El gobierno ha sido acusado de utilizar a ultranza esta medida para «amordazar» a la oposición, asfixiar la libertad de prensa y limitar las libertades individuales y colectivas.
El presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, resolvió finalmente levantar el estado de excepción, en vigor en el país desde hace 19 años, según publicó este jueves en su página web el boletín oficial del Estado.
La decisión del levantamiento del estado de excepción se adoptó el pasado martes en un Consejo de Ministros, después de que fuese anunciada como «inminente» hace varios días, y estaba pendiente de la publicación en el diario oficial para entrar en vigor.
La disposición de excepción, resistida fuertemente por los partidos de oposición y también por algunos diputados del Gobierno, había sido instaurada en Argelia el 9 de febrero de 1992, el día después de la tentativa de insurrección del Frente Islámico de Salvación (FIS).
Un año más tarde, el 6 de febrero 1993, el estado de excepción se prolongó por una duración indeterminada, oficialmente en razón de la necesidad de la lucha contra los grupos de rebeldes islamistas.
Sin embargo, desde el comienzo del 2000, numerosas voces, incluidas algunos apoyos de Buteflika como el Movimiento de la Sociedad por la Paz (MSP) se alzaron para reclamar su anulación.
Para estos partidos, la situación de seguridad interna del país ha mejorado notablemente estos últimos años, la amenaza terrorista se ha reducido y en consecuencia, el mantenimiento del estado de excepción no tenía ninguna razón válida.
El gobierno, por otro lado, ha sido acusado de utilizar a ultranza esta medida para «amordazar» a la oposición, asfixiar la libertad de prensa y limitar las libertades individuales y colectivas.
La principal y la más importante limitación para la oposición argelina derivada del estado de excepción se relacionaba con la imposibilidad de organizar manifestaciones para formular reivindicaciones o protestas.
Incluso si el texto no especifica explícitamente que las manifestaciones de la oposición en la calles están prohibidas, las autoridades durante las últimos dos décadas han movilizado importantes fuerzas del orden para impedirlas, incluso por medio de la violencia y de la represión.
Estos dos últimos meses y particularmente desde los levantamientos en Túnez y en Egipto, la presión sobre el poder central de Argel se ha acentuado considerablemente en relación con la exigencia del levantamiento del estado de excepción.
El 22 de enero pasado, el opositor Reagrupación por la Cultura y la Democracia (RCD), de Said Sadi, ha intentado organizar una marcha en la capital para llevar a las calles esta exigencia y para reclamar asimismo un cambio de régimen, pero la marcha fue reprimida.
Algunos días más tarde se formó la Coordinadora Nacional por el Cambio y la Democracia (CNCD), que agrupa a los partidos de la oposición, entre ellos el RCD, así como a organizaciones de la sociedad civil, cuyo principal objetivo era hacer presión sobre el régimen con el fin de anular la disposición de excepción-
La CNCD ha organizado dos manifestaciones, el 12 y el 19 de este mes, pero ambas han sido impedidas por la fuerza y los participantes han sido violentamente reprimidos.
De ahora en adelante, el gobierno argelino no puede argumentar el estado de excepción para prohibir las actividades de la oposición a través del país, salvo en Argel.
Las marchas y las manifestaciones en la calle no están, de hecho, autorizadas en la capital en base a otra disposición, un decreto de junio de 2001 que, contrariamente al estado de excepción, está todavía en vigor.
El próximo sábado será una prueba para las autoridades argelinas y una ocasión para comprobar si el levantamiento del estado de excepción es una decisión aplicable efectivamente en la práctica.
La CNCD cuenta con organizar dicho día una nueva marcha en Argel.
