Opinión
Un adecuado liderazgo de autoridad, en conjunto con una industria abierta a solucionar estos temas, habría podido generar una reforma administrativa que avanzara en pos de un mejor sistema. Por ejemplo, la creación de un fondo de compensación por riesgo entre isapres es una forma de terminar con la cautividad, generando libre movilidad y elección, lo que reduciría el problema de la judicialización. La creación de planes comunes, simplificar la oferta y homologación de códigos, ayudaría a facilitar la comprensión y transparencia por parte de los usuarios. Y, yendo un paso más allá, disminuir o incluso eliminar la tabla de factores de riesgo, introduciendo una sociabilización de los riesgos entre toda la población, es totalmente factible.
Ciertamente el problema previsional demandaba una acción política y legislativa urgente. Pero, al mismo tiempo, pareciera que hemos olvidado darle la urgencia necesaria a un elemento clave de la seguridad social, como lo es la provisión de aseguramiento en salud. Específicamente, en los últimos años la autoridad ha perdido la oportunidad de haber mejorado el funcionamiento de las isapres, dejando para mañana lo que podría haber corregido hoy.
Existen al menos cuatro elementos que se podrían haber solucionado a través de una coordinación entre la autoridad y la industria, si hubiese existido de parte de la primera una verdadera intención no solo de fiscalizar un sistema, sino también de romper el juego de suma cero que caracterizó –no solo en salud sino lamentablemente en casi todos los sectores– la relación de este Gobierno con el sector privado. Es posible que el Estado permita la prestación de servicios públicos por parte de los privados –y que estos obtengan legítimas ganancias– si nunca se pierde de vista el verdadero bien a proteger: la seguridad social, en este caso, el aseguramiento en salud.
Ahora, los grandes requerimientos que se le hacen al sistema de isapres son la discriminación por género y edad (el uso de tablas para tarificar por riesgo individual o, bien, la falta de subsidios cruzados entre los participantes), la cautividad de los usuarios que cuentan con alguna enfermedad preexistente o crónica, el problema de comparabilidad entre planes desde el punto de vista del usuario y, probablemente como consecuencia de todo ello, la judicialización que se ha producido respecto del ajuste de precio de los planes.
Un adecuado liderazgo de autoridad, en conjunto con una industria abierta a solucionar estos temas, habría podido generar una reforma administrativa que avanzara en pos de un mejor sistema. Por ejemplo, la creación de un fondo de compensación por riesgo entre isapres es una forma de terminar con la cautividad, generando libre movilidad y elección, lo que reduciría el problema de la judicialización. La creación de planes comunes, simplificar la oferta y homologación de códigos, ayudaría a facilitar la comprensión y transparencia por parte de los usuarios. Y, yendo un paso más allá, disminuir o incluso eliminar la tabla de factores de riesgo, introduciendo una sociabilización de los riesgos entre toda la población, es totalmente factible.
Es posible mejorar el sistema de salud para todos los chilenos. Hemos construido un sistema mixto que, pese a todos los ajustes necesarios, ha logrado ofrecer aseguramiento a millones de chilenos expandiendo esta oferta a la clase media en cada vez mayor proporción. Al mismo tiempo, desde el sector público se han ido constituyendo importantes hitos que permiten pensar en una interacción de ambos sistemas, con el objetivo de que la provisión de un sistema mínimo pero exigente de seguridad social en salud sea posible.
El punto de partida debiese ser el GES. Y el punto de llegada, un sistema de salud solidario para todos los chilenos, que solucione los problemas de discriminación por género o edad, que permita la libre movilidad de las personas y mayor libertad de elección, y que genere un sistema de aseguramiento y prestaciones más competitivo, trasparente y eficiente en la contención de costos.
Lo primero que debemos consensuar es este objetivo final, más allá de cualquier consideración ideológica o comercial. El proceso de transición sin duda será largo y no estará libre de costos y pérdidas tanto a nivel político como económico. Por lo mismo, es clave, de empezar a construir esta visión estratégica de largo plazo lo antes posible, un proyecto que le entregue a Chile un nuevo sistema de seguridad social en salud.
Pablo Correa
Economista
Denk Políticas Públicas
