PAÍS
La misiva respalda a los voceros de la agrupación estudiantil, Ayelén Salgado y Víctor Chanfreau.
Distintas organizaciones y una gran cantidad de personas de diversos rubros firmaron una carta en la que respaldan a los voceros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Ayelén Salgado y Víctor Chanfreau, luego del anuncio del Gobierno de aplicarles la Ley de Seguridad del Estado tras el «boicot» al proceso PSU.
Con respecto a la medida que anunció La Moneda, la misiva sostiene que es «una medida judicial que lejos de apuntar hacia soluciones de fondo para cambiar el sistema de acceso a la educación superior, lo que hace es criminalizar por decreto la protesta social, perseguir a los liderazgos sociales y alentar desde el Estado castigos a quienes se alcen contra el modelo imperante en el país».
«La actual movilización de los secundarios contra la PSU, al igual que en octubre de 2019 con el llamado a la evasión en el Metro, apuntó a terminar con uno de los pilares que sostiene la desigualdad en Chile, como lo es la educación en todas sus etapas y en especial en la superior. La PSU es el instrumento que mejor refleja que el poder del dinero garantiza acceso a las mejores universidades a los más ricos y a la elite, mientras posterga a la gran mayoría de los jóvenes que no recibió una educación de calidad en su etapa de formación a estudiar donde el sistema y puntaje se los permita a costa incluso de un alto endeudamiento familiar», agregaron.
Para los firmantes de la carta, la movilización secundaria «es parte del estallido social que vive el país» y «no es una expresión ajena a las demandas de la sociedad chilena ni en su fondo ni en la forma que se ha levantado con masivas manifestaciones, huelgas y paros para exigir cambios profundos en las pensiones, en la salud, en las luchas feministas y por la igualdad de género, en la vivienda, en el medioambiente y en la educación».
«Todos somos Ayelén Salgado. Todos somos Víctor Chanfreau. Todos somos secundarios. Nunca los dejaremos solos.
No a la criminalización de la protesta social», concluye la carta.
