MERCADOS
La Fiscalía Nacional Económica decidió acudir al máximo tribunal asegurando que, ante este escenario, «las medidas impuestas por el TDLC resultan ineficaces, insuficientes, susceptibles de interpretaciones, difíciles de fiscalizar e, incluso, podrían generar distorsiones en los mercados afectados».
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acudió a la Corte Suprema para solicitar que revoque la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en la cual aprobó con condiciones las alianzas que planea realizar la aerolínea Latam con British Airways e Iberia y con American Airlines.
En su presentación, la Fiscalía pidió a la Corte Suprema “que revoque la resolución recurrida y prohíba la materialización de los Joint Business Agreements consultados, por ser estos contrarios a las normas que regulan la libre competencia y no ser las medidas adoptadas efectivas, suficientes ni adecuadas».
Cabe mencionar que la operación analizada constituye un acuerdo entre competidores y su materialización implica que las partes coordinen “horarios, tarifas, estrategias de venta y capacidad, integración de programas de pasajero frecuente y el reparto de ingresos entre las partes en las rutas involucradas”.
Recordemos que el pasado 31 de octubre, el TDLC autorizó los Joint Business Agreement (JBA) firmados por Latam Airlines con American Airlines y el grupo IAG (British Airways e Iberia) en enero de 2016. Para su materialización aplicó condiciones como una fórmula de reparto de ingresos, y el no cobro de precios implícitos negativos en rutas indirectas que tengan como tramo troncal vuelos Santiago-Miami y Santiago-Madrid.
A juicio de la FNE “las partes dejarían de comportarse como agentes económicos independientes en aquellas rutas donde los JBA surten sus efectos, con consecuencias equivalentes a las de una operación de concentración, aunque sin las eficiencias y ahorros en costos que podría esperarse de una fusión”.
Los argumentos del organismo antimonopolio cuestiona la decisión del Tribunal, porque pese a haber reconocido en la resolución que “los riesgos que derivan de los acuerdos consultados superan a sus beneficios”, optó por aprobar las alianzas imponiendo medidas de mitigación que tendrían “por finalidad central restaurar, en la mayor medida posible, las condiciones de competencia previas a la materialización de los JBA consultados”.
La Fiscalía asegura que, ante este escenario, las medidas impuestas por el TDLC resultan ineficaces, insuficientes, susceptibles de interpretaciones, difíciles de fiscalizar e, incluso, podrían generar distorsiones en los mercados afectados.
