Opinión
«Los esfuerzos deben enfocarse en agilizar la obtención de servidumbres, ya que el sistema actual deja a los inversionistas negociando hasta el último tramo de una línea con los propietarios, sin la posibilidad de completar los trabajos hasta que haya pleno acuerdo. Esto ha triplicado los costos asociados y extendido los plazos de ejecución por más de un año a lo planificado».
El sector y la industria de la energía enfrentan grandes desafíos, respecto a los cuales el marco regulatorio actual necesita cambios para poder enfrentarlos. Prueba de ello es el proyecto de ley que impulsa el Gobierno y que sufrió importantes observaciones en la Cámara de Diputados.
Principalmente, existen tres aspectos a los que los actores del sector deben poner atención. El primero es que, tal como señaló el ministro Pacheco, Chile no puede renunciar a su potencial de generación hidroeléctrica. Eso sería un despilfarro equivalente a negarse a extraer el cobre o, en el futuro, el litio. Debemos entender que las energías renovables no convencionales (ERNC) no son capaces por sí solas de sustentar el aumento en la demanda eléctrica.
Segundo, en relación con las ERNC, creemos que se deben establecer cuotas de generación por tipo de renovables, para que así se realicen los mejores proyectos de cada uno. Hasta ahora, muchos proyectos de ERNC se desarrollaban sin contar con un contrato de suministro, pero a futuro, con la disminución de los precios de la energía, la única forma de viabilizar una de estas iniciativas será teniendo uno. Y el Estado debe dar el marco regulatorio que lo facilite.
Tercero, la red de transmisión es insuficiente, lo cual limita el desarrollo de las ERNC, ya que normalmente los proyectos de generación deben incluir en sus costos las inversiones para conectarse a la red y evacuar la energía. Muchas veces, una buena iniciativa no se realiza porque requiere, a su vez, de un proyecto de transmisión de costos altos.
En el área de transmisión, que es donde participamos principalmente, creemos que la regulación debe promover y facilitar las inversiones.
Al respecto, creemos que los esfuerzos deben enfocarse en agilizar la obtención de servidumbres, ya que el sistema actual deja a los inversionistas negociando hasta el último tramo de una línea con los propietarios, sin la posibilidad de completar los trabajos hasta que haya pleno acuerdo. Esto ha triplicado los costos asociados y extendido los plazos de ejecución por más de un año a lo planificado.
El otro problema es la demora en las aprobaciones ambientales. Que nadie se equivoque. Los proyectos deben ejecutarse sin comprometer la sustentabilidad con el medio ambiente y las exigencias no pueden relajarse. Pero estas exigencias deben acompañarse con equipos evaluadores de primer nivel, capaces de identificar rápidamente los aspectos que deben ser mejorados para que sean incluidos y, así, aprobar o rechazar los proyectos.
En la medida que acortamos los plazos de ejecución por la vía correcta, no solo bajamos los costos, sino que contamos antes con más y mejor energía para nuevos emprendimientos, que es lo que, en definitiva, buscamos todos.
Andrés Castro
Gerente General Alumini
