El retail, uno de los mayores empleadores del país y foco del conflicto social, en sus días cruciales

Sin árbol, sin fotos con el Viejito Pascuero, sin aspavientos, menos promociones, sin cuotas en precio contado. La  habitualidad de uno de los sectores más representativos del libre mercado, el comercio, cambió de rumbo el 18 de octubre. De ahí en más todos los esfuerzos del sector, controlado por grandes capitales locales y extranjeros, replantearon por completo su actividad. Una que habían llevado a cabo durante 30 años por todo Chile, convirtiéndose en el símbolo del acceso a bienes y servicios (gracias a ofertas de viajes, seguros y otros productos) a los que antes los chilenos no podían acceder.

La tarjeta, uno de los principales instrumentos financieros de esta industria, ha sido el ícono del modelo que la calle ha gritado que estresó a los chilenos. Pero hay que darle una ventaja al sector: ha sido, históricamente, un gran empleador del país.

Paulmann, Saieh, los Solari, los Luksic –por mencionar algunos–, todos tienen operaciones en diferentes rubros de la venta minorista, ya sea como proveedores u operadores. Esto, desde Lider a CCU, pasando por Falabella, las tiendas de mejoramiento del hogar y cadenas de malls.

Todas las acciones del retail han reaccionado ante la inquietud de un mercado que no está seguro de qué tantas garantías le quedan para jugarse el mes que mayores ventas tiene al año: diciembre. Pero el 2019 no ha sido un buen año. Las contracciones del consumo han golpeado las ventas de todos los operadores: desde el cambio climático (por la demanda del tipo de bienes) a la cesantía en el país, han mermado sus ventas.

Todo se agudizó después de octubre 18. De acuerdo a una medición de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y FollowUp «en cerca de 1.900 locales comerciales durante octubre recién pasado. En el rubro Vestuario, calzado y accesorios, las ventas registradas entre el 19 de octubre y el 3 de noviembre cayeron casi un 50% en 12 meses, reflejando el profundo daño que han traído al sector los hechos de violencia de los que ha sido víctima el comercio en las últimas semanas», informó el gremio.

Los grandes operadores no han estado ajenos a ello, aunque hasta ahora han mostrado espaldas para mantenerse operativos. Y es que las dimensiones del sector y su influencia en el modelo y la sociedad chilena son enormes.

Un simple ejercicio, el grupo Falabella –controlador de la cadena de mejoramiento del hogar Sodimac, con participación en Mall Plaza, la cadena de tiendas de departamento del mismo nombre y que traerá Ikea a Chile– opera en Chile 26 malls, 68 supermercados, 89 Sodimac, 47 tiendas Falabella y 2,7 millones de tarjetas de crédito. Y la operación en el país le reporta el 61% de sus ingresos.

«Tenemos la fuerza financiera para pasar este período, incluso mucho mejor que muchos de nuestros competidores. No solo desde el lado financiero, sino por la capacidad operativa que tenemos”, dijo, en una llamada con inversionistas, el gerente corporativo de Finanzas de Falabella, Alejandro González.

El retail es un sector altamente intensivo en generación de empleos en Chile. Claudio Ortiz, vicepresidente Ejecutivo del Retail Financiero A.G., explica que la data del sector respalda que ha sido un área que ha aportado de manera relevante al desarrollo. «Hoy es el sector donde más trabajan los chilenos, casi 1,6 millones se desempeñan en él, lo que equivale a un 19% de la ocupación total, por lejos el sector con mayor cantidad de personas. Casi la mitad de la ocupación del sector son mujeres, convirtiéndose en la principal fuente de ocupación femenina en Chile. Además, el sector donde más se emplean los jóvenes, ya que el 30% de los menores de 25 años se desempeña en el comercio, que en muchos casos es su primer paso en la vida laboral», explicó a El Mostrador.

Ortiz añade que hay que mirar el problema de fondo y no sindicar a la industria como la culpable de segregaciones sociales, sino que, más bien, se han mantenido políticas de inclusión financiera desde comienzos de los 90. «Les ha permitido el acceso al crédito formal a las personas de menos ingresos, las que no pueden abrir fácilmente una cuenta corriente o tarjeta de crédito en un banco tradicional debido a su nivel de riesgo. Más del 90% de nuestros clientes paga sus cuentas al día, según las estadísticas de la CMF, un alto estándar a nivel internacional, sobre todo en los segmentos más riesgosos. Esto revela que la mayoría de los consumidores chilenos son personas que utilizan bien estos instrumentos como una manera de lograr acceso más rápido a bienes», puntualizó.

El representante gremial agregó que la masificación de los medios de pago del retail ha permitido a los sectores más vulnerables acceder a servicios de la nueva economía que solo acepta medios de pago electrónicos, tal como ocurre en plataformas como Netflix o Spotify. «Además, el sector logró algo impensado hace 40 años: democratizar y descentralizar el acceso a bienes y servicios a precios competitivos a nivel mundial. Hoy una lavadora tiene el mismo precio en cualquier ciudad de Chile y además es más barata que en cualquier país de la región. Sabemos que efectivamente hay numerosos casos de personas que no usan bien estos instrumentos financieros y caen en morosidad, con la posibilidad de terminar en episodios de sobreendeudamiento. Creo que esta es una realidad de la que nos tenemos que hacer cargo. Nuestro gremio se ha puesto como desafío hacer todos los esfuerzos para fomentar y apoyar la educación financiera en nuestro país. Los primeros pasos en esta dirección los empezamos a dar como gremio a principios de octubre, a través del lanzamiento de una campaña radial de educación financiera, que profundizaremos y masificaremos el próximo año», dijo.

La garantía de operación

Una temprana reunión tras el estallido social del 18 de octubre en La Moneda generó desconexión entre uno de los principales actores del rubro, la industria supermercadista, y el Gobierno. Eso, porque en esa cita se había solicitado al Estado garantizar las condiciones para abrir puntos de venta.

Tras ello todo fue confuso: si bien los supermercados aseguraban el abastecimiento, el exministro del Interior Andrés Chadwick hablaba de que la cadena se rompería, y Cecilia Morel, que había que racionalizar los alimentos. Luego, los hechos se salieron de control y de manera masiva varios supermercados fueron saqueados, vandalizados o quemados.

Casi un mes después, la «sorpresa» vino de la mano de Walmart. La cadena –una de las más afectadas por los hechos de violencia– presentó recursos de protección (el miércoles pasado) contra el Estado por no garantizar la seguridad.

Las primeras reacciones de La Moneda fueron de inquietud, aunque luego la cadena aclaró que la intención no era obtener indemnizaciones por parte del Gobierno sino que las acciones tuvieron  como único objetivo garantizar protección para operar, como una medida ante los posibles nuevos estallidos sociales. Y no con la intención de trenzarse en una pelea con las autoridades locales.

«En Walmart Chile lamentamos profundamente los hechos de violencia que han afectado a nuestro país en las últimas semanas. Como compañía hemos sufrido más de 1.200 episodios de saqueos y resaqueos e incendios, los que han afectado a 128 locales, además de 34 supermercados incendiados, 17 de ellos con pérdida total. Desde el primer día, la seguridad de nuestros colaboradores y clientes ha sido nuestra prioridad, por tanto, como compañía debemos tomar las medidas de protección necesarias, tanto a nivel físico como jurídico para asegurar la operación de nuestros locales y no afectar el abastecimiento de bienes básicos a nuestros clientes. Por ello, Walmart Chile decidió solicitar al Estado protección, como mecanismo para cumplir con ese objetivo», explicó la cadena.

La acción de interponer los recursos de protección, además, se realizó como una medida de urgencia en medio del primer aniversario de la muerte de Camilo Catrillanca, donde se temía que el estallido social pudiera incrementar los hechos de violencia y vandalismo. Cosa que no ocurrió.

Conocedores del mercado agregaron que la alta afectación de sus locales –por ejemplo, versus las cadenas Unimarc, Jumbo o Tottus– se explicó, no por una fijación con la marca, sino porque son los que tienen alcance, precisamente, en comunas periféricas. La cobertura de la cadena es tal, que el 96% de la población en el país está a menos de una hora de uno de sus locales. El estatus actual de la firma incluye 286 operaciones abiertas, 128 saqueadas y 34 siniestradas por incendios.

Lo más delicado, sostienen en la industria, son los trabajadores afectados. Aunque diversas cadenas aseguran estar intentando reubicar a la mayor cantidad de empleados. Los eventos de Walmart afectaron a cerca de 4.500 de sus colabores, de los cuales 60% han sido reubicados. En total, la firma ocupa a cerca de 50 mil personas.

Controlada por el empresario local Álvaro Saieh, SMU explicó que actualmente «más del 90% de nuestras tiendas se encuentran operando». «A mediados de diciembre, esperamos contar con el 97% de nuestros locales abiertos, restando solo 14 que corresponden a los incendiados, los cuales anticipamos poder tener en funcionamiento durante el próximo año», dijeron a El Mostrador.

Para las cadenas es clave que hoy el Gobierno pueda enfocarse en lo único que le piden: garantizar las condiciones de seguridad para trabajadores y clientes. «Actualmente no tenemos problemas con nuestras operaciones. Tenemos funcionando 59 supermercados y seguimos abocados en la tarea de abrir el resto de nuestros locales lo más pronto posible, siempre en la medida que se den todas condiciones necesarias para ello, siempre privilegiando la seguridad de nuestros colabores y clientes», plantearon desde Tottus.

Cencosud ha sido uno de los casos más particulares. La firma –que declinó comentar el estatus de sus operaciones– ha sido la más afectada por el movimiento, particularmente porque uno de sus centros íconos, Costanera Center, ha sido eje de las protestas sociales, lo que ha implicado que el último mes el mall solo opere de manera parcial, con medidas extraordinarias de seguridad, sin exigir apertura a las tiendas que allí trabajan e, incluso, con la amenaza de manifestarse dentro del centro comercial. El lugar ha permanecido más de 18 jornadas cerradas durante los últimos 30 días.

Los optimistas dicen que hay luz al final del túnel. «Pero el Gobierno debe jugar el papel que le cabe: que el comercio sea un lugar seguro, como históricamente lo fue. No somos el enemigo», apunta un empresario. Comerciantes de Valparaíso, de hecho, presentaron demandas contra el Estado por no garantizarles esas mínimas condiciones de seguridad este lunes.

Ayer, la CCS informó sobre un «alivio» para las ventas minoristas. «Durante los últimos días el comercio minorista de vestuario, calzado y accesorios finalmente tuvo un respiro: luego de más de 20 días de caídas históricas, que alcanzaron su momento más dramático durante la semana del 21 de octubre (con una contracción del 75%), las ventas del rubro lograron levantar cabeza la semana pasada, con un crecimiento del 8% en 12 meses, apoyado en gran medida por el fin de semana post Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución». Así se desprende de un estudio elaborado por la CCS y FollowUP, a partir de datos de 1.900 locales a nivel nacional recabados por esta última. De acuerdo al reporte, sin embargo, «si bien se observa una disminución de la incertidumbre luego del Acuerdo, sus niveles siguen siendo extremadamente elevados, por lo que no se descartan nuevas caídas, dependiendo del curso que tomen los acontecimientos», dijeron.