Economistas consultados por Efe coincidieron, con objeciones, en que la medida ayudará a reducir el desempleo que, a raíz de la severa crisis de los dos últimos años, alcanzó en mayo pasado al 13,3 % de la población activa, lo que supone 13,77 millones de personas sin trabajo. Sin embargo, la medida también le dará a los empleadores mayores posibilidades para despedir cuando la economía esté débil o en recesión, o reducir el salario en un determinado momento para restituirlo en el futuro.
La reforma laboral aprobada en Brasil tendrá como objetivo prioritario reducir el elevado desempleo y la informalidad, aunque algunos expertos han alertado del riesgo potencial de que se creen puestos de trabajo más precarios y con menos derechos.
El texto que supone la mayor modificación de la Consolidación de las Leyes del Trabajo desde su puesta en marcha, en la década de los cuarenta, fue aprobado en el Senado este martes y solo falta la sanción del presidente Michel Temer para que entre en vigor.
«Ningún derecho menos, muchos empleos más», aseveró Temer, promotor de esa reforma y quien afronta graves acusaciones de corrupción que pusieron en peligro la aprobación del proyecto.
Economistas consultados por Efe coincidieron, con objeciones, en que la medida ayudará a reducir el desempleo que, a raíz de la severa crisis de los dos últimos años, alcanzó en mayo pasado al 13,3 % de la población activa, lo que supone 13,77 millones de personas sin trabajo.
«Va a ayudar a aumentar el empleo (…) Crea mayor flexibilidad en términos de reducir costes dando al empresario mayor capacidad para mantener el empleo», dijo a Efe Eduardo Velho, vicepresidente de Estudios de la Orden de Economistas de Brasil.
Sin embargo, la medida, sostiene Velho, también le dará a los empleadores «mayores posibilidades» para despedir «cuando la economía esté débil o en recesión, o reducir el salario en un determinado momento» para restituirlo en el futuro.
La profesora especializada en derecho laboral Juliana Bracks, de la Fundación Getulio Vargas, estimó que se pueden crear más plazas de trabajo con la reforma, aunque se pregunta en qué condiciones.
«No adelanta nada una generación de empleos con menos garantías, pero de repente el país prefiere un mayor número de personas con empleo, pero en un trabajo en condiciones menores», apuntó a Efe.
Bracks opinó que la medida generará una mayor demanda de mano de obra «porque hay menos garantías» y añadió que la citada reforma también se trata de una «cuestión política».
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es que libera la negociación de los convenios colectivos, a los que dará validez aún si no se ajustan a lo que la ley determina.
En término reales, esto dará más autonomía a las partes con la posibilidad incluso de que varios aspectos, como cambios en la duración de la jornada, sean negociados individualmente entre el empleado y el patrón.
Para Bracks, el trabajador brasileño aún no tiene la suficiente «madurez» para tener «realmente un poder de negociación dentro de un contrato de trabajo. Creo que es un sueño que no sé si vamos a conseguir realizar».
La reforma laboral también acaba con la «contribución sindical obligatoria», que imponía a los trabajadores el descuento de un día al año para destinarlo al gremio en que están afiliados.
Los sindicatos, que han criticado duramente la propuesta en su conjunto, argumentan que ese punto supondrá su asfixia económica y, en última instancia, les restará poder en las negociaciones.
Bracks consideró positivo el fin del llamado «impuesto sindical» porque dejaba «acomodados» a los gremios, pero apreció que esa medida debería venir acompañada de una reforma constitucional para acabar con el principio de «unidad sindical».
En Brasil solo es posible una entidad sindical por categoría para una misma «base territorial», una definición que engloba como mínimo a un municipio.
En este sentido, si un sindicato en un municipio brasileño desaparece, el trabajador no podrá acudir a otro en esa misma base territorial porque sencillamente no puede existir.
El economista Bruno Ottoni, de la Fundación Getulio Vargas, resume el sentir general al afirmar que «en líneas generales es positivo para el país» porque ayudará a «crear empleos» y «reducir la informalidad».
No obstante, desde su punto de vista, «existen algunos elementos potenciales que representan una pérdida de derechos», que se materializará o no dependiendo de cómo sea aplicada la reforma en la práctica y de las decisiones del Poder Judicial ante eventuales conflictos.
