barcelona y sigue después por todo el arco mediterráneo español.
10 personas resultaron heridas en el aeropuerto, debido a algunos enfrentamientos entre la policía regional catalana y los manifestantes, y otras tres en distintos puntos de la región.
En medio de este panorama, el Tribunal Supremo español decidió este lunes dictar una nueva orden europea de detención y entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont, quien se encuentra en Bélgica y declarado en rebeldía en España.
El juez Pablo Llarena decidió cursar la petición después de que el TS publicara hoy la sentencia por la que nueve líderes secesionistas catalanes son declarados culpables de sedición y condenados a penas de entre 9 y 13 años de prisión por el proceso independentista catalán ilegal de 2017.
El Tribunal Supremo indicó en un comunicado que el magistrado Pablo Llarena lanzó la orden «por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos», contra Puigdemont, quien huyó a Bélgica para evadir a la justicia española luego de la fracasada declaración unilateral de la «República catalana». Un tribunal regional alemán ya rechazó en su momento extraditar al expresidente catalán por el delito de rebelión, como pedía entonces el juez, aunque sí por el de malversación de caudales públicos, ante lo que se retiró la anterior «euroorden» contra Puigdemont.
El Jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez descartó cualquier posible indulto y señaló que la condena «significa su íntegro cumplimiento».
Sánchez recalcó que España «es una de las mejores democracias del mundo» y que el proceso judicial tuvo lugar «con plenas garantías y absoluta transparencia» y pidió abrir «etapa nueva» en Cataluña, basada en el «diálogo».
«Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento», añadió en su declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, en la que aclaró que «nadie es juzgado por sus ideas».
Desde el lado del separatismo catalán, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por su parte, calificó que la condena es una «barbaridad». «Cien años de prisión en total. Una barbaridad. Ahora más que nunca, a vuestro lado y al de vuestras familias. Toca reaccionar, como nunca. Por el futuro de nuestros hijos e hijas. Por la democracia. Por Europa. Por Cataluña”, afirmó desde Bruselas.
Por su parte, el actual presidente catalán, Quim Torra, explicó que pediría por carta al rey Felipe VI y al mismo Pedro Sánchez, una «reunión urgente» para «tratar la crisis que se abre con la sentencia» del Tribunal Supremo. En su declaración institucional, Torra calificó de «antidemocrática» la sentencia y la consideró un acto «de venganza, no de justicia».
Además, sostuvo que comparecerá en el Parlament para abordar este asunto en los próximos días, y que el Govern celebrará una reunión extraordinaria en la mañana de este martes.
