«Un tema complejo», así describió el diputado RN Diego Schalper las denuncias que existen contra agentes del Estado por violación a los Derechos Humanos. El parlamentario aseguró que existe una tensión entre «el monopolio en el ejercicio de la fuerza y el resguardo de los Derechos Humanos». En una sesión con fecha 4 de noviembre de 2019, Schalper abordó cómo manejar estos límites. «Hay dos puntos, dos extremos, que la doctrina tiene absolutamente abandonada en el mundo: el primero es creer que nunca se puede ejercer la fuerza y por lo tanto todo ejercicio abusivo es violador de Derechos Humanos», y el segundo, el que -según señaló- «ojalá que aquí nadie comulgue», es que todo ejercicio está autorizado y que por lo tanto no existen ejercicios abusivos. A juicio del diputado «los que estamos en posición de liderazgo tenemos que tener responsabilidad y hablar que todo esto es materia de investigación», señaló.
Desde el inicio de las protestas en el país, las denuncias contra agentes del Estado por violaciones a los Derechos Humanos han sido tema de discusión en la calle, las redes sociales y en el mundo político.
A casi un mes de las movilizaciones, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) señala que hasta el momento se han presentado 335 acciones judiciales; entre ella 14 amparos, 5 querellas por homicidio, 57 acciones judiciales por violencia sexual y otras 236 por torturas cometidas por agentes del Estado.
Sin embargo, hace hace algunos días, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, aseguró que no existe una violación sistemática a los DDHH en el país. Esta declaración desató una discusión al interior de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Es «un tema complejo», dijo el diputado RN Diego Schalper, miembro de la comisión, y señaló que existe una tensión entre «el monopolio en el ejercicio de la fuerza y el resguardo de los Derechos Humanos».
En una sesión con fecha 4 de noviembre de 2019 el parlamentario abordó cómo manejar estos límites.
«Hay dos puntos, dos extremos, que la doctrina tiene absolutamente abandonada en el mundo: el primero es creer que nunca se puede ejercer la fuerza y por lo tanto todo ejercicio abusivo es violador de Derechos Humanos», señaló.
Bajo esa premisa, Schalper dijo que esta es «una mirada que puede tener atractivo en las redes sociales, pero la verdad es que no tiene ningún asidero en la discusión jurídica internacional».
«De hecho, si uno revisa la normativa de los Derechos Humanos para la policía de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, se dará cuenta que ahí también se hacen cargo de reconocer a las fuerzas policiales el ejercicio de la fuerza pero evidentemente darle un contexto de resguardo», añadió.
El diputado apuntó a que esta mirada da la sensación de que todo ejercicio de la fuerza por parte de Carabineros que causa algún daño a una persona que se pone en una situación de violar el Estado de Derecho es constitutiva de violación a los Derechos Humanos».
«Es algo que quizá puede ser muy interesante desde el punto de vista doctrinario, pero que no tiene asidero en la jurisprudencia internacional», reiteró.
La otra mirada extrema que señala Schalper y que -según señaló- «ojalá que aquí (la Comisión) nadie comulgue», es que todo ejercicio está autorizado y que por lo tanto no existen ejercicios abusivos.
«Entonces ahí tenemos dos límites», comentó.
El punto de Schalper para sus pares fue que es necesario debatir estos límites. «Hasta dónde el ejercicio por parte de la fuerza policial o militar es constitutivo de una violación a los Derechos Humanos».
«Algunos creen que siempre. Yo creo que es una cuestión más compleja que ese tipo de afirmaciones», señaló.
En ese sentido, citó al director del INDH. «Puedo entender que algunos acá, con distintos niveles de representatividad, tengan su tesis propia. Pero otra cosa muy distinta es que el encargado de la institucionalidad de los Derechos Humanos en Chile afirme que esas tesis son equivocadas», sentenció.
Y citando las palabras del director nacional de la PDI, el diputado comentó que sería bueno que «los que estamos en posiciones de liderazgo empecemos a hablar de presuntas violaciones o de posibles violaciones. Porque no nos vaya a pasar lo mismo que con la estación Baquedano. Que aquí algunos afirmaban que era un centro de tortura y después tuvieron que salir a desdecirse».
«Los que estamos en posición de liderazgo tenemos que tener responsabilidad y hablar que todo esto es materia de investigación», señaló.
El diputado RN señaló a la diputada Carmen Hertz, quien puso como ejemplo, previo a la intervención de Shcalper, el caso de la «crucificción» en una comisaría de Peñalolén.
«Para que usted sepa la Defensoría Penal Pública está levantando la posición de que ahí no hubo eso que usted dice. Y en todo proceso penal hay dos partes», concluyó, reiterando nuevamente la responsabilidad de respetar un proceso penal con dos partes.
Cabe mencionar que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara acordó visitar los centros médicos especialistas en trauma ocular, el Hospital del Salvador y la Clínica Santa María, además del Hospital de Carabineros, para conocer el estado de los heridos en las diversas manifestaciones sociales.
Además, junto con concordar en invitar nuevamente al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, aprobaron dos acuerdos: uno originado por el diputado Diego Schalper (RN); y otro de la diputada Carmen Hertz (PC).
El primero, aprobado con siete votos a favor y cinco en contra, indica que la Comisión de Derechos Humanos, en virtud de la Convención Interamericana de DD.HH., reconoce el deber del Estado chileno de garantizar el libre y pleno ejercicio de los DDHH, condena la violencia que afecta a compatriotas en todo el territorio y hace un llamado a suscribir un acuerdo por la paz.
Y el segundo, con siete votos a favor de la oposición, cinco abstenciones y uno en contra, la propuesta de la diputada Carmen Hertz que señala que “la Comisión de DDHH condena las graves y generalizadas violaciones a los derechos fundamentales cometidas por agentes del Estado contra personas que han participado en manifestaciones de protesta desde el 14 de octubre hasta la fecha”.
