Otro escándalo que golpea a la industria financiera
Se trata de Financoop, cooperativa fiscalizada por la DAES del Ministerio de Economía y que tenía como misión financiar a «empresas B» y aquellas personas sin acceso a la banca. Tras meses de disputa en tribunales con dicho ministerio, la compañía fue obligada a paralizar funciones producto de un deterioro patrimonial aún no cuantificado. Y la controversia salpica a sus socios depositantes, entre ellos Vicente Caruz, ex controlador y actual accionista del grupo Norte Sur, el que igualmente participa a través de otras sociedades en la cooperativa y que en su directorio tiene a ejecutivos cercanos, como su ex gerente general, Daniel Albarrán. A este se suman directores vinculados a la DC, como Sergio Fernández, Carlos Mladinic y Ernesto Livacic. El caso es complejo, pues se trata también de un intermediario que opera con recursos de Corfo.
Una alarma roja parece haberse prendido en las oficinas de la División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía, organismo creado en agosto de 2014 y cuyo principal objetivo es fomentar el desarrollo y la operatividad de las llamadas “empresas B”, aquellas que no tienen un propósito económico sino social.
La alarma la encendió Finacoop, una compañía que entra en dicha categoría. Esta cooperativa fue fundada en 2006 con la misión de entregar servicios financieros a personas sin acceso al sistema bancario, y entre sus socios aportantes y directorio existen estrechos vínculos con el grupo Norte Sur y poderosos miembros de la Democracia Cristiana (DC).
A pesar de que la cooperativa y el Ministerio de Economía arrastraban durante meses disputas en tribunales –después que Financoop supuestamente obstaculizara la labor fiscalizadora de la DAES–, la crisis se desató el lunes pasado con el cierre de sus funciones.
Así lo resolvió el ministerio, luego de que el 14 de agosto presentara al 23º Juzgado Civil de Santiago medidas prejudiciales precautorias en contra de Financoop, tras concluir la existencia de un deterioro patrimonial de la cooperativa, el que a la fecha no ha sido clarificado y, según Economía, “pone en riesgo su viabilidad futura”.
Dicha medida implica la paralización del funcionamiento de Financoop, con lo cual se buscaría proteger los intereses de los socios, ahorrantes, depositantes, acreedores y trabajadores de la entidad, en tanto se aclare su situación financiera.
El caso es todavía opaco. Hace casi dos semanas, este medio, con información que apuntaba a que cerca de 2/3 de sus colocaciones estarían en condiciones de incobrabilidad, tuvo como respuesta, por parte de Financoop, la negativa de dicha situación. Por el contrario, a través de una carta firmada por “La Administración”, dijeron que esta “funciona con completa normalidad”.
“La Cooperativa funciona con total normalidad tanto en el otorgamiento de créditos, su recuperación y la captación de recursos. De igual forma se encuentra al día en todos los pagos de proveedores y servicios. Como institución de ahorro y créditos, FINANCOOP funciona con un mix de capital social y depósitos, siempre dentro de los límites establecidos por la ley y la regulación. Por otra parte, la Cooperativa tiene una política de provisiones por riesgo de crédito (incobrabilidad) de acuerdo a la normativa dictada por la DAES, la que se aplica regularmente”, fue el detalle de la respuesta.
Como sea, el juicio que se armó el Ministerio de Economía es evidentemente distinto, a pesar de que la semana pasada, tras ser consultado, afirmara que se encontraba en proceso de fiscalización de esta situación.
En cualquier caso, la alarma no es en absoluto trivial. Si bien la Subsecretaría de Economía informó que no existen recursos fiscales involucrados, por tratarse de relaciones comerciales entre privados, Financoop es un intermediario de recursos de Corfo.
De hecho, es una de las compañías que se debe acudir para que micros y pequeñas empresas postulen a créditos de la Corporación, así como Coopeuch, Caja Los Andres e Indes S.A. Esta última firma es una filial del grupo Norte Sur y, al mismo tiempo, es socia depositante de Financoop, relación que abre un vínculo con varios ejecutivos relacionados con dicho grupo.
El directorio de Financoop actualmente es presidido por Daniel Albarrán, quien fue gerente general del grupo Norte Sur, estrecho colaborador de Vicente Caruz, ex controlador del mismo.
Su primer vicepresidente es Ernesto Livacic, militante DC y ex super de Bancos durante el Gobierno de Frei; se suma el también DC Carlos Mladinic, ex biministro de Frei Ruiz-Tagle y actualmente consultor del Banco Interamericano del Desarrollo; Sergio Fernández Aguayo, militante DC, ex accionista de Norte Sur y ex presidente de Financoop.
El resto del directorio lo componen Richard Muñoz, Juan Carlos Accorsi y Hugo Trivelli, ex alto ejecutivo de Banco Estado y ex presidente de EFE, también durante el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Hasta el año pasado, Norte Sur era uno de los principales socios de Financoop. Su condición de socio era bajo el estamento C, sin embargo, vendió su participación a la sociedad francesa Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement (SIDI). De igual manera, su vínculo persiste con algunos de los accionistas del grupo que en 2007 vendió el Banco del Desarrollo.
Esto, a través de Inversiones para el Desarrollo (Indes), sociedad controlada en un 100% por Norte Sur y que en agosto de 2016 vendió parte de su cartera de crédito –poco más de $1.100 millones– a Incofin, firma de factoring que también se desprende del holding.
Según información a la que accedió este medio con cierre a diciembre de 2016, Indes es uno de los principales socios de Financoop. En un documento que detalla las cuentas de capital al cierre del año pasado, esta empresa aparece con montos que superan los $217 millones. También figura Vicente Caruz, accionista de Norte Sur y que, a través de Vicente Caruz Ltda., es uno de los principales socios, con $118 millones en el mismo ítem.
Indes y Caruz son socios considerados dentro del Estamento B de Financoop, el cual se define como aquel constituido por personas naturales, personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado, usuarios de la cooperativa a través de instrumentos de depósito, ahorro u otros aportes que realicen a la entidad para favorecer sus operaciones, sin perjuicio de su aporte al capital.
Según la última memoria disponible de Financoop, a diciembre de 2015 sus socios alcanzaron los 42.279 y el capital social llegó a $5.464 millones, cifras que se comparan a 2014 con 38.292 y $5.036 millones, respectivamente.
Según la compañía, aquellos socios usuarios de créditos –es decir, los que pertenecen al estamento A– aportaron el 57,36% del total de capital de la cooperativa.
Sus colocaciones fueron por $40.919 millones, el año pasado, cifra que, sin embargo, se compara a provisiones de $1.559 millones, equivalentes al 3,81% del total de colocaciones.
Los depósitos y captaciones en 2015 crecieron un 6% a $38.719 millones.
En la memoria de ese año, con Sergio Fernández como presidente, hubo un diagnóstico de lo que fue 2015, marcado por caídas en el precio del cobre e inversiones estancadas, escenario en el cual “al afectarse el nivel de ingresos de los sectores que atendemos con servicios crediticios, en razón de nuestra vocación social, el riesgo que debe soportar una cooperativa acreedora aumenta”.
“Estamos conscientes que el Ministerio de Economía se está preocupando de mejorar la productividad de nuestras pequeñas y medianas empresas. Pero para que dicho sector pueda innovar y mejorar su productividad, es indispensable que pueda captar flujo de recursos crediticios desde el sistema cooperativa. Entendemos que la decisión de impulsar un sistema público-privado, mediante la creación de una División de Asociatividad y Economía Social en ese Ministerio, puede resultar positivo. Por ello, tanto la presidencia como la gerencia de Financoop han colaborado con esa iniciativa”, se señala.
Amparados en la defensa de Rodrigo Zégers –del estudio Rivadeneira Colombara Zegers–, Financoop se ha resistido ante el Ministerio de Economía a entregar información relativa a los aportes de sus socios.
Entre abril y mayo hubo una serie de oficios emitidos por el Departamento de Cooperativas (Decoop), dependiente de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, tras los cuales Financoop presentó un recurso de ilegalidad, particularmente por un requerimiento de dicho departamento. Este era el de la “información detallada sobre depósitos o captaciones de los socios de Financoop”.
Decoop solicitó archivos correspondientes a las captaciones efectuadas por la cooperativa entre el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de marzo de 2017, lo cual para Financoop era ilegal porque dichos antecedentes se encontraban sujetos a secreto o reserva bancaria, en conformidad al artículo 154 de la Ley General de Bancos.
En el detalle tenía que incluirse el nombre del titular de la captación, su Rut, fecha de origen y monto, más la tasa de interés y el vencimiento del depósito.
El Decoop, sin embargo, le hizo ver que, al ser una cooperativa cuyo patrimonio no excedía las UF 400 mil, no estaba sometida a la fiscalización de la Sbif. Es más, el artículo 154 de la LGB, en ninguna de sus partes incluye a las cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas únicamente por el Departamento de Cooperativas, dentro de su ámbito de aplicación. Y, a juicio del Decoop, la cooperativa omitía el hecho de que dicha ley solo se refería a la banca como destinatario del deber de secreto.
Para defender su posición, Financoop contrató al jurista Miguel Nacrur, quien a través de un informe en derecho ratificaba que dicha información sí estaba acogida a secreto, pues un artículo de la Ley sobre Emisión y Operación de Medios de Pago con Provisión de Fondos por Entidades No Bancarias, hacía referencia expresa a dicha normativa en el caso de que tales cooperativas emitan y operen medios de pago con provisión de fondos.
Decoop arremetió nuevamente, haciendo ver que la misma ley, en otro artículo, obligaba a las cooperativas con patrimonio inferior a las UF 400 mil a constituir filiales para el ejercicio de la emisión y operación de medios de pago, las cuales sí están sujetas a la fiscalización de la Sbif, pero no la Cooperativa propiamente tal en las operaciones habituales de su giro.
Luego, el Decoop volvió a la carga y le recordó a Financoop que la Ley General de Cooperativas establece, en su artículo 109, que dicho organismo puede requerir de las cooperativas sujetas a su fiscalización todo tipo de informes y antecedentes a través de sus representantes.
De esta manera, el recurso de Financoop lo único que podía hacer era “restar eficacia a las atribuciones de fiscalización que expresamente la normativa ha conferido al Decoop”. Así, “suspender el cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Decoop en los oficios reclamados, implica limitar un proceso de fiscalización que se viene realizando en la Cooperativa, en el que una de sus aristas dice relación justamente con la entrega de la información requerida”.
Este organismo insistió en el requerimiento de la información denegada por Financoop, atendiendo además los plazos involucrados en su fiscalización de Decoop, ya que un recurso de ilegalidad implica “no contar con información valiosa al momento de adoptar las medidas de normalización atingentes en el caso”; y “teniendo presente los plazos formales de tramitación judicial de un procedimiento sumario, el Decoop se ve expuesto a que la información se diluya en el tiempo y no satisfaga el fin último que se tuvo en consideración al momento de solicitarla”
Como mencionamos anteriormente, alertados por la compleja situación financiera de Financoop, este medio le realizó una serie de preguntas a la compañía, la cual nunca reconoció un deterioro patrimonial y, por el contrario, insistió en la normalidad de sus finanzas.
“Financoop funciona con absoluta normalidad en todos sus procesos; captación, colocación y recuperación de créditos. Respecto de su pregunta, efectivamente Financoop ha decidido un aumento de capital que significa duplicarlo en 10 años, lo que se enmarca en un plan de desarrollo institucional para la segunda década de vida de la cooperativa”, dice una parte de las respuestas enviadas por la empresa.
En ese contexto, la compañía detalló que “la cartera de créditos de Financoop se encuentra 92,9% en créditos de consumo y 7,1% en créditos comerciales, los que se otorgan sólo a socios de la Cooperativa, los que alcanzan a 47.000. Los créditos de consumo se otorgan a muchos socios por montos que usualmente no superan el millón de pesos, y se pactan en su gran mayoría a través de convenios de descuento por planilla. Por tanto se trata de una cartera altamente diversificada. Como es usual en los créditos de consumo, estos suelen estar respaldados por un pagaré, sin perjuicio que tratándose de créditos por montos mayores y para compra de vehículos, tienen garantía prendaria. La cartera comercial cuenta en su gran mayoría con garantías reales o certificados de garantía. Respecto de la situación financiera de la Cooperativa, es falso de falsedad absoluta que dos tercios de su cartera son incobrables”.
Con posterioridad a ello, este medio contactó a algunos de los directores mencionados, quienes, sin entregar detalles, se plegaron a lo escrito por “La Administración”.
