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El controvertido modelo de negocios que divide a la eléctrica CGE MERCADOS

El controvertido modelo de negocios que divide a la eléctrica CGE

Enrique Elgueta
Por : Enrique Elgueta Periodista y consultor senior en Comsulting.
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Desde el año pasado la compañía viene implementando un nuevo modelo de operaciones y a partir de entonces que corren los cuchillos largos: en 2018 redujo su personal en un 12,2% y se esperan más recortes. Lo curioso es que este proceso se basa en la externalización de distintas áreas, entre ellas, la de explotación, que se encarga de la seguridad del suministro eléctrico, y que en el último tiempo le ha significado varias crisis reputacionales a la firma. Siendo una de las 102 empresas que el Estado considera como «estratégicas», y que opera en un negocio regulado, ¿por qué terceriza servicios?


Desde hace un tiempo la Compañía General de Electricidad (CGE) vive tiempos de cambios. Tras ser absorbida a fines de 2014 por la española Gas Natural Fenosa, la firma ha tenido transformaciones de distinta índole. En los últimos tres años ha empujado un cambio organizacional que la ha llevado a absorber filiales de su anterior estructura, a dividir su línea de negocios gasíferos del eléctrico e, incluso, su controladora cambió de nombre.

El año pasado, Gas Natural Fenosa pasó a llamarse Naturgy, lo que trajo consigo una profunda transformación en su directorio, presidido por el mallorquín Francisco Reynés, quien desde hace un año ha impulsado cambios de negocios y operativos. Por supuesto, Chile no podía estar ajeno.

«Queremos adaptar la compañía y transformar el grupo a los nuevos tiempos. La evolución tecnológica y digitalización de la sociedad, de las empresas y hasta de la vida familiar es un hecho», dijo el ejecutivo en una entrevista a La Tercera, en medio de una visita fugaz a Santiago en septiembre. «Lo que tiene que hacer Chile es seguir la senda de todo el resto de los países donde estamos, de ir adaptándose a las nuevas formas de hacer las cosas. El modelo de gestión de Chile se adaptará –y se está adaptando– a esa nueva forma de hacer las cosas con el objetivo de satisfacer clientes y tener una base de activos cada vez más competitiva y sólida», agregó entonces Reynés.

Los cambios apuntan –explicó la compañía a El Mostrador Mercados– a «transformar a la empresa en una compañía más ágil y tecnológica y así mejorar la calidad de servicio y atención a sus clientes, afrontar de mejor manera las contingencias climáticas y reforzar el relacionamiento con la comunidad. En CGE entendemos la complejidad de esta situación y, por ello, agradecemos el compromiso y aporte de todos sus colaboradores».

Es que la calidad de servicio no es un tema trivial para una empresa que ha sido, precisamente, cuestionada por eso.

En el verano de 2017 enfrentó duras críticas, debido a que 200 personas se vieron afectadas por diversos incendios en la Región del Maule, originados por la negligencia de los ejecutivos y técnicos de la compañía, quienes no cumplieron con sus labores de supervisión de la seguridad, así como de la mantención y cuidado de las redes de transmisión eléctrica en la zona.

El conflicto

Simplificación y eficiencia son los conceptos que más se repiten en medio del proceso de cambios que atraviesa la eléctrica. También el de «externalización», que sería el factor clave con que se justificó la reducción de trabajadores, que se efectuó el 2018, de un 12,2%.

[cita tipo=»destaque»]El problema para sus empleados es que este relato no se condice con la actividad del día a día. CGE –la Compañía General de Electricidad, con una tradición de 100 años en el país– es una de las 102 empresas estratégicas para el Estado, es decir, cuenta con una regulación especial que le impide, por ejemplo, que sus trabajadores convoquen a una huelga, considerando que la calidad y continuidad del suministro eléctrico se encuentra fijado por ley. Esta restricción, sin embargo, no aplica para modelos tercerizados a través de empresas contratistas.[/cita]

En mayo, la CGE se propuso la externalización de las áreas comercial, de mantenimiento y operaciones. Es decir, la seguridad del suministro eléctrico podrá recaer ahora en un tercero, lo cual no es menor para una compañía de este tipo e internamente y parte de sus trabajadores cuestionan que estos cambios conducen en dirección contraria.

Su reporte financiero de 2018 da cuenta de que el número de trabajadores promedio cayó desde los 3.029 hasta los 2.661, parte de los cuales se dedicaban precisamente a labores de explotación y mantenimiento de su red de transmisión eléctrica, un área sensible para la firma, lo que queda demostrado con otros cuestionamientos públicos que ha enfrentado, como el de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que el 2017 le formuló cargos –junto a Enel– por cortes reiterados y prolongados de energía en la Región Metropolitana.

Ese invierno fue nevado en la capital y el regulador sabía que la ciudad pasaría por una situación climática particular, pidiéndoles a las compañías eléctricas un plan de acción excepcional, el que no prosperó.

El propio presidente de CGE en Chile, Antonio Gallart, reconoció en la memoria lo difícil que fue la cuestión climática: «La naturaleza nos recordó toda su fuerza en Chile. Primero, fueron los incendios forestales del verano pasado en la zona central del país, que tuvieron una intensidad que llevó a catalogar el fenómeno como una ‘tormenta de fuego’, y, más tarde, se registraron fuertes temporales de viento y lluvia en varias regiones, que más tarde desencadenaron una nevazón que no se había visto en el país en 50 años».

En esa misma memoria, Gallart asumió «redoblar nuestro compromiso por entregar un suministro eléctrico seguro y de calidad, colaborando con las autoridades locales en la superación de las emergencias y trabajando en conjunto con las comunidades. Nuestra respuesta a estos fenómenos climáticos fue reforzar el trabajo que hacemos y elevar nuestro propio nivel de exigencias para estar mejor preparados ante distintos tipos de emergencia».

Esto último es lo que causa contradicciones en el plano interno, pues el redoblamiento de esos esfuerzos pasa, curiosamente, por externalizar las labores de explotación de CGE. «Es importante destacar que las empresas de distribución eléctrica, en países de la OCDE, trabajan con un modelo de contratistas en las principales tareas de atención a los requerimientos en terreno, con supervisión de personal propio de la empresa. Este modelo permite tener más flexibilidad para que, cuando existan requerimientos por emergencias, esta dotación aumente con rapidez y pueda desplazarse a lo largo del territorio, además de la carga de trabajo estable existente», explicó CGE ante las consultas de El Mostrador Mercados.

«Es el personal propio de CGE el que resguarda que los trabajos de los contratistas se realicen en tiempo y forma, con las debidas exigencias de seguridad. En este contexto, el modelo de transformación de CGE ha implicado reforzar este modelo, inyectarles tecnología y mayor capacitación a los roles», agregó la firma.

El problema para sus empleados es que este relato no se condice con la actividad del día a día. CGE –la Compañía General de Electricidad, con una tradición de 100 años en el país– es una de las 102 empresas estratégicas para el Estado, es decir, cuenta con una regulación especial que le impide, por ejemplo, que sus trabajadores convoquen a una huelga, considerando que la calidad y continuidad del suministro eléctrico se encuentra fijado por ley. Esta restricción, sin embargo, no aplica para modelos tercerizados a través de empresas contratistas.

Ya ha habido paralizaciones en esas compañías. En Coquimbo, la empresa Bureau Veritas, cuyos empleados son lectores de medidores de CGE, paralizaron funciones, mientras que en Santiago hace solo unos días varios empleados de la firma CGS –que presta servicios de call center– hicieron noticia por colgarse en la torre Telefónica, buscando mejoras salariales. Según CGE, esto último no afectó sus servicios, ya que se trataba de un número menor de funcionarios.

Negocio regulado

Los empleados de CGE llevaron la situación de la compañía hasta la Cámara de Diputados. Allí, en agosto acudieron a la Comisión de Minería y Energía, donde advirtieron que el ajuste de plana que estaba haciendo la sociedad afectaría sus obligaciones en materia de seguridad del suministro.

Uno de los principales cuestionamientos apuntó a qué necesidades financieras tendría una empresa cuyas tarifas están reguladas y que participa de un modelo de negocios que le permite prever con tranquilidad sus utilidades, no solo para este año, sino el 2020 incluso. De hecho, cuando los mercados son volátiles, es común que las corredoras de bolsa recomienden acciones de este sector, considerando que es una industria de menos altibajos, segura, precisamente por operar en un negocio donde las reglas están más o menos claras y cuyo futuro de mediano plazo es conocido.

Con este contexto, uno de los oradores –Fernando Bravo, de la Federación Nacional de Sindicatos de Empresas de Distribución Eléctrica–, que presentó el conflicto de CGE en la comisión precisó la siguiente contradicción: «No puede ser que una empresa estratégica para el Estado, no garantice el servicio que se les presta a los usuarios y que, en vez de ello, se precarice» y sacó a colación el hecho de que la SEC tenía en el puesto 26 (de 31) a la compañía en el ranking de calidad de servicio.

La visión de CGE es muy distinta y pone como ejemplo lo que considera una buena reacción al sismo de 6,7 grados Richter que afectó a la Región de Coquimbo hace algunas semanas. «En este evento, 232 mil clientes quedaron sin energía eléctrica producto de una falla en el segmento de transmisión eléctrica, o sea, las líneas de alta y media tensión. El 90% de ellos recuperó su suministro al cabo de 90 minutos pasado el sismo. Para enfrentar el trabajo de reposición del resto de los clientes sin energía, se dispusieron 115 brigadas de emergencia y reconstrucción de redes, con más de 350 personas trabajando en terreno para recuperar el suministro eléctrico, las que viajaron de distintas partes del país».

A fines de enero, la firma reportó sus utilidades para 2018. El año pasado ganó $33.890 millones –unos US$51 millones actuales– cifra muy por debajo de los $179.105 millones en ganancias que informó en 2017.

De cualquier forma, Chile sigue siendo una de las operaciones más relevantes para la compañía. «Una de las regiones, de hecho, es la segunda después de España, es lo que hemos llamado Latinoamérica Sur, que engloba los países de esta región y donde lejos el más importante es Chile. Pero no lo calificamos como ‘joya’, porque dentro del joyero tenemos anillos, pulseras, relojes y demases, entonces no queremos generar agravios comparativos. Pero digamos que cuando venimos acá, llegamos contentos y nos marchamos tristes y nos sentimos cómodos y disfrutamos de nuestra estancia. Disfrutaríamos más si resolviéramos más problemas, pero tenemos un joyero donde la posición que ocupa la joya chilena es una posición relevante y nos entristecería mucho perder esa joya o que nos la robaran», dijo Reynés en septiembre.

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