La medida buscaría amedrentar las acciones penales en medio del caso. Luego de una serie de querellas contra la empresa, ahora Equitas contraatacó y demandó por una serie de perjuicios. La película ya suma a Juan Ignacio Piña, Jorge Bofill, Enrique Correa y hasta a un ex Canciller Federal austriaco.
Se trata de una disputa de no demasiada cuantía, pero el caso que involucra al fondo Equitas suma nuevos capítulos que lo hacen digno de un guión de Hollywood. El problema estalló a mediados de año, cuando se conocieron oscuros capítulos de la reorganización judicial de la firma, según relató El Mostrador Mercados.
Estados financieros arreglados, facturas cobradas dos veces y la poca intención de pagar su deuda, fueron parte de los ingredientes. Innovaciones Forestales es controlada desde el 2012 por el fondo Equitas, ligado a Vicente Pérez, Cristián Shea y en el que participa también el ex Canciller Federal de Austria, Alfred Gusenbauer.
A fines de 2016, el negocio se complicó cuando Innovaciones Forestales fue investigada por el robo de madera en Concepción. Tras ello una serie de hechos llevó a los factorings a detectar problemas con el cobro de las facturas que tenían de la compañía. El problema se fue agravando, hasta que la forestal pidió su reorganización judicial, dejando un “hoyo” que llegaría a los US$ 8 millones.
El modelo era simple: entregaban facturas de Forestal Los Acacios a los factorings, en condiciones que estas ya habían sido pagadas por el mismo Equitas. Sin aclararse aún cómo a los controladores de la firma se les habría “pasado” tal desorden financiero, Equitas se preparó para librar la batalla y evadir el pago de deudas.
Y lo hizo a gran escala, reclutó a Jorge Bofill para delinear su estrategia legal, y a Enrique Correa como asesor informal –de hecho, el 3 de agosto, según consta por Ley de Lobby, María Jesús Castro, consultora de Asuntos públicos de Imaginacción, acudió en representación de Innovaciones Forestales y en compañía de Francisco Aninat, de Bofill Escobar, a una reunión con la jefa del Departamento Jurídico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Paulina Carrasco–; los factorings respondieron y contrataron a José Ignacio Piña, ex presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al estudio de Grasty Quintana Majlis & Cía., no sOlo con el fin de cobrarse sus platas sino además perseguir las responsabilidades penales de los ejecutivos, directores y controladores de la firma. Para ellos, todo se explicaría por la articulación planificada de una estafa.
Pero en una movida legal que sorprendió a los afectados, el equipo de asesores de Equitas se adelantó y ya tiene demandados a dos empresas de factoraje, esta vez en tribunales civiles. Como en el mundo al revés, Innovaciones Forestales –la empresa que presenta la acción– acusó a Primus –firma ligada a Raimundo Valenzuela– y a Finameris, que recibieron documentos de los Acacios a sabiendas de que sus facturas estaban cobradas ex ante.
Se trata de dos demandas interpuestas a principios de mes por el abogado Mario Rojas, que en calcados argumentos imputa a los factorings faltas que los dejan como participantes de un esquema que buscaba perjudicar a Innovaciones Forestales.
Según el relato, de acuerdo a Equitas, “en el mes de noviembre de 2016, el director señor Vicente Pérez (…) recibió un llamado del gerente general Eduardo Ugarte Ronzier, quien le indicó que Innovaciones Forestales SpA adeudaba a una empresa de factoring 86 millones de pesos, en razón de una factura que, a esta, le había emitido su proveedora de madera, Forestal los Acacios SpA”, detalla la acción civil que agrega que la situación constituía “una imposibilidad absoluta”. Esta última condición estaba dada porque Innovaciones Forestales pagaba por adelantado a los Acacios, por ende, era imposible que existieran facturas pendientes.
El relato, que se replica en ambas demandas, continúa señalando que, cuando se enteraron de dicha inconsistencia los controladores de Equitas en Santiago, designaron a Rigoberto León para que indagara el asunto en la sede de la compañía en Concepción. Tras ello, y aportando en la acción civil antecedentes de la auditoría forense que la empresa anunció que realizaría, asesorada por Jorge Bofill, la demanda no deja a títere con cabeza, aprovechando de trasquilar a los auditores.
“Extrañamente, los funcionarios de KPMG Auditores Consultores Limitada, encargados como estaban de la emisión de su opinión de auditoría respecto del ejercicio 2015 de IF, llegaron hasta el mes de noviembre de 2016 sin dar cuenta al receptor natural y legal de ella (el Directorio integrado por dos directores nombrados con los votos del controlador) del hecho de que los funcionarios operativos en la Región del Bío-Bío no les proporcionaban información suficiente para su labor fiscalizadora”, indica el documento que demanda a Primus.
De acuerdo a IF, los factorings habrían “retirado” fondos de la caja de la forestal, obrando de forma “gravemente negligente”. Lo anterior se justificaría en que actuaron sin emplear mecanismos de control prudentes para detectar que las facturas eran inconsistentes. Se les imputa que habría sido de su responsabilidad examinar “atentamente” los estados financieros, ya que, si hubieran realizado ese ejercicio, habrían notado la exposición que tenía Los Acacios. Todas estas conclusiones, como bien reconoce la demanda, fueron detectadas de forma posterior a los hechos, tras la auditoría. Forestal Los Acacios llegó a estar expuesta, solo ante Primus Capital SpA, en más de $500 millones. Estos hechos, a juicio de la firma controlada por Equitas, debían haber llamado su atención.
Como final de teleserie anunciado, la demanda contra Primus y Finameris sostiene que los factorings no solo habrían actuado de mala fe sino que, además, estos serían culpables de perjuicios que hay que sumar, calculadora en mano, pues las cifras son enormes. Los calificativos de la demanda encienden la disputa.
El documento señala que, en el caso de Primus, la firma extrajo de su caja $ 276 millones, “pese a que dichas empresas de factoring carecían de título o causa para adquirir la propiedad de los dineros transferidos”. Mientras que Finameris habría “extraído” por su parte otros $ 2.103 millones.
¿Qué le habría generado esta acción a Innovaciones Forestales? Pues bien, una merma en su patrimonio, la pérdida de utilidades, lucro cesante y, con todo, su reorganización judicial, una seguidilla de hechos que Mario Rojas compara incluso con desastres naturales. “Una empresa que cuenta con un capital pagado de $ 4.131.130.886, que sufre la extracción de activos líquidos por $ 2.103.521.729, es decir, más del 50% de los recursos aportados por sus accionistas a título de capital, evidentemente que sufrió un embate financiero desastroso, equivalente –en física– a un terremoto”, sentencia.
A ambas empresas de factoraje, IF les exige que les devuelva la plata que ellos recibieron por el cobro de facturas. Pero va por más. Les imputa –a cada uno– otros $ 1.699 millones por daño emergente, más $ 2.411 millones por lucro cesante y $ 1.000 millones por daño moral. Ambas demandas suman más de $ 12.500 millones.
Al interior de los factoring la movida legal de los asesores de Equitas no les hizo gracia. En primer lugar, la disputa estaba teniendo eco en tribunales penales por la figura de estafa, pero ahora se abre una nueva arista civil, a su juicio rayando en lo “ridícula” y que tiene como fin convertirse en una maniobra dilatoria, en momentos en que además se debate la verificación de créditos en medio de la reorganización judicial. En efecto, el 9 de noviembre está fijada la audiencia para revisar las impugnaciones que expuso IF a la gran mayoría de los acreedores.
Cercanos a los afectados leen la acción como una movida para desviar la atención y, así, abrir varios frentes judiciales. “Se parece al caso La Polar, cuando Pablo Alcalde hasta demandó a la empresa. Es decir, se realizan miles de acciones judiciales que lo único que hacen es evitar hacer lo que tiene que hacerse en estos casos: pagar”, apunta un conocedor.
Los afectados además han comentado que haber demandado a dos factorings es una suerte de amedrentamiento contra las otras empresas de factoraje más pequeñas, a fin de que cesen cualquier acción. En algunos casos habría dado resultado, y algunas de estas compañías habrían llegado a acuerdos por fuera con Equitas para no persistir en acciones legales.
Pero el grupo más expuesto –en el que se cuentan los dos demandados, Primus y Finameris– no está dispuesto a bajar los brazos. De hecho, a través de sus abogados y la asesoría de Juan Ignacio Piña han presentado tres querellas en el Juzgado de Garantía de Concepción a nombre de Primus, Nuevo Capital y Banpro. Según consta en la demanda civil de IF, también Finameris se querelló contra Innovaciones Forestales.
Las acciones impugnan el delito que –a juicio de los factorings– perseguía el quehacer de Innovaciones Forestales: estafa reiterada en contra de Eduardo Ugarte Ronzier, su ex gerente general y ex alto ejecutivo del grupo Security, además Renato Alfonso Pinto Delgado (gerente de Administración), Joel Esteban Muñoz Rivera (gerente de Finanzas) y de todos quienes resulten responsables. Precisamente esta última frase sería la que complicaría a Equitas. Las acciones podrían salpicar al directorio, justo en medio de la emisión de un nuevo fondo, Equitas III, el que se lanzó a fines de septiembre, de acuerdo a lo informado por la compañía a la Bolsa de Comercio.
Los ejecutivos de la firma se pasearon, además, a fines del año pasado, por algunas oficinas de Gobierno en compañía del integrante del Comité de Vigilancia de Equitas, Osvaldo Puccio, y de su socio extranjero, el ex Canciller Federal Gusenbauer. La bomba explotaría meses después en sus manos. Sus dueños, en todo caso, parecen aún no sentir las esquirlas.
